El pleito judicial que ha paralizado la ley de reforma al Sistema de Retiro para Maestros (SRM), aprobada en diciembre pasado, no se dilucidará hasta marzo debido a que el Tribunal Supremo concedió a las partes hasta 20 días para comentar el informe del comisionado especial que recoge los hechos del caso.
En una resolución divulgada hoy, martes, el Tribunal Supremo concedió hasta el 21 de febrero a las partes para que sometan sus comentarios y objeciones al informe del juez Ángel Pagán Ocasio, comisionado especial designado para atender la controversia.
Además, el alto foro, señaló la fecha del 3 de marzo para que se puedan presentar alegatos simultáneos. A partir de ese término, el alto foro iniciaría sus deliberaciones para tomar una determinación sobre el neurálgico asunto.
El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, emitió un voto particular disidente en el que recomendó hasta el 18 de marzo el término para que las partes se pronunciarán en torno al informe de Pagán Ocasio. Esa posición también fue acogida por la jueza Liana Fiol Matta.
Mientras, la jueza Anabelle Rodríguez presentó un voto particular disidente para consignar su discrepancia con la acción mayoritaria del alto foro «de conceder la prórroga más extensa solicitada para presentar los alegatos de las partes».
«Me preocupa que la dilación en este caso abone al estado de incertidumbre que rodea la difícil situación social y fiscal en que se encuentra el país. Al aceptar la solicitud de certificación y paralizar la ley objeto de revisión configuramos un proceso ante un comisionado especial relativamente expedito», observó Rodríguez.
Agregó que Pagán Ocasio cumplió «a cabalidad» su encomienda en el término concedido y subrayó sus reparos a conceder un plazo de 20 días para exponer alegatos, determinación mayoritaria emitida «sin mayor explicación», y que entiende «no se justifica».
«Debemos ser en extremo cautelosos con las estrategias procesales de posponer en lo más posible la disposición final de esta controversia», concluyó la jueza Rodríguez.
En este caso el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón se ha inhibido.
El Tribunal Supremo declaró con lugar una moción para paralizar los efectos de la Ley 160 del 24 de diciembre de 2013 en respuesta a un reclamo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y otros gremios magisteriales que consideran inconstitucional ese estatuto.
La decisión del Tribunal Supremo surgió a horas del inicio de un paro decretado por los maestros de las escuelas públicas en repudio a los cambios aprobados a fines de 2013 por la Legislatura y firmados de inmediato por el gobernador Alejandro García Padilla para modificar el sistema de pensiones de los educadores ante un millonario déficit actuarial acumulado por años.
La determinación del alto foro acogió la petición de certificación intrajurisdiccional hecha por los maestros, lo que le permite intervenir en este asunto, antes de que los reclamos se dilucidaran en foros de menor instancia.
“El Gobierno ha tratado esto (la reforma del SRM) sin estudio y muy apresuradamente y lo que finalmente aprobó es inapropiado para corregir la situación de retiro”, sostiene la AMPR, principal entidad demandante en este pleito, por voz de su presidenta, Aida Díaz.
La organización magisterial junto a otros gremios organizados en un frente común presentaron opciones de reforma que no fueron acogidas por el gobierno previo a la firma de la Ley 160. Además, recién han presentado otras alternativas para descartar las medidas legisladas en diciembre.
Entre otros argumentos para derogar la Ley 160, los maestros han citado un estudio de los economistas José Alameda y Alfredo González, quienes anticipan que un efecto del impugnado estatuto sería que maestros con años suficientes para solicitar pensión se podrían retirar antes de tiempo, lo que provocaría una erogación significativa en fondos del SRM ante el aumento de la nómina de pensiones y la cancelación de las inversiones a corto plazo.
Maestros hacen petición al Tribunal Supremo
Jueces del Tribunal Supremo/RamaJudicialpr
La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, reaccionó al informe dirigido al Tribunal Supremo en el que el juez Ángel Pagán Ocasio establece la necesidad de modificar el Sistema de Retiro de Maestros y en que parece favorecer la postura del gobierno sobre los cambios al plan de pensiones, reclamando al máximo foro judicial que se tome su tiempo para analizar sus reclamos.
Los detalles los tiene Glendaliz Vélez
“Yo quiero esperar una semana para que el Gobernador analice las recomendaciones que entregó el comité de diálogo».
You must be logged in to post a comment Login