Pocas noticias han sido tan anticipadas como la de la degradación del crédito del país. Desde inicios del pasado año, el augurio de un descenso en la calificación de la deuda gubernamental ha marcado las decisiones -impuestas, apresuradas y nefastas- dirigidas a amortiguar su impacto. El desmantelamiento de los sistemas de retiro, la adopción de nuevos impuestos como la patente nacional, la transferencia de depósitos al Banco Gubernamental y  la extensión del IVU, eran imprescindibles, se nos decía, para aplacar la irritación de las casas acreditadoras.

Ante tan intensa y prolongada anticipación, resulta entonces más preocupante que el gobernador sólo pudiera recurrir a una serie de propuestas genéricas. De cara a la crisis largamente pronosticada, siguen sin contestar las preguntas esenciales cuya respuesta sólo está en manos del ejecutivo. ¿Cuán adelantadas están las conversaciones para renegociar la deuda, qué porción de ella y en qué términos? ¿En qué punto está el flujo de efectivo? ¿Qué quiere decir “préstamos que sería prudente tomar”? ¿Se refiere a la comentada posibilidad de una nueva deuda de dos mil millones de dólares a intereses de usura? ¿Qué principios informarán la reforma contributiva sobre la que ya hay “estudios en curso” comisionados desde Fortaleza y sin la participación de otros sectores? ¿Qué partidas específicas del nuevo presupuesto serán revisadas?

Si el señor gobernador no puede dar una respuesta concreta a esas interrogantes inmediatas, nada se puede esperar, entonces, de los cuestionamientos que exigen una reflexión más compleja: qué nos trajo al punto en el que estamos (y por favor, ya basta del lloriqueo de “yo no fui”)  y cómo es que él pretende,  sobre ese mismo esqueleto torcido, fracturado y menguado, ponerle  piel nueva a un país material y emocionalmente atrincherado en la dependencia. Porque si algo no puede seguir escondiéndose  debajo de la alfombra, es el vínculo entre la crisis crediticia y el modelo económico y político que la ha engendrado.

Hoy se quiere amordazar a la oposición con falsos llamados a la unidad, para de esa forma no tener que enfrentar los señalamientos, formulados durante décadas, sobre lo que ha demostrado ser la consecuencia inescapable de un sistema fundado en la inferioridad política, que permite el absurdo económico de un país pobre subsidiando a la nación más rica. Para alimentar los bolsillos de empresas estadounidenses, se creó un esquema en el que las llamadas industrias exentas negocian en secreto sus decretos contributivos, para pagar una tasa efectiva de menos del 2%, en perjuicio del pequeño capital local, sometido a criterios más rigurosos. Las leyes de cabotaje (para las que algunos, tímidamente, quieren negociar una exclusión parcial) nos imponen tarifas de transportación diseñadas para subvencionar a la industria astillera de Estados Unidos.

El consumo superfluo que permite las ganancias exorbitantes que generan comercios del norte, se promueve a través de un torpe sistema de beneficencia que además, ha resultado en una tasa de participación laboral de apenas 40%. Para abonar el semillero de megafarmacias y hacer desaparecer las farmacias de la comunidad, se declararon inconstitucionales los certificados de necesidad y conveniencia. La imposición de astronómicos arbitrios de entrada a materia prima de cualquier país que no sea Estados Unidos tiene al borde la quiera a los pequeños manufactureros puertorriqueños.

Ojalá y fuera tan sencillo como tomarnos de las manos y canturrear algo bonito frente a un pasquín de “Puerto Rico vencerá”. Pero este el mundo real, no, como me comentaba un periodista, Puerto Coelho. Y se necesita que, no sólo los jueces, sino el país entero, vista ajuar de gente grande y tome decisiones para empezar a recomponer una degradación que va más allá del crédito.