A una  semana de la degradación del crédito de Puerto Rico al rango de inversión especulativo o “chatarra”, se comienzan a percibir los primeros efectos en la economía y las finanzas del gobierno, cuyos líderes se encuentran haciendo malabares para reducir el impacto de la determinación crediticia en las finanzas públicas.

Las consecuencias concretas comenzaron con la aceleración automática en el repago de algunos bonos tras la degradación. Continuó con la reevaluación del sistema tributario que ordenó agilizar el gobernador Alejandro García Padilla y con los recortes presupuestarios que se gestionan a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y que amenazan con reducir los servicios que ofrece el gobierno.

“A corto plazo ya se tiene el efecto de que se aceleraron los repagos de parte de los bonos y tienes al gobierno negociando con esos acreedores para evitar tener que pagar eso de cantazo. Es una forma de evitar entrar en impago porque si no pagas tienes el otro golpe porque no tienes dinero para operar el gobierno”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

“También ha habido un gran efecto en la moral del pueblo y de los que mueven la economía. Aunque también se ven claros unos efectos económicos relacionados a la degradación como con las ventas de los bonos a precios bajos”, dijo el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Kenneth Rivera.

Impacto en lo privado

En el sector privado, la misma situación económica  que motivó la degradación del crédito del gobierno, puso a tres bancos locales bajo observación crediticia por la casa acreditadora Moody’s Investor Services. Esto no implica que los bancos estén insolventes sino que el mercado donde operan está en medio de una contracción que ya casi llega a su octavo año, precisó el economista Ramón Cao.

“Lo de los bancos comerciales no tiene que ver directamente con la degradación de la clasificación de los bonos del gobierno aunque sí indirectamente”, dijo Cao al recalcar que esto no tiene impacto alguno en los depósitos en estas instituciones ya que los mismos están asegurados hasta $250,000 por el gobierno federal.

Un informe comisionado por el gobierno a la firma Advantage Business Consulting, anticipaba, sin embargo, que gran parte de los efectos de la degradación no se verían de inmediato sino a mediano y largo plazo.

De acuerdo con el documento, que se usó como evidencia en la demanda que cuestiona la constitucionalidad de la reforma al retiro de los maestros, los problemas fiscales que traería la degradación podrían implicar un aumento en la tasa del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) o el despido de miles de empleados públicos. Y aunque el gobernador Alejandro García Padilla ha descartado la idea de despedir empleados o aumentar nuevamente las contribuciones, no se descartan medidas paliativas como reducciones en las jornadas laborales o cambios en las estructuras o servicios de las agencias que permitan generar ahorros significativos.

“El asunto es que por muchos años el gobierno diseñó los presupuestos a base del fiao. Y ya nos llegó el tiempo de pagar. En eso el efecto de todo esto es que la tasa de interés que se va a pagar en los préstamos aumenta. A eso hay que sumarle el hecho de que (antes de la degradación) la tasa de las últimas emisiones ha rondado el 10%”, dijo Cao.

“Eso significa que hay menos fondos disponibles para dar los servicios regulares y que las generaciones futuras van a tener una carga mayor. Es un nivel de deuda que es casi el valor de la producción del país en un año. Eso es demasiado alto y hay que tomar medidas”, dijo el economista.

 Efectos a  largo plazo

Las medidas correctivas se irán adoptando en la medida que sean forzadas por la situación económica. De acuerdo con Rivera, las consecuencias no se verán de inmediato porque hay elementos políticos y sociales que detienen un poco las determinaciones hasta que no puedan ser postergables.

“No creo que el gobierno quiera despedir gente. Hacerlo en este  momento en que no hay trabajo lo que estás diciendo es toma tus maletas y vete a los Estados Unidos y eso afecta aún más la economía local. Es una situación delicada donde las acciones que se pueden tomar pueden tener efecto en cadena en otras partes de la economía”, dijo el CPA.

“Esto apenas ha comenzado a sentirse. Aquí cuando se va a sentir el efecto significativo va a ser cuando comience el proceso de atender la diferencia entre los recaudos y los gastos del gobierno que ahora mismo es de $650 millones. Lo único que se sabe de eso a ciencia cierta es que no va a haber despidos pero todo lo demás está sobre la mesa. Eso va a depender a qué está dispuesto el ejecutivo y el legislativo y en el detalle es que uno va a saber qué sector será el más que se verá afectado”, dijo, por su parte, Hernández.

A evaluar los incentivos

Cao recordó que todo este problema crediticio lo antecede casi ocho años de contracción económica en los que la deuda pública ha crecido a pasos acelerados.

En parte, la economía no crece porque se sigue arrastrando un modelo de incentivos contributivos que fue efectivo a mediados del pasado siglo pero que ya no es suficiente para mantener la economía a flote.

De acuerdo con el economista, los incentivos contributivos, tal y como los concebimos hoy día, estimulan muy poco la economía cuando se analizan en conjunto. Cao indicó que en estos incentivos hay cientos de miles de dólares que el gobierno deja de recaudar.

“El asunto es que hay que revisar esos incentivos como corregir los problemas de infraestructura. Ahora mismo tenemos la gran parte de la generación de electricidad con tecnología de hace 40 años. La eficiencia de esas plantas es muy baja”, señaló Cao.

Oportunidad en la crisis

Tanto Cao como el expresidente del Colegio de CPA coincidieron en que esta situación adversa en la economía de Puerto Rico y las finanzas del gobierno debe servir para obligar al País a replantearse sus aspiraciones económicas y fiscales.

“Esta situación debe producir una oportunidad para replantearnos cuáles son las estrategias que tenemos que adoptar y que estén cónsonas con los consensos en metas y objetivos que se generen tomando en cuenta las condiciones actuales”, dijo el economista.

“Aquí el gobierno se metió a ser el motor económico del País y ahora el gobierno no tiene recursos para seguir y pues se arriesga todo. Salir de esto nos va a tomar muchos años y va a requerir un montón de disciplina y no tomar decisiones irresponsables por motivos partidistas”, dijo Rivera.

Cao indicó que la imposición de nuevos tributos con la Ley 40 del 2013, buscaba mitigar la posibilidad de una degradación reduciendo el déficit del gobierno.

Debido al estancamiento en los recaudos el poder adquisitivo del gobierno se ha reducido significativamente en los últimos ocho años, según se desprende de los datos del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“Se tomaron medidas urgentes ante la presión que planteaba la degradación. Bueno pues ya ocurrió. Ahora tenemos que replantearnos el financiamiento y las finanzas gubernamentales. Hay que recordar que lo esencial es estimular la economía. No podemos continuar con una economía en contracción. Ante eso hay que replantearse seriamente cuáles son las estrategias que se van a adoptar y eso tiene que ser cónsono con un consenso en objetivos sociales y las condiciones que hoy existe”, dijo Cao.