Exsecretario de DACO, Luis Rivera Marín

Al concluir nuestra última columna, invitamos a los presidentes de las cámaras legislativas a que dejen a un lado su interés de suceder, recuperen la confianza del pueblo y atiendan la disparidad en compensación frente a sus pares. Me veo obligado a aclarar que según la última revisión salarial del presidente de la legislatura estatal de California, nuestros presidentes son ahora los que más ganan en la nación. Por otro lado, comparado a sus pares, los presidentes de los cuerpos ganan 50% más que el resto de los legisladores puertorriqueños, mientras en la mayoría de estados este diferencial no supera el 15%. Cuando le sumamos el control de los presidentes sobre todo el presupuesto, que anterior a la reforma se distribuía entre todos los legisladores, la brecha de ingresos y poder se torna insostenible. Es preciso contrastar. La pasada asamblea legislativa se congeló todos los aumentos de sueldo y dietas, así como redujeron gastos. Más aún, lo más significativo en cuanto a los ajustes programáticos fue la propuesta de legislación para una verdadera reforma legislativa que reduciría el número de legisladores de 78 a 56. No obstante, ello no pudo ser posible, ya que la minoría parlamentaria no la apoyó y le dieron la espalda al pueblo que votó bajo ese programa de gobierno. De esta manera, se le privó al pueblo de expresarse en cuanto a la posibilidad de contar con una asamblea más ágil y eficiente.

La actual asamblea legislativa aprobó una mal llamada reforma legislativa que no cumplió con todo lo prometido en su plataforma de gobierno. Los presidentes de los cuerpos hicieron un compromiso de crear nuevos códigos de ética y brindarle transparencia a la ciudadanía a quien sirven. Nada más lejos de la verdad, un Código de Ética vago y un manto de tinieblas que le impiden al ciudadano acceder información básica. La reforma ha provocado un ausentismo inaceptable, particularmente por la mayoría parlamentaria, provocando una baja productividad en comparación a legislaturas previas. Es preciso destacar, que a pesar de que el PPD domina el Senado 2 a1, son senadoras del PNP las que encabezan la lista de mayor asistencia. La delegación de minoría es la de más participación.

Este liderato legislativo ha fracasado en brindarle transparencia al pueblo, el pueblo no puede hablar adecuadamente si no puede ver y oír de igual manera. Una encuesta realizada por Harris Interactive arrojó que el 90% de los ciudadanos reclaman su derecho a conocer más sobre que hacen los funcionarios y en que gastan los recursos del pueblo. La rama legislativa requiere recuperar la confianza del pueblo. Para ello sugerimos que sigan las mejores prácticas de legislaturas estatales. En el gobierno federal contamos con el Federal Funding Accountability and Transparency Act de 2006, lo que provocó que la mayoría de los estados adoptaran legislación modelo típicamente conocida como Taxpayer Transparency Acts. Exhortamos a los presidentes de ambos cuerpos que adopten de inmediato los ‘Diez Principios de Apertura de Gubernamental’ desarrollados por el Sunlight Foundation, al igual que lo han hecho todas las legislaturas estatales. Todas se someten anualmente a una evaluación de transparencia por el programa de la fundación, OPENSTATES, donde las legislaturas reciben notas de A a F por su transparencia. Puerto Rico es la única legislatura en la nación que no rinde cuentas y participa de esta evaluación, sus directivos nos han expresado que están listos y ávidos por ayudarnos, que han intentado, sin éxito, de incorporar nuestra legislatura al proceso de evaluación. No se trata de televisar vistas o mensajes para ensalzar imágenes personales, se trata de darle acceso oportuno y amplio al ciudadano de información sobre los trámites legislativos, cabilderos, productividad de los incumbentes, presupuestos y agendas, mientras se promueve la participación ciudadana. Enciendan las luces, corran cortinas y abran las puertas al pueblo.