Señor presidente:

Nuestra situación fiscal y económica ha recibido un duro golpe tras la degradación de nuestro crédito. Muchas han sido las reacciones en y fuera de Puerto Rico y las adjudicaciones de culpas de la hecatombe a alegados responsables.

Ahora bien, en medio de toda discusión, señor presidente, resalta un culpable evidente, un mal de fondo que tiene que ser atendido sin más dilación ni titubeos, tanto en Washington como en Puerto Rico. Este culpable es nuestro presente estatus territorial, que representa una camisa de fuerza por su déficit de democracia, la desigualdad que provoca y las trabas que impone a nuestro desarrollo.

Nuestra ‘Gran Crisis’ ha dejado al descubierto ante el mundo, que nuestro presente estatus político es un adefesio colonial de viejos tiempos, que es un lastre para nuestro progreso y un ‘asunto inconcluso de la democracia Americana’. En uno de nuestros peores momentos, Puerto Rico se encuentra maniatado, limitado por un modelo obsoleto que dependerá de malabarismos para evitar que nuestra crisis se agudice. Por un lado, no podemos recurrir a las protecciones y mecanismos que otras jurisdicciones bajo la bandera americana tendrían para superar una crisis como la nuestra. De otra parte, tampoco podemos maniobrar como lo podrían hacer países soberanos para cumplir obligaciones.

Su administración conoce como nuestro estatus incide sobre nuestro desarrollo socioeconómico. De hecho, el Grupo de Trabajo que usted reactivó en 2009 para atender asuntos sobre Puerto Rico, le dejó saber en su informe de marzo de 2011 que ‘la cuestión del estatus y la economía están estrechamente vinculadas’, que ‘la identificación de la manera más eficaz de contribuir a la economía de Puerto Rico depende de la resolución de la fundamental cuestión del estatus’ y más aun, que ‘el bienestar económico a largo plazo de Puerto Rico mejoraría considerablemente con una pronta decisión sobre el asunto del estatus’.

Y mientras enfrentamos nuestra ‘Gran Crisis’, usted, señor presidente, ha arreciado esfuerzos para lograr una reforma migratoria para hacerle justicia a cerca de 11 millones de hermanos inmigrantes, quienes al final del día podrían disfrutar de una ciudadanía americana de primera, en igualdad de condiciones con los demás conciudadanos de los estados. Esto entendiendo que la reforma será beneficiosa por diversas razones, incluyendo el desarrollo económico tanto de los nuevos ciudadanos como de la Nación. Y para resaltar la importancia fundamental de esta reforma, usted expresó recientemente que: “Creo que en cualquier escenario deberíamos asegurarnos de que al final del día esas personas (los indocumentados) pueden convertirse en ciudadanos, porque no queremos una situación en la que tengamos dos categorías de personas en el país”.

Dado lo anterior, ¿cómo entonces se explica, señor presidente, que la situación de Puerto Rico quede relegada cuando más necesita ser atendida, mientras por otro lado usted impulsa con urgencia una reforma que concedería a millones de hermanos inmigrantes –que muy bien lo merecen–, poder político y oportunidades para su desarrollo económico? Y lo que es peor, se relega nuestro reclamo, cuando actualmente, gracias a nuestro estatus, usted dirige un país con ‘dos categorías de personas’, dado que los puertorriqueños aquí no estamos en igualdad de condiciones con los demás conciudadanos, por no contar con su mismo poder político, oportunidades económicas, responsabilidades y mecanismos instrumentales para encaminar nuestra progreso.

Señor presidente, ¡Puerto Rico no aguanta más! Es hora de asumir responsabilidades para solucionar finalmente nuestro problema de estatus, sin vacilación, excusas, ni devolviéndole el asunto a Puerto Rico, como si aquí fuéramos los únicos responsable del entuerto. Nuestro pueblo así lo exigió el pasado noviembre de 2012, quitándole su consentimiento a nuestro presente estatus y favoreciendo la estadidad como alternativa. ¡Está bueno ya!