Vendetta política contra Ética Gubernamental

26 de febrero de 2014

Vendetta política contra Ética Gubernamental

Héctor Torres denuncia intento de la legislatura de subordinar a Ética a funcionario querellado ante la agencia

El Capitolio- El representante Héctor Torres Calderón denunció una vendetta contra la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al intentar restarle su autonomía y subordinarla a una agencia cuyo Director Ejecutivo podría ser sujeto de investigación de su parte.

En vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1500, el legislador cuestionó la verdadera intención de incluir a la Oficina de Ética Gubernamental como un Administrador Individual dentro del Sistema de Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público, sometiendo a la agencia a las directrices del Director Ejecutivo de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) quien enfrenta una posible investigación por la agencia por conductas antiéticas.

“Sin lugar a dudas, resulta muy interesante que una persona que podría ser investigada por ustedes (OEG), culmine determinando como correrán los procesos internos de personal de la Oficina de Ética Gubernamental, siendo éste el Director Ejecutivo de la OCALARH”, comentó en vista pública el representante por el Distrito Número 12, que comprende los pueblos de Morovis, Manatí, Vega Alta y Vega Baja.

Torres Calderón añadió que “más que un atentado contra la autonomía de la Oficina de Ética Gubernamental, este proyecto, de convertirse en ley, podría representar un conflicto de interés para el Director de la OCALARH, tomando en cuenta la posible investigación sobre su persona, ya que existen querellas radicadas en su contra”.

En su ponencia, la OEG indica que la actual Ley de Ética Gubernamental reconoce o al menos reitera la importancia de la autonomía fiscal y administrativa que se les ha concedido, por lo que estar subordinación a OCALARH atentaría contra su autonomía.

Harry O. Vega Díaz, director ejecutivo de la OCALARH , presuntamente, en momentos en que el Gobierno de Puerto Rico busca desesperadamente dinero para cuadrar el presupuesto, aumentó el número de empleados de confianza y a su vez les acrecentó los sueldos y contrató más servicios profesionales legales y a doce (12) personas en puestos transitorios, según trascendió en medios noticiosos en mayo del 2013.

Esto ocurrió, en obvia violación al Boletín Administrativo Núm. OE-2013-002, el cual persigue ordenar la consulta con la Secretaria de la Gobernación previo a autorizar nombramientos a plazas vacantes u otorgar contratos o realizar enmiendas a contratos existentes, ellos con el objetivo de reducir gastos en el Gobierno del ELA, por lo que se presentó una querella de la cual la Directora de Ética no quiso abundar en la vista, por confidencialidad.

“Sólo me queda expresar que este proyecto 1500, es meramente una vendetta contra la Oficina de Ética Gubernamental, por la investigación que realizan contra Harry Vega, un conocido activista del PPD que trató de ser alcalde de Caguas, pero que vio su sueño frustrado, al ser escogido Willito Miranda”, sentenció el Legislador.

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