Otro golpe a la educación especial

Otro golpe a la educación especial

POR MARÍA DE LOURDES SANTIAGO, PORTAVOZ DEL PIP EN EL SENADO –  4:02 AM
Esta terrible injusticia puede aún ser corregida, bien mediante reconsideración de la Jueza o a través de un recurso apelativo
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Cuando en noviembre pasado el licenciado Francisco Rebollo, comisionado especial del caso Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación, emitió su informe y recomendaciones, por primera vez pareció estar a la vista el final del litigio en el que por treinta y tres años se ha reclamado, infructuosamente, que el Estado respete los derechos constitucionales y estatutarios de los niños y niñas registrados en el Programa de Educación Especial.

En dicho documento, el exjuez del Tribunal Supremo determinó que si bien cada miembro de la clase demandante tendría que demostrar cuáles fueron sus daños particulares provocados por la falta de servicios educativos y relacionados, no tendría que pasar prueba sobre la relación entre la negligencia del Departamento de Educación (finalmente admitida tras tres décadas en el tribunal) y el perjuicio padecido.

Este enorme avance en uno de los pleitos más importantes de reivindicación de derechos humanos y civiles que se han visto en los tribunales puertorriqueños, fue violentamente cercenado cuando la jueza a cargo del caso, Aileen Navas (cuya petición de ascenso al Tribunal Apelativo está pendiente en Fortaleza) descartó parte de las recomendaciones; según la Resolución emitida el 31 de enero, cada uno de los niños tendría que probar el vínculo causal entre la actuación u omisión gubernamental y el daño reclamado.

Además, a pesar de que el caso se ha tramitado como un pleito de clase, la jueza limitó las reclamaciones a dilucidarse en los méritos a la de los demandantes identificados en el caso principal y en el puñado de demandas consolidadas; es decir, menos de un centenar de niños y niñas. El resultado de esa decisión es que cada familia que interese reclamar daños (y recordemos que al presente hay cerca de 130,000 estudiantes de Educación Especial, más las decenas de miles que han figurado en la clase durante los treinta años de litigio) tendría que presentar una demanda individual, con las implicaciones económicas y procesales que ello tendría. La batalla, ya tremendamente desigual dentro del pleito de clase, se daría en términos aún más gravosos, ya que el Estado goza de enormes privilegios como litigante, con términos extendidos y recursos ilimitados.

Esta terrible injusticia puede aún ser corregida, bien mediante reconsideración de la Jueza o a través de un recurso apelativo. Pero valga este amargo incidente para subrayar la perversa tendencia del sistema para evadir la justicia. El reconocimiento del derecho de los niños y niñas con diversidad funcional a servicios adecuados va más allá del imperativo jurídico: se trata de nuestra perspectiva, como país, de cómo deben distribuirse los recursos comunes, y qué herramientas estamos dispuestos a poner al alcance de los que necesitan asistencia especial para el desarrollo pleno que persigue garantizar la Constitución.

No hay justificación, ni económica ni pedagógica, para que, por ejemplo, en un salón de tercer grado de corriente regular con 30 estudiantes,  se ubique, invocando demagógicamente la inclusión, a diez niños con diagnósticos dentro del espectro del autismo, sin posibilidad de que se honren los acomodos razonables (asiento preferente, atención individualizada, tiempo adicional) que su Programa de Educación Individualizada requiere.

No debería ser necesaria una querella para que una niña sorda cuente con una intérprete, o para que se le provea el equipo de asistencia tecnológica por el que lleva años esperando. Y en un gobierno que predica la apertura y la participación, bien pueden empezar por las madres, maestras, directores y proveedores de servicios cuyos reclamos de  mejores servicios y recursos para los niños son insensiblemente ignorados.  De eso se trata el pleito; de eso debe tratarse la justicia.

Maestros llevan su protesta a Plaza las Américas

Por Agencia EFE03/01/2014 | 02:18 p.m.
(Twitter)/@RobbyCortes) 

Los maestros protestan por su sistema de retiro

Decenas de maestros de Puerto Rico llevaron hoy su protesta contra la reforma de su sistema de pensiones a Plaza Las Américas, el mayor centro comercial de la isla, por donde pasearon entre los pasillos gritando consignas en contra de esa revisión legislativa.

La protesta fue convocada por el Frente Amplio en Defensa del Sistema de Retiro para Maestros (FADSRM), que reclama al Gobierno que derogue la Ley 160, porque es, a su juicio es “innecesaria” y “destruye la educación pública”.

El deficitario sistema de pensiones de los maestros de escuelas públicas de Puerto Rico fue reformado recientemente por la Administración atendiendo las reclamaciones de las grandes agencias de calificación, que veían en éste y otros sistemas un problema para mantener relativamente sanas las cuentas de la isla.

Sin embargo, para gran parte de los maestros afectados la reforma es demasiado agresiva y, según esta agrupación, “empobrece al magisterio lanzándonos a la dependencia y la quiebra”, dejándole un salario que es 500 dólares inferior al de los policías y reduciéndole la pensión entre 400 y mil dólares mensuales.

Además, argumenta que “obliga a más de 10.000 maestros a retirarse o renunciar” a sus puestos de trabajo y “abre la puerta a la privatización del servicio educativo”.

Según el Ejecutivo, el sistema de retiro de los maestros en centros educativos públicos de la isla tal y como estaba planteado antes de la reforma iba a quedarse sin recursos en 2020, aunque ya desde 2010 acumula un déficit entre las aportaciones de patronos y trabajadores y los pagos que se deben realizar a los maestros retirados.

La reforma impulsada por el Gobierno y aprobada por el Legislativo el último día de 2013 ha sido objeto de todo tipo de protestas por parte de este colectivo, incluida una huelga de 48 horas, y entre otros cambios también establece que los maestros que entren en el sistema a partir del 31 de agosto de 2014 solo se podrán jubilar a partir de los 62 años, frente a los 55 años actuales.

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