En dicho documento, el exjuez del Tribunal Supremo determinó que si bien cada miembro de la clase demandante tendría que demostrar cuáles fueron sus daños particulares provocados por la falta de servicios educativos y relacionados, no tendría que pasar prueba sobre la relación entre la negligencia del Departamento de Educación (finalmente admitida tras tres décadas en el tribunal) y el perjuicio padecido.

Este enorme avance en uno de los pleitos más importantes de reivindicación de derechos humanos y civiles que se han visto en los tribunales puertorriqueños, fue violentamente cercenado cuando la jueza a cargo del caso, Aileen Navas (cuya petición de ascenso al Tribunal Apelativo está pendiente en Fortaleza) descartó parte de las recomendaciones; según la Resolución emitida el 31 de enero, cada uno de los niños tendría que probar el vínculo causal entre la actuación u omisión gubernamental y el daño reclamado.

Además, a pesar de que el caso se ha tramitado como un pleito de clase, la jueza limitó las reclamaciones a dilucidarse en los méritos a la de los demandantes identificados en el caso principal y en el puñado de demandas consolidadas; es decir, menos de un centenar de niños y niñas. El resultado de esa decisión es que cada familia que interese reclamar daños (y recordemos que al presente hay cerca de 130,000 estudiantes de Educación Especial, más las decenas de miles que han figurado en la clase durante los treinta años de litigio) tendría que presentar una demanda individual, con las implicaciones económicas y procesales que ello tendría. La batalla, ya tremendamente desigual dentro del pleito de clase, se daría en términos aún más gravosos, ya que el Estado goza de enormes privilegios como litigante, con términos extendidos y recursos ilimitados.

Esta terrible injusticia puede aún ser corregida, bien mediante reconsideración de la Jueza o a través de un recurso apelativo. Pero valga este amargo incidente para subrayar la perversa tendencia del sistema para evadir la justicia. El reconocimiento del derecho de los niños y niñas con diversidad funcional a servicios adecuados va más allá del imperativo jurídico: se trata de nuestra perspectiva, como país, de cómo deben distribuirse los recursos comunes, y qué herramientas estamos dispuestos a poner al alcance de los que necesitan asistencia especial para el desarrollo pleno que persigue garantizar la Constitución.

No hay justificación, ni económica ni pedagógica, para que, por ejemplo, en un salón de tercer grado de corriente regular con 30 estudiantes,  se ubique, invocando demagógicamente la inclusión, a diez niños con diagnósticos dentro del espectro del autismo, sin posibilidad de que se honren los acomodos razonables (asiento preferente, atención individualizada, tiempo adicional) que su Programa de Educación Individualizada requiere.

No debería ser necesaria una querella para que una niña sorda cuente con una intérprete, o para que se le provea el equipo de asistencia tecnológica por el que lleva años esperando. Y en un gobierno que predica la apertura y la participación, bien pueden empezar por las madres, maestras, directores y proveedores de servicios cuyos reclamos de  mejores servicios y recursos para los niños son insensiblemente ignorados.  De eso se trata el pleito; de eso debe tratarse la justicia.

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