Mientras, el comisionado residente, Pedro Pierluisi, utilizó el mismo informe para decir que la Isla recibe muchos menos beneficios económicos de los que recibiría si fuéramos el estado 51.

El secretario general del PPD, Jorge Suárez, dijo que actualmente en Puerto Rico se pagan $4,300 millones en impuestos federales. Bajo la estadidad, dijo, se pagarían entre $5,000 millones y $9,300 billones.

La matemática del PPD, a base de la información en el estudio publicado por el GAO, es que la estadidad costaría entre $2,600 y $6,400 millones.

“Si llega la estadidad, aumentaría una serie de beneficios que hay en Puerto Rico, puedes hablar de que recibiríamos más en Medicaid, Medicare, sí tendrían un aumento. Pero el GAO está diciendo que lo más que puede recibir Puerto Rico en fondos adicionales es $5,240 millones”, dijo Suárez. “Perderíamos la Ley 154 de empresas foráneas, tendríamos un impuesto a la gasolina…resultaría mucho más costoso de lo que estamos viendo hoy”.

Pero según el comisionado residente, el informe del GAO estima que la estadidad sería beneficiosa tanto para la Isla como para Estados Unidos. Esto, porque si Puerto Rico hubiera sido estado al final del año fiscal 2009, el Gobierno federal hubiera recibido entre $700 millones y $5,000 millones adicionales en contribuciones sobre ingresos de las corporaciones que operan en la Isla.

“En su informe el GAO deja claro que ´la estadidad eliminaría cualquier riesgo asociado a la incertidumbre que causa el estatus político de Puerto Rico, así como cualquier otro factor relacionado que pueda disuadir la inversión en la Isla´. Cabe señalar que la inversión en Alaska y Hawai aumentó significativamente luego de que se convirtieran en estados”, dijo Pierluisi en comunicado de prensa.

Según Pierluisi, el informe del GAO apunta a que si Puerto Rico hubiese sido un estado al final del 2010, el Gobierno federal hubiera recibido alrededor de $2,000 millones adicionales en contribuciones sobre ingresos.

Aseguró que, por la situación fiscal del país, siete de cada diez hogares no tendrían que pagar contribuciones federales.

“En efecto, cientos de miles de nuestros residentes recibirían reembolsos bajo los programas de créditos contributivos del Gobierno federal”, dijo Pierluisi en un comunicado enviado ayer.

En efecto, cientos de miles de nuestros residentes recibirán reembolsos bajo los programas de créditos contributivos del gobierno federal”, expresó el Comisionado Residente.

Por su parte, Hernán Padilla, exalcalde de San Juan, y presidente del movimiento ‘Igualdad, Futuro Seguro’  reaccionó que  “El informe del GAO establece claramente que; la estadidad aliviaría cualquier riesgo asociado a la incertidumbre política del status, lo que estimularía la inversión de capital y nuevos negocios en la isla. La  estadidad representa para los inversionistas la seguridad de invertir en un estado de la nación más poderosa del mundo y eso lo que significa para Puerto Rico es crecimiento económico. Un crecimiento que no lo puede producir el territorio, eso está muy claro en el informe”.

Padilla  explicó que cuando Puerto Rico se convierta en estado el 75% de las familias no pagarán impuestos federales y/o se beneficiarán de créditos y re-integros de programas tales como el ‘Earn Income Credit’, el ‘Child Tax Credit’,  el ‘Oportunity Tax Credit’ y el Seguro Social Suplementario.

“Estos programas lo que le aseguran a nuestras familias trabajadoras es que bajo la estadidad se reconocen sus esfuerzos, que pueden permanecer trabajando y no serán penalizados. Eso fortalece la economía, pues más gente entra a la fuerza laboral sabiendo que no perderán los beneficios a los que tienen derecho”.

WASHINGTON – El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, mantuvo hoy su teoría de que bajo la estadidad Puerto Rico pudiera recibir cerca de $10,000 millones adicionales en asignaciones federales.

Aunque los datos del informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) de Estados Unidos sobre el impacto de la estadidad, establece que, bajo el mejor escenario, con el 86% de los programas analizados, las asignaciones rondarían los $5,200 millones, Pierluisi considera que dos programas importantes que no se calculan solo representarían $3,000 millones más.

Pierluisi destacó los posibles aumentos a través de la vigencia del Seguro Social Suplementario (SSI), que pudiera representar hasta $1,800 millones anuales, y aumentos en los programas existentes de Medicare (hasta $1,500 millones más), Medicaid ($1,000 millones),  asistencia alimentaria ($700 millones) y carreteras ($115 millones).

El comisionado Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), mencionó, por ejemplo, que el estudio no calcula el impacto de los fondos de Medicaid para cuido a largo plazo, que considera representarían unos $1,500 millones anuales adicionales.

También estima que si se hubiese analizado el impacto de los subsidios bajo el centro de intercambio de seguros que establece la reforma federal de salud (Obamacare), se habrían sumado otros $1,500 millones, para asistir a $160,000 ciudadanos.

“Tomando en consideración los programas mencionados en el informe del GAO, así como decenas de otros programas federales en los que recibimos un trato discriminatorio que el GAO no toma en consideración, es razonable esperar que la estadidad conlleve un aumento de entre $9 mil millones a $10 mil millones anuales en fondos federales para la isla”, sostuvo Pierluisi en un comunicado de prensa.

Para Pierluisi, es positivo que la estadidad no tendrá un impacto fiscal adverso en el gobierno federal.

El informe de la GAO calcula que  – al tomarse en cuenta el éxodo de Corporaciones de Control Foráneo (CFCs) – las contribuciones corporativas pueden rondar entre negativo y $3,400 millones. Mientras, entre $2,200 y $2,300 millones serían cobrados por el Tesoro federal a contribuyentes individuales.

El estimado sobre los impuestos federales a los ciudadanos toma en cuenta cerca de $580 millones en créditos contributivos federales, por niños dependientes, ingresos bajos y estudios.

“Actualmente, cinco de cada diez hogares en los estados no tienen suficientes ingresos para pagar contribuciones federales, y de hecho muchos de ellos reciben reembolsos del gobierno federal. En el caso de Puerto Rico, a base del nivel de nuestros ingresos al presente, es razonable estimar que siete de cada diez hogares en la isla no tendrán responsabilidad contributiva federal. En efecto, cientos de miles de nuestros residentes recibirán reembolsos bajo los programas de créditos contributivos del gobierno federal”, expresó el comisionado residente.

Elogió además la expresión del autor principal del informe en el que sostiene que la estadidad elimina la incertidumbre sobre el status de la Isla.

“En su informe el GAO deja claro que ‘la estadidad eliminaría cualquier riesgo asociado a la incertidumbre que causa el status político de Puerto Rico, así como cualquier otro factor relacionado que pueda disuadir la inversión en la isla’. Cabe señalar que la inversión en Alaska y Hawái aumentó significativamente luego de que se convirtieran en estados”, dijo Pierluisi.

El comisionado reafirmó su interés en que ahora el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal convoque a una audiencia pública sobre el tema del status de la Isla.

Desde mayo pasado, el comisionado Pierluisi tiene pendiente ante ese comité su propuesta para convocar a un referéndum federal estadidad sí o no.

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WASHINGTON – Si a corto plazo Puerto Rico se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos, el alza en los fondos federales que recibe sería de poco más de $5,200 millones al año.

Sin embargo, la eliminación de los beneficios tributarios que ahora reciben las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs) ensombrece el análisis de los recaudos, que pudieran alcanzar, en el mejor escenario posible, los $5,700 millones anuales, $4,300 millones más que ahora.

Esas son algunas de las conclusiones del informe de la Oficina de Contraloría General (GAO)  sobre cómo un Puerto Rico estado 51 puede afectar los principales programas de asignaciones federales y las fuentes de recaudo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Para el gobierno de Puerto Rico, concluye la GAO, la estadidad representaría un reto en los esfuerzos por equilibrar su presupuesto.

Aunque toma nota de que es posible que la estadidad eleve la “visibilidad” de Puerto Rico con respecto a  los inversionistas estadounidenses y ponga fin a la “incertidumbre” que también causa el dilema del status,  la  GAO advierte que los ajustes en el sistema contributivo y su efecto en las CFCs presentan un panorama incierto.

El mensaje del Tesoro. “De acuerdo con expertos del Departamento del Tesoro federal y del Comité Conjunto de Asuntos Contributivos del Congreso, los cambios en los requisitos contributivos federales con toda probabilidad motivarán a algunas corporaciones con cantidades sustanciales de ingresos derivados de activos intangibles (y por tal razón los transferibles) a relocalizarlos de Puerto Rico a localidades extranjeras con bajas tasas de interés.  El grado al que esas empresas puedan trasladarse de Puerto Rico es desconocido”, indicó el director de Asuntos Estratégicos de la GAO, Stanley Czerwinski.

Bajo ese grupo, considera, estarían principalmente las industrias farmacéuticas y de equipos médicos, que constituyen cerca del 70% de las empresas manufactureras en la Isla.

Al tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos del Tesoro y el Congreso en torno a las CFCs, la GAO reduce, de $9,300 millones a $3,400 millones anuales el máximo posible de recaudos corporativos bajo la estadidad, unos $2,000 millones más que en estos momentos.

“La estadidad puede resultar en cambios económicos y fiscales dinámicos para Puerto Rico, que pueden afectar el impacto final del nivel federal de gastos en (la Isla) y los recaudos de residentes y corporaciones en Puerto Rico. Debido a que la estadidad causará numerosos ajustes importantes al futuro de Puerto Rico, eso requerirá una cuidadosa evaluación por parte del Congreso y los residentes de Puerto Rico”, agregó Czerwinski en el análisis que hace para los congresistas republicanos Doc Hastings (Washington) y John Fleming (Louisiana), que como líderes del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal le solicitaron el estudio.

Czerwinski entregó el estudio a los congresistas  el pasado 4 de marzo.

Menos que lo augurado

Los cerca de $5,200 millones adicionales que la GAO proyecta que el Congreso tendría que asignar a Puerto Rico bajo la estadidad, en el mejor escenario de su análisis, representan casi la mitad de los $10,000 millones que ha proyectado recientemente el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi,  y casi una cuarta parte de los $20,000 millones que durante la campaña del plebiscito de noviembre de 2012 alegaron los sectores estadistas.

El total puede ser ligeramente mayor a los $5,200 millones, pues en el análisis de la GAO queda fuera un 14% de los programas. Solo se examinaron los que a nivel de todo Estados Unidos asignan más de $5,000 millones.

La mayoría  de las asignaciones adicionales bajo la estadidad  saldrían de la vigencia en Puerto Rico del Seguro Social Suplementario (SSI), que pudiera representar hasta $1,800 millones anuales, y alzas en los programas  de Medicare (hasta $1,500 millones más), Medicaid ($1,000 millones) y asistencia alimentaria ($700 millones). En el área de carreteras, predice  $115 millones más, aunque ello supondría tener que pagar 4.8 centavos adicionales por litro de gasolina.

En 2012, entre pagos a individuos y transferencias, en  Puerto Rico se recibieron  alrededor de $17,253 millones del gobierno federal.

Entre los 29 programas federales analizados por la GAO, 11 se afectarían directamente bajo la estadidad, tres como resultado de problemas de elegibilidad  y 15 permanecerían iguales.

Uno de los programas que queda fuera del análisis de la GAO  es el pleno acceso de Puerto Rico a la reforma federal de salud (Obamacare), pues bajo la estadidad la Isla pudiera recibir financiamiento suficiente para establecer un centro público de intercambio de seguros en el que los ciudadanos puedan ir en busca de planes médicos menos costosos.

El déficit fiscal

El incremento en fondos federales, no obstante, choca con el duro impacto que la estadidad, bajo la situación económica actual, representaría para las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que en estos momentos está en crisis fiscal y tiene que reducir su presupuesto 2014-2015 en  $800 millones.

El estudio de la GAO reconoce que el aumento en Medicaid puede aliviar en hasta $352 millones los gastos del gobierno de la Isla en Mi Salud, pero quitará recaudos generales.

Por ejemplo, el estudio calcula que los residentes de Puerto Rico, después de deducir $580 millones en nuevos créditos contributivos que recibirían, tendrían que pagar al Tesoro federal entre $2,200 millones y $2,300 millones en impuestos sobre ingresos.

Para llegar a ese total, la GAO asume que el gobierno de Puerto Rico tendría que reducir las contribuciones sobre ingresos a sus ciudadanos, que en estos momentos representan cerca de $2,080 millones, una cuarta parte del presupuesto de la Isla.

El estudio llama la atención a la pérdida de la exención  federal que tienen los desvalorados bonos del gobierno de Puerto Rico y la potencial eliminación del reembolso por el arbitrio federal al ron, que  le representa al Departamento de Hacienda  $245 millones anuales.

Recaudos corporativos

Un punto conflictivo del informe es que para analizar los ingresos del Tesoro de  las corporaciones en la Isla –criollas y estadounidenses–, usa como base el año fiscal 2009, que reconoce no es un año normal. Ese año se recaudaron $4,300 millones de corporaciones en la Isla, pero la norma es que el Tesoro  reciba unos $1,400 millones.