WASHINGTON – El informe de la Oficina de Contraloría General (GAO) de Estados Unidos sobre los programas y fuentes de ingresos federales bajo la estadidad ofrece “un cuadro incompleto”, advirtió hoy el grupo Latino Partnership for Conservative Principles.

Al mismo tiempo, Alfonso Aguilar, director ejecutivo del grupo, criticó que la GAO haya tomado como cierto un éxodo significativo de las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs) que perderían sus beneficios tributarios bajo la estadidad y a la misma vez no haya contabilizado un incremento en inversiones bajo un Puerto Rico estado 51 de Estados Unidos.

«No toma en consideración el dramático aumento en la inversión que se produciría bajo la estadidad al ponerse fin a la incertidumbre jurídica y política del status actual; como, de hecho, ha sucedido en los territorios que han sido admitidos como estados. Aunque el informe reconoce esta posibilidad, se limita a decir que su impacto es ‘incierto’”, indicó Aguilar, quien además es comentarista radial y fue director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales bajo el gobierno de Pedro Rosselló.

Para Aguilar, “es curioso, sin embargo, que la GAO sí se haya atrevido a hacer unas proyecciones fiscales a base de la remota posibilidad de que todas las corporaciones farmacéuticas y de equipo médico radicadas actualmente en la Isla se vayan de esta, al eliminarse los beneficios contributivos que ahora reciben bajo el status territorial, sin que al mismo tiempo entre nueva inversión”.

“Es insólito que GAO haya considerado este improbable y tétrico ‘peor escenario posible’ y no haya querido contabilizar de manera objetiva y razonable el impacto de un muy real incremento en la inversión en la isla bajo la estadidad», agregó.

El documento de la GAO acentúa que expertos del Departamento del Tesoro y del Comité de Asuntos Contributivos del Congreso han advertido que “los cambios en los requisitos contributivos federales con toda probabilidad motivarán a algunas corporaciones con cantidades sustanciales de ingresos derivados de activos intangibles (y por tal razón los transferibles) a relocalizarlos de Puerto Rico a localidades extranjeras con bajas tasas de interés”.

Un lenguaje del informe de la GAO que ha generado aplausos entre los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y sectores estadistas es el que indica que  la estadidad eliminaría “cualquier riesgo asociado a la incertidumbre que causa el status político de Puerto Rico, así como cualquier otro factor relacionado que pueda disuadir la inversión en la isla”.

Los datos ofrecidos por la GAO, tras examinar el 86% de los programas federales, indican que un Puerto Rico estado 51 tendría acceso a poco más de $5,200 millones en fondos federales adicionales.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, sin embargo, suma a eso unos $3,000 millones que considera se asignarían a la isla por el programa de cuido a largo plazo de Medicaid y los subsidios que se entregan en los estados para las personas de menos recursos económicos adquirir un plan médico bajo la reforma federal de salud.

Ambos programas son mencionados en el informe de la GAO, pero sin contabilizarse su impacto.

El informe de la GAO calcula entre $2,200 millones y $2,300 millones los nuevos impuestos a los ciudadanos en Puerto Rico, mientras reduce de $9,000 millones a $3,400 millones el máximo de posibles recaudos corporativos ante el temor de un éxodo de las CFCs.

Por otro lado, el grupo Misión Estadista – un instrumento del PNP – sostuvo que el informe de la GAO desmiente las campañas de “miedo” del Partido Popular Democrático (PPD).

“Confirma lo que por años ha venido diciendo el movimiento estadista, que la estadidad es la opción que traerá más beneficios económicos para los puertorriqueños, particularmente a los más humildes y la clase trabajadora”, indicó Carlos Rodríguez, director ejecutivo de Misión Estadista.