El informe del GAO reseña la inferioridad de Puerto Rico bajo el ELA. Específicamente reconoce que nuestro desempleo, sobre 15%, es más del doble del promedio de Estados Unidos que es 6.7% y superior al de Rhode Island, estado con el mayor desempleo con 9%; que nuestro nivel de pobreza supera considerablemente el de los estados; que nuestro ingreso promedio está muy por debajo del nacional y del de Mississippi, estado con el ingreso más bajo; que el crédito del ELA está a nivel de ‘chatarra’ cuando ningún estado tiene dicha clasificación; que Puerto Rico se vacía por la migración masiva de puertorriqueños; y que aquí pagamos mucho más en contribuciones individuales y corporativas que en los estados, como por ejemplo los sobre $1,400 millones en nuevos impuestos.

El GAO revela además, que la estadidad beneficiaría mutuamente a la Isla y a Estados Unidos. Puerto Rico contará con las herramientas y oportunidades de desarrollo que tienen los estados y contribuirá al ‘pote’ para costear programas federales. Actualmente, el ELA depende de mendigar asignaciones federales costeadas por contribuyentes de los estados y este ‘mantengo’ tiene que acabar—a quien le guste tener y disfrutar beneficios millonarios pagos por otros, tiene que gustarle también la responsabilidad de contribuir para ayudar a costearlos. Y de hecho, bajo la estadidad se estima que sobre 70% de los puertorriqueños no pagarán contribuciones federales y que el pago limitado de contribuciones no sería nocivo por ser menor a la inyección de recursos y las amplias oportunidades de la estadidad.

Dicho sea de paso, la estadidad es más que asignaciones de fondos federales, garantizándonos representación con voz y voto en el Congreso, voto presidencial, derechos con una ciudadanía de primera e irrevocable y mecanismos para diversificar nuestro desarrollo económico, generar empleos e insertarnos en el nuevo entorno mundial, como hacen los estados que hoy reciben miles de puertorriqueños que abandonan la Isla. Sobre este particular el GAO concluyó ‘that statehood could raise Puerto Rico’s visibility as a place for U.S. producers to locate. Likewise, statehood could eliminate any risk associated with Puerto Rico’s uncertain political status and any related deterrent to business investment’.

Así, con la estadidad tendremos un ecosistema de negocios que permitirá la permanencia de corporaciones y la llegada de otras que contribuyan a nuestro crecimiento económico y generación de empleos, aprovechando nuestra posición estratégica en el Caribe. Esto como pasa en los estados, donde dicho sea de paso, se crearon 191,000 nuevos empleos por parte del sector privado en el pasado mes de marzo.

En cuanto a nuevos recursos, el GAO expresa que con la estadidad, la Isla podría obtenerlos en igualdad de condiciones. Esto permitirá una inyección de sobre $5,200 millones, sin contar otras asignaciones intencionalmente dejadas de evaluar y que elevarán la cuantía a cerca de $10,000 millones o más. Sobre esta inyección el GAO señaló que ‘in the short-term, increased federal transfers… could stimulate Puerto Rico’s economy’. Cabe señalar, que el GAO reconoce además que estas asignaciones ‘could allow Puerto Rico to reduce its own spending’. Como ejemplo señala que aumentos en programas de salud contribuirán a reducir gastos del gobierno local por servicios de cuidado médico. Esta reducción de gastos complementaría la que prometió realizar la presente administración y permitiría la eliminación de impuestos locales.

El GAO disipa muchos mitos. No obstante, como reconoce, los costos reales de la estadidad se conocerán con más certeza al negociarse los términos de admisión con el Congreso, proceso que históricamente ha sido flexible y cuidadoso en asegurar un adecuado periodo de transición y la estabilidad socioeconómica de los nuevos estados, que de paso, contarán con el apoyo de sus nuevos senadores y representantes en el Congreso.