El informe derrota varios mitos, siendo el principal de ellos el alegado costo que tendría para el Gobierno federal la estadidad para Puerto Rico, tal como sus detractores siempre han alegado. En ese sentido, el informe señala que la estadidad no tendría un efecto fiscal adverso para el Gobierno federal  dado que el aumento anual en los desembolsos federales se compensan con un aumento en los ingresos como consecuencia directa del crecimiento económico que experimentará la Isla. Es decir, valida el argumento de que la estadidad es mutuamente beneficiosa para Puerto Rico y Estados Unidos.

De hecho, el informe confirma lo que por años ha señalado el PNP, la estadidad fomenta un clima de negocios caracterizado por seguridad y estabilidad. Y es que, bajo el estatus colonial que vivimos, las corporaciones que invierten o piensan invertir en Puerto Rico no tienen certeza sobre la aplicación de las leyes contributivas federales en el territorio. Esto provoca que muchas decidan invertir en otras jurisdicciones. Así pues, con la incorporación de P. R. a la nación, las corporaciones estarán en una posición más segura. Para muestra con un botón basta. Cuando Alaska y Hawái se convirtieron en estados, la inversión directa, tanto de Estados Unidos como la extranjera, aumentó dramáticamente.
Por otro lado, el informe detalla cómo en tan solo 5 programas federales la Isla recibiría $5 mil millones de fondos adicionales en salud, infraestructura y programas sociales. Al final del día, la estadidad representaría más de $10 mil millones anuales adicionales a los que hoy recibimos cuando se analizan la totalidad de los programas existentes. El crecimiento económico como resultado de estas transferencias sería inmediato.

Otro mito que queda desmentido es el señalamiento histórico del PPD en cuanto a que los puertorriqueños pagaremos más contribuciones cuando nos convirtamos en estado. Lo cierto es que hoy pagamos impuestos mucho mayores que los que pagan los individuos en los estados gracias a que el Gobierno local necesita más fondos para subsidiar programas que los estados financian con fondos federales. Asimismo, los estudios revelan que al menos 7 de cada 10 puertorriqueños no pagarían impuestos federales, y cientos de miles recibirían reembolsos.

Los detractores de la estadidad usarán el miedo y los números acomodaticiamente para seguir atentando en contra de la voluntad de nuestro pueblo. Queda en nosotros enfrentarlos con los datos reales y exigirles que acaten la voluntad del electorado expresada en las urnas. ¡Estadidad ahora!