El gobierno, la empresa privada y demás organizaciones no gubernamentales, son fundamentales en la elaboración e implantación de cualquier plan integral que finalmente se adopte para encaminar nuestro desarrollo socioeconómico. Estas instituciones tienen que contar con el liderazgo, credibilidad, confianza y estructura correspondiente para que sirvan como facilitadoras de nuestra recuperación y contribuyan a que Puerto Rico sea una potencia económica vibrante, prospera, estable, líder y modelo en nuestra región.

El gobierno local y sus instituciones tienen que comenzar a dar el ejemplo, ejerciendo un rol de facilitador de nuestro desarrollo sin intervenir innecesaria e indebidamente con el mismo y ajustándose el cinturón como requieren los tiempos. De hecho, este tiene un largo camino por recorrer para recuperarse del problema de falta de confianza y credibilidad que ha estado padeciendo y que se ha agravado recientemente como resultado de su titubeo, falta de dirección, golpes autoinfligidos, contradicciones y la adopción de medidas improvisadas y sin ser debidamente comunicadas al pueblo, las cuales han empeorado nuestra situación económica.

Nuestra realidad requiere que el gobierno adopte mecanismos para que sus instituciones sean más transparentes y rindan cuentas (accountability) y evalúen continuamente su desempeño. De hecho, a casi tres meses de la degradación de nuestro crédito a nivel de ‘chatarra’ y a dos para que acabe la presente sesión legislativa, es momento de que finalmente se conozca, comunique y explique transparentemente, cuales son los planes concretos del presente gobierno para potenciar y diversificar nuestro desarrollo económico y para reducir el tamaño de nuestro gobierno, modernizarlo, controlar sus gastos y elevar su eficiencia y productividad. Esto requerirá liderazgo, madurez y la capacidad para unir voluntades e inyectar entusiasmo y confianza en el pueblo, dando certeza de que se sabe hacia dónde se quiere ir y que las acciones gubernamentales para nuestra recuperación son orquestadas siguiendo una agenda de legislación y política pública cónsona con las prioridades y necesidades del momento.

Cabe señalar, que unas instituciones públicas instrumentales para nuestro desarrollo económico y estabilidad social son nuestros tribunales, los cuales han estado bajo escrutinio por una serie de casos que han mancillado su credibilidad. Nuestro sistema de tribunales cuenta con funcionarios de excelencia cuyo trabajo se ve opacado por desviaciones de manzanas podridas que han logrado penetrarlo para corromperlo. Así, el momento es propicio para su reforma y modernización para que cuente con mecanismos que aseguren la pureza, integridad, agilidad e imparcialidad en el manejo de casos, garantizando un verdadero acceso a la justicia y la certeza y protección de todo asunto jurídico que tengan ante su consideración.

Finalmente, el sector privado, la academia y las organizaciones no gubernamentales como las del Tercer Sector, que incluyen las comunitarias y las de base de fe como las iglesias, son también indispensables en la recuperación de Puerto Rico. De hecho, de entre este grupo, las iglesias, principalmente la Católica, también han estado bajo fuego por la conducta impropia e inaceptable de algunos de sus oficiales, situación que ha menoscabado también su credibilidad.

Ante esta situación, la Iglesia Católica se encuentra en un proceso difícil, pero necesario para su renovación y fortalecimiento, para erradicar la pederastia o abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes y para poner en práctica una política sólida de cero tolerancia contra esta conducta. De esta forma, tiene la oportunidad de reinventarse para recuperar la confianza y credibilidad perdida, para que pueda continuar siendo un aliado del gobierno, como otras instituciones, en la prestación de servicios y el establecimiento de programas para atender la deserción escolar, la delincuencia, personas sin hogar y la violencia contra mujeres, entre otros.

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Con más resignación que entusiasmo, con más morbo que esperanza, el país aguarda por el mensaje en que el señor gobernador anunciará el presupuesto para el año fiscal que comienza el 1ro de julio.

En un momento en que a cualquier declaración que envuelva números se le adjudican facultades mágicas, la mayor interrogante para muchos es si de verdad la propuesta presupuestaria le proveerá al país $800 millones menos para suplir las necesidades comunes. De nada sirven las advertencias de que un presupuesto reducido solo agravará la contracción económica: las gradas piden menos presupuesto y ya se dejará para luego el llanto y rechinar de dientes cuando se haga patente la reducción de servicios públicos y los efectos en el sector privado.

En todo caso, ya nadie recuerda si en algún momento los mensajes de presupuesto han cumplido lo que debe ser su función legítima: hacer un inventario cabal de los recursos del país para confrontarlo con el diagnóstico de necesidades, de tal forma que los fondos a los que aportamos todos se distribuyan de manera sensata y solidaria.  La ocasión se ha convertido en un mitin de barricada, con invitados instruidos a aplaudir en cada pausa estratégica.

Para añadir a la atmósfera circense, siempre es bueno algún proyecto absurdo – como la locura aquella de la Ciudad Red que Acevedo Vilá prometió construir por encima de la Baldorioty – o alguna promesa que nunca se pensó cumplir –como la reducción al IVU que henchido de emoción anunció García Padilla el año pasado.

No hay razón para albergar esperanzas de que así sea, pero algún respiro le traería al país que en esta ocasión, ante la gravedad de la situación, el señor gobernador se animara a superar las expectativas, aclarando las dudas que se han quedado sobre la mesa a lo largo del año.

Es su obligación, por ejemplo, exponer el plan de reestructuración de la deuda pública que debió seguir a la emisión de bonos de hace unos meses; hacer un compromiso firme con la comunidad universitaria sobe el destino de la educación superior pública; garantizar un acuerdo para la reformulación de la Autoridad de Energía Eléctrica y disipar las preocupaciones sobre el temido cierre de escuelas públicas.

Con el nombramiento de un nuevo superintendente de la Policía, no hay por qué esperar más para revelar el plan anticrimen de esta administración, o para anunciar los cambios estructurales que permitirían cumplir con los acuerdos para atender los señalamientos de corrupción, ineficiencia y violación de derechos civiles en la uniformada. Tras los pobres resultados de la Ley de Empleos Ahora –cuyo efecto principal ha sido subsidiar empleos precarios al servicio de grandes empresas estadounidenses—el país quiere escuchar un proyecto de verdadero crecimiento económico.

El llamado en este renglón es quizás el de mayor urgencia: la tasa de participación laboral se ha reducido un 5.7% en la última década, y un altísimo por ciento de los desempleados (45.6%) está entre las edades de 20 y 34 años.  Alguna retribución se debe esperar tras el alto precio exigido a los servidores públicos con el desmantelamiento de su sistema de retiro y a los comerciantes locales con la infame patente nacional y la determinación del Tribunal Supremo sobre el Sistema de Retiro de Maestros debe dar pie a una verdadera apertura al diálogo. Y si algún valor le queda a las promesas de campaña, haría bien el señor gobernador conminando a la Asamblea Legislativa a atender las medidas sobre estatus presentadas en ambos cuerpos, y bajo la jurisdicción de una Comisión Especial Conjunta creada el año pasado y aún sin constituir.

El estado de los mensajes de estado solo se ha empobrecido con el paso del tiempo; el martes sabremos si la degradación de su contenido va por el mismo rumbo que la del crédito del país.