Luego de que el gobernador Alejandro García Padilla informara que insistirá en la constitucionalidad de la Ley 160 que reforma el Sistema de Retiro de Maestros, la portavoz de Educamos, Eva Ayala, lo emplazó a acatar la decisión del Tribunal Supremo y a acoger las propuestas que presentaron los gremios a través del Comité de Diálogo y Negociación.

“El gobernador insiste en que la Ley 160 es constitucional. Nada más lejos de la verdad. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional todas las medidas en la Ley 160 que menoscaban los derechos contractuales de las maestras y maestros. Le exigimos a García Padilla que acate la decisión del Supremo y que, en lugar de jugar con palabras, implemente las propuestas discutidas y avaladas por el Comité de Diálogo y Negociación”, afirmó en declaraciones escritas.

Añadió que “le hemos puesto en la mano docenas de propuestas que resuelven por mucho el déficit del Sistema de Retiro de Maestos. El Comité de Diálogo y Negociación, que contó con la participación directa de representantes del gobierno, elaboró y le entregó un documento demostrando que hay alternativas menos onerosas para salvar nuestro retiro”.

Ayer, miércoles, en entrevista con NotiUno, García Padilla dijo que insistirá en la constitucionalidad de la Ley 160 al presentarle al Tribunal Supremo un informe actuarial del 2014 en el que se exponga la realidad fiscal de ese fondo de jubilaciones.

Tras afirmar que gran parte de la regulación está en vigor, el ejecutivo afirmó que “el Tribunal Supremo, al fin al cabo, lo que dice en su determinación es que nosotros utilizamos un informe actuarial del 2012 para una ley de 2013 y que ellos entienden que el informe actuarial también debe ser del 2013 y, en cuanto a eso, estamos haciendo otro informe actuarial”.

Añadió que “la Ley 160 está en vigor. Lo que hay que hacer es que los 10 artículos u 11 artículos que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional, ver cómo logramos que el tribunal entienda la validación del informe actuarial que se haga. Pues, entonces, se mandó a hacer un informe actuarial nuevo”.

Las expresiones, según Ayala, son representativo de que “el señor gobernador le sigue mintiendo al magisterio y al pueblo trabajador”.

Expuso que “la Ley 160 no fue declarada inconstitucional, porque el Gobierno utilizó un informe actuarial del 2012. El Tribunal Supremo la declaró inconstitucional porque, lejos de fortalecer el Sistema de Retiro de Maestros, la Ley 160 lo colocaría en una posición más precaria al empujar al retiro prematuro a miles de maestras y maestros”.

Específicamente, en una decisión que contó con cinco votos a favor y tres en contra, el Supremo determinó el pasado 11 de abril que aplicar los cambios del plan de pensiones a los maestros activos es una medida irrazonable. Asimismo, señaló que los informes actuariales usados por el gobierno para justificar el estatuto no contemplan los efectos que tendría la Ley 160.