Siete empleados de La Fortaleza que fueron despedidos por alegado discrimen político presentaron una demanda federal contra el gobernador Alejandro García Padilla por la suma de $8,750,000.

García Padilla fue demandado junto con el administrador de su oficina, Harold González Rosado y el supervisor de Fortaleza, Arturo González por parte de empleados que fueron despedidos el 31 de mayo de 2013, en su mayoría, por ser afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP).

La demanda sometida ante la consideración del juez federal Daniel R. Domínguez, indica que todos los demandantes eran empleados regulares en Fortaleza, en su mayoría de mantenimiento, y fueron reemplazados por supuestos simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD).

Los demandantes son: Alexis Caraballo Rivera, de 32 años y empleado de mantenimiento desde 2009; Héctor M. Vázquez García, de 58, quien trabajaba en mantenimiento y conservación desde 2001; Doroteo Sánchez Cruz, de 40 años y quien era asistente técnico desde 2009; Daniel Valentín García, de 36, estaba en mantenimiento y conservación desde 2009; Carlos Pacheco Estrada, de 38 años y quien era chofer, pero trabajaba como electricista desde 2011; Luis A. Pérez Bernard, director interino de conservación desde 2004;  Roberto Vélez García, de 47 años, estaba en mantenimiento y conservación desde 2001.

Los últimos dos estaban afiliados al PPD, pero alegan que fueron despedidos porque no quisieron discriminar contra los demás demandantes.

Entre los incidentes vertidos en la demanda, se detalla que la administración de García Padilla emitió tarjetas de identificación nuevas una vez entró en funciones como gobernador en enero de 2013.

«De esta manera, las identificaciones viejas se convirtieron en un símbolo de identificación con la administración anterior del PNP, cualquiera que las usara era reconocido como simpatizante del PNP y su administración», lee la demanda, sometida por el abogado Francisco González Magaz.

Se indica que el 10 de enero 2013, Caraballo Rivera y Pacheco Estrada estaban arreglando una lámpara en un pasillo de la Mansión Ejecutiva, cuando el propio García Padilla pasó y los saludó. Al observar la identificación de Caraballo Rivera, que era la emitida por la administración anterior, el gobernador le dijo «este ID está bonito, pero no es la de nosotros, puedes ir a Recursos Humanos para que te la cambien».

Se señala en la demanda que el 31 de mayo de 2013, todos recibieron cartas de despido por supuestamente no ser de la confianza de los demandados. La carta indicaba que por ser empleados de confianza, podían ser removidos y que el despido era inmediato.

Cada uno reclama $750,000, entre otras cuantías, por los supuestos daños emocionales y financieros sufridos tras los despidos.

POR MELISSA CORREA VELÁZQUEZ, EL VOCERO –

Los demandantes, quienes son afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), alegan que fueron reemplazados por simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD)