Sin embargo igualmente entienden que una segunda degradación en estos momentos, a cuatro meses de la primera degradación sería un acto de injusticia ya que no le concede al gobierno de Puerto Rico el tiempo suficiente para que pueda ver algún resultado de las medidas tomadas, sino que siguen ajorando al gobierno con expresiones negativas y degradando la banca.
El economista Luis Benítez sostuvo que el ambiente para una segunda degradación está pautado desde el primer momento, cuyo efecto inicial sería el encarecimiento de tomar prestado y la urgencia de buscar más dinero para el pago de la deuda. “Se trata de un problema adicional sobre el presupuesto y por ende sobre el fondo general. La economía tiene que crecer más allá de reducir el gasto o despedir empleados públicos”, expresó.
Para Benítez la opción de solicitar pagos adelantados a contribuyentes corporativos podría ser una alternativa a corto plazo para generar flujo de efectivo, pero aclaró que es un ingreso que responde a un periodo posterior, que entiende más adelante hará falta. Cuando se pide pago de contribuciones en adelantos generalmente se concede un descuento a las corporaciones.
De igual manera, Benítez sostuvo es injusto que las casas acreditadoras vengan a cuatro meses de la anterior degradación a bajar otro escalafón sin ver los resultados de las medidas gubernamentales establecidas y no darle espacio a la economía para crecer. “Ninguna economía crece en cuatro meses, esperar eso sería injusto”, sostuvo.
En este particular coincidió el economista Santos Negrón, quien entiende una segunda degradación ahora sería “un acto de sadismo” por parte de las agencias crediticias contra un país que intenta salir de una contracción larga y profunda. “Este panorama realmente nos condena perpetuamente al retroceso y el estancamiento. Hay que darle tiempo al gobierno para ver las posibilidades reales de la Isla ante las nuevas medidas implantadas”, indicó.
Negrón aseguró que la posibilidad de una segunda degradación se puede disipar si el gobierno logra cuadrar sus finanzas y ubicarse en posición de ir a los mercados para la construcción de infraestructura y no pago de deuda. Con ello entiende se genera un efecto multiplicador que incide en la movilización de la empresa privada y de la banca. De concretarse la degradación sostuvo que obliga a pagar intereses más altos, lo que cerraría las posibilidades del país para regresar al mercado.
Con este particular no coincide el economista Pedro Silva, quien sostuvo que la posibilidad del cierre de los mercados para la Isla no es real ya que la estructura administrativa del gobierno es un ente que percibe ingresos los 365 días al año. Agregó que el país tiene muchas alternativas para generar ingresos que no están contemplando y que tienen que comenzar a hacerlo para lograr repuntar la economía. Entre ellos mencionó el Puerto Las Américas, desarrollo de pequeños comercios y el repunte de la agricultura, entre otros.
Para el economista Argeo Quiñones los elementos para una segunda degradación están visibles, producto de la continuidad de la fórmula de la medicina amarga, la cual sostuvo no ha redundado en beneficio para el país, y por el contrario ha sido tóxica. Mencionó que ha conducido a la Isla a la situación que atraviesa, muy cerca del impago.
No obstante, el economista Vicente Feliciano se mostró optimista y comentó que otra degradación de las obligaciones generales del país tiene un impacto marginal, ya que desde la degradación en febrero el evento crediticio más importante fue la emisión de $3,500 millones, cuyo efecto en la clasificación fue positivo.
“Estamos bajando las contribuciones y sufragando esa baja con más deuda”
Mon, Jun 2, 2014
Por Luisa García Pelatti
La conferencia de política contributiva y asuntos fiscales celebrada el pasado jueves por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, dio para mucho más que los dos artículos publicados la semana pasada (“En algún momento se va a tener que reestructurar la deuda” y “La reforma contributiva según Richard Carrión”). Hoy publicamos parte de lo que se quedó en el tintero por falta de tiempo para desarrollarlo.
Ramón Cao, un economista experto en temas de hacienda pública, hizo un recuento de los cambios realizados al sistema contributivo desde la década de los 50. Durante años, se hicieron modificaciones al sistema que han ido erosionado la capacidad recaudadora del Gobierno. Nos hemos movido de un sistema que recaudaba principalmente a través de impuestos directos a las personas a uno donde aumenta la importancia de los impuestos directos a las corporaciones.
Desde el 2006 al 2012, los impuestos directos a las personas han disminuido, de $3,160 millones a $2,154 millones. Mientras que el IVU más los arbitrios han aumentado de $1,664 millones a 2,359 millones. Los impuestos directos a los individuos se han reducido de 65% a 48%.
Mientras, los impuestos a las corporaciones se han mantenido estables entre el 2006 y el 2012 y a partir de ese año aumenta de forma sustancial.
“Disminuye la importancia de los impuesto directos a las personas para aumentar la importancia de los impuestos directos da las corporaciones. Estamos bajan las contribuciones y sufragando esa baja en contribuciones con más deuda”.
“El sistema se están moviendo a la tributación del insumo”, dice Cao, que advierte que “no es una buena idea gravar el insumo porque crea distorsiones impredecibles en el sistema productivo”. Y esto es especialmente problemático en la situación en que se encuentra la economía, en contracción desde el 2006.
“Los impuestos han estado siendo objeto de increíbles cambios y de forma continua, sin que haya una dirección clara. Eso crea unos problemas de incertidumbre en las decisiones económicas y en los procesos”, explica Cao.
En la década de 1950, el presupuesto se financiaba principalmente con arbitrios. Con el paso de los año fue aumentando la importancia de la tributación al ingreso a medida de disminuían otras partidas.
Las cosas cambian en el 2006, explica el economista, cuando se legislan una gran cantidad de leyes contributivas. Son las primeras de muchas que vendrían después con el objetivo de “resolver problemas rapidito”. Conseguir ingresos rápido para financiar el déficit que se estaba acumulando.
En el 2006 se aumenta la “retenida a los no residente” y se impone un impuesto temporal a los bancos. Es el año del cierre temporal del Gobierno y con esa reforma se aprueban “un montón de pequeñas medidas para conseguir dinero a corto plazo”.
Es el año en el que se adopta el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), se reduce la carga contributiva a los individuos y se crea la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
“El efecto neto de la reforma de 2006 fue reducir los ingresos del Fondo General en $311 millones”, estima Cao. Se empieza a erosionar la capacidad recaudadora del sistema.
Los cambios en el 2007 reducen la tasa contributiva de individuos y se crea el crédito al trabajo. En el 2008 se aumenta la exención por dependientes, aumentan la deducción por gastos ordinarios y casi se logra eliminar la penalidad por matrimonio.
El 2009 es el año de la Ley de emergencia fiscal. Se aumentan los arbitrios de cigarrillos y cerveza. La reforma del 2011 redujo por etapas las contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones y se eliminó por completo la penalidad por matrimonio. Esa reforma se financió con la Ley 154, que generó $1,900 millones el primer año “y se hizo una fiesta”. Cao aclara, que la Ley 154 “no es un arbitrio, es una patente”.
En el 2013, se mantuvo la tasa de la Ley 154 en 4%, se legisló la tributación de las transacciones entre empresas, se creó la patente nacional y el IVU en los muelles.
Todos estos cambios han afectado la equidad del sistema contributivo. “Las pequeñas deducciones, exenciones, tratos preferenciales y créditos hacen que el impuesto progresivo por excelencia al final no lo sea”, asegura Cao.
¿Tenemos muchos impuestos? No, asegura Cao. Los impuestos representan el 12% del Producto Nacional Bruto (PNB). “Eso para los estándares internacionales es ridículamente bajo”.
¿Están mal distribuidos? Sí, y responsabiliza a las exenciones y créditos por ello.
Cao propone que debemos plantearnos cómo distribuimos la tributación. ¿Castigamos al ingreso al consumo? ¿A las personas o a las empresas?
“Nuestra tributación al consumo es bien baja en términos internacionales”.
¿Qué hacemos con la patente nacional? “Cómo una media urgente, está bien, pero como media permanente tenemos que reconsiderarlo, porque además de un problema de equidad crea una serie de distorsiones. Es una rémora que estamos imponiendo a la economía”, advierte.
“Dejemos de pensar que existen botones mágicos y que si uno los aprieta se resuelven los problemas. Lo siento, no existen”, y añade “porque a mi se me ocurra una idea no quiere decir que sea buena, tiene que someterse a un proceso de validación. Tenemos que empezar a enfrentarnos a los problemas sencillamente enfocándonos y buscando información, en lugar de tratar de justificar nuestras opiniones”
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