El presidente del Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (ProSol-Utier), Luis Pedraza Leduc, afirmó hoy que al menos lo que resta de la semana no habrá paro general de las uniones de corporaciones públicas en contra de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, pero dejó entrever que desde el lunes el panorama podría cambiar.
Pedraza Leduc afirmó a la agencia Inter News Service (INS) que existe el ambiente para un paro general, pero declaró que “por lo menos mañana no es. Hasta el lunes no es”.
“Todos los votos dan espacio para que sea una actividad conceptuada. Con eso me refiero a que si (los votos de huelga) se aplican simultáneamente van a lograrlo”, expresó el dirigente sindical al finalizar una conferencia de prensa frente al Centro Gubernamental Minillas en la que varias organizaciones que agrupan 70 mil empleados públicos reclamaron al gobernador Alejandro García Padilla la derogación de la ley firmada ayer.
El presidente de ProSol-Utier cuestionó qué hará el gobierno si los gerenciales “no están en huelga pero no vayan a trabajar en solidaridad con los demás empleados”.
“No hay una fecha para la huelga, porque nosotros estamos pidiendo un espacio para el diálogo”, señaló al explicar que con la aprobación de la ley se abre un espacio para las negociaciones hasta el 31 de agosto, pero el diálogo será con las corporaciones y no con el gobierno.
Criticó que el gobierno esté usando como estrategia negociar de forma separada con los sindicatos para dividirlos y sostuvo que “sería diferente si todos nos sentáramos en la mesa a negociar”.
Expresó, además, la necesidad de que haya una unidad del pueblo y de que el pueblo entienda de que alguna forma se va a afectar con la ley.
InterNewsService
Estampida de retiros en AEE
La aprobación de la reforma energética y la ley de Sostenibilidad Fiscal van a provocar retiros masivos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según denunció ayer el representante novoprogresista Ricardo Llerandi Cruz.
Llerandi Cruz citó un memo publicado el 12 de junio en el que la administradora del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, Marieolga Angleró Burgos, advirtió que con la radicación del proyecto de Sostenibilidad Fiscal vieron un aumento en las solicitudes de retiro.
El memo fue publicado para orientar a los empleados sobre el proceso de retiro, pero en el mismo la funcionaria habla del aumento en solicitudes al indicar que se experimentó un ‘incremento significativo en las solicitudes de jubilaciones. Actualmente, se han recibido aproximadamente 1,400 solicitudes para este año fiscal. Esto representa un volumen de cinco veces mayor a las que recibimos anualmente’.
“La administradora confirma el caos cuando también dice en el memo que esta situación es una ‘sin precedentes’ para la corporación pública. Hay formas y hay formas. Esta ley, aprobarla en la Cámara con apenas cinco minutos de debate y firmarla en horas de la noche como ladrones que no quieren que se les coja, es detrimental para las finanzas de nuestra gente y ahora vemos como puede ser fatal para la propia autoridad que no tiene dinero para comprar combustible y ahora tendrá que sacar millones de dólares para costear una jubilación prematura de miles de sus empleados. La pregunta al Gobernador es sencilla, ¿Dónde saldrá el dinero para ese pago?”, dijo Llerandi Cruz en comunicado de prensa.
Denuncias similares fueron hechas por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) de la AEE, Ángel Figueroa Jaramillo, quien dijo a este rotativo en entrevista reciente que estas solicitudes de retiro aumentaron por la preocupación de estos empleados de perder derechos con la aprobación de este proyecto, el cual ya es ley.
Al cierre de esta edición, no fue posible conseguir una reacción de la AEE.
Llerandi Cruz, por su parte, dejó saber que radicará una resolución para investigar de dónde saldrán los recursos para costear las liquidaciones asociadas a estos retiros.
“El gobernador Alejandro García Padilla se ha llenado la boca diciendo que con la aprobación de esta mal pensada ley no tendrá que despedir a nadie. Pues bien Gobernador, ahora mismo y gracias a esa ley, se están retirando forzosamente sobre 1,400 empleados de la AEE. Esa es la verdad detrás de esta ya nefasta ley, que no es otra cosa que una carta en blanco para el despido de miles de empleados públicos”, afirmó el legislador por el distrito de Arecibo y Hatillo.
Inalcanzable el balance presupuestario
La intención del gobierno de Puerto Rico de pagar los intereses de la histórica emisión de $3,500 millones por los próximos dos años con la misma transacción, plantea que el presupuesto 2015 no será uno estructuralmente balanceado.
Así se desprende de un informe de la firma Nuveen Investment, fechado en marzo 2014, el mismo mes cuando salió la emisión, en el cual se indica que “un presupuesto que se basa en los bonos para pagar parcialmente el servicio de la deuda en sus vencimientos, por definición, no es un presupuesto estructuralmente balanceado”.
El informe “Puerto Rico’s $3.5 Billion GO Deal: Cure or Symptom?”, destaca que la intención del gobierno es utilizar $422.7 millones de la emisión para pagar los intereses correspondientes a 2014 y 2015. Y agrega que “presupuestos estructuralmente equilibrados generalmente cuentan con ingresos recurrentes suficientes para cubrir los gastos recurrentes”.
“Por lo tanto, en virtud de destinar $269.8 millones de los bonos para el año fiscal 2015 al servicio de la deuda, Puerto Rico ya ha dejado de cumplir con su promesa de un presupuesto equilibrado en el año fiscal 2015”, es parte del análisis de la firma de inversiones, y sostiene que la promesa de los funcionarios puertorriqueños mientras mercadeaban los bonos entre inversores era que tendrán un presupuesto balanceado.
Si se destina ese dinero para pagar intereses, entonces hacia el 2016 no está claro de dónde saldrán los fondos para cumplir con las obligaciones, señaló Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro Para la Nueva Economía (CNE).
Dijo que ante una deuda insostenible, Puerto Rico “puede estar exhibiendo una dinámica económica que, según estudios recientes, precede a un ‘default’”. Esto es “años de endeudamiento excesivo, renuencia a reestructurar la deuda y el aplazamiento artificial de un ‘default’ que termina siendo inevitable”.
Mientras tanto, Marxuach dijo que en el caso del presupuesto vigente que vence el 30 de junio, el déficit será mucho mayor a lo indicado hasta ahora por Hacienda. “Dada la deficiencia de $320 millones en los recaudos de Hacienda para mayo del 2014, es muy probable que el déficit del fondo general para el año fiscal 2014 supere la proyección del gobierno de $650 millones. De hecho, en el CNE estimamos que el déficit para el 2014 rondará los $1,000 millones”, indicó Marxuach.
Por lo tanto, en mesa redonda con la prensa de temas económicos, Marxuach también coincidió con Nuveen Investments y destacó que “el presupuesto del fondo general para el año fiscal 2015 no estará estructuralmente balanceado”.
Respecto a los recortes propuestos por el gobierno para cuadrar el próximo presupuesto, el economista mencionó que los $1,357 millones de ajustes “son el producto, hasta cierto punto, de trucos de contabilidad y están sujetos a severos riesgos a la hora de ser implementados”.
“Nuestro estimado conservador es que por lo menos $309 millones de esos recortes no se concretizarán. Por ende, estimamos que el déficit estructural para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el año fiscal 2015 será de por lo menos $578 millones, lo que equivale a la diferencia entre los recaudos de $9,640 millones menos los gastos de $10,218 millones”, analizó Marxuach.
En un escenario más optimista, explicó que si el gobierno logra una consolidación fiscal del 2% del Producto Nacional Bruto (PNB) para el 2015, “podemos esperar, en el mejor de los casos, que continúe el estancamiento económico o, en el peor de los casos, el regreso a una contracción económi
ca”.
La porción del presupuesto consolidado asignada al servicio de la deuda aumentó de 12.5% en 2011 a 16.2%, según proyectado para el 2015. Esto es $1 de cada $6 que gastará el gobierno.
Comentó que el techo constitucional de la deuda del ELA debe estar en su nivel máximo, lo cual garantiza que no habrá acceso a tomar más prestado. La opción de buscar posibilidades en las corporaciones es irreal ya que están en al borde la quiebra. Marxuach insistió en que más temprano que tarde habrá reestructuración de deuda.
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