La Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) acudirá a los tribunales para intentar derogar la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Así lo informó Pedro Irene Maymí en una conferencia de prensa realizada en el Centro Gubernamental de Minillas, en Santurce.
El presidente de la UIA indicó que alegarán ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan que la ley se aprobó sin los votos necesarios, pues el sufragio del representante Luis Ortiz Lugo “es nulo”, por conflicto de intereses.
El voto de Ortiz Lugo también tendrá que ser evaluado por la Comisión de Ética cameral, pues el empleado de la AAA, José Luna Cartagena, presentó una querella ética contra el legislador alegando que este se debió abstener de votar durante la consideración de la medida, pues se encuentra bajo una licencia política de su trabajo como gerencial en la AAA.
El abogado de la UIA, Ricardo Goytía, detalló que la demanda se presentará electrónicamente esta tarde.
“Aquí lo que se está cuestionando es la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes en la primera votación (12 de junio) para pasar el proyecto al Senado. Hay un defecto, porque entendemos que hay un voto que se debió radicar nulo por un conflicto de intereses”, detalló Goytía.
“El artículo 3 de la sección K de las Reglas (Éticas) define el conflicto de interés como la ‘situación en la cual el interés personal o económico del representante, funcionario o jefe de alguna dependencia esté en pugna con el interés público’”, establece la querella presentada por Luna Cartagena.
También menciona que el Reglamento de la Cámara de Representantes establece que “los representantes deberán abstenerse de votar siempre que tengan algún interés o beneficio personal directo en el asunto sometido a votación”.
La medida se aprobó con el mínimo de los votos requeridos.
“Ante tal situación, el querellado entró en craso conflicto de interés a la hora de votar a favor del proyecto de la Cámara 1922, más aún cuando él tenía y tiene personal conocimiento de las implicaciones que tiene dicho proyecto para la AAA y los empleados de ésta, siendo él uno de ellos”, expone la querella, en la que se destaca que los representantes Carlos Bianchi y Lourdes Ramos se abstuvieron de votar porque son empleados de corporaciones públicas.
Irene Maymí alegó que el interés de Ortiz Lugo era “fastidiarnos a los unionados. Él es empleado gerencial, pudiera haber pensado que iba a fastidiar a los empleados de la AAA”, añadió.
Irene Maymí alegó que el Gobierno tiene en contratos ocho mil millones de dólares y no alrededor de 1,500 millones, como señaló el gobernador Alejandro García Padilla.
El sindicalista indicó que la información la sacó de la Oficina del Contralor y señaló que las agencias con más contratos son la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Departamento de Educación, con tres millones anuales cada uno.
“Ahí es como se están llevando el dinero, en los amigos de García Padilla. Aquí está la prueba, lo pueden verificar en la Oficina del Con
tralor. Bajo esa ley 76 (Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno), no nos vamos a sentar a negociar. Es un descaro lo que están haciéndole al país”, denunció.
Los líderes sindicales presentes en la conferencia de prensa reiteraron que pronto llamarán a un paro general. “Vamos a ser impredecibles, creativos. Cuando el país se despierte, se van a enterar que los trabajadores están en la calle”, sentenció Irene Maymí.
Entre los concurrentes se encontraban Julio Vargas, de la unión de la Autoridad de Carreteras, ProSol Utier; Víctor Villalba, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores; la portavoz de Educamos, Eva Ayala, y la presidenta de la Federación de Maestros, María Elena Lara; y María Teresa Rodríguez, presidenta de la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento.
InterNewsService Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
UIA radica demanda contra Ley de Sostenibilidad Fiscal
Por Frances Rosario / frances.rosario@gfrmedia.com06/20/2014 | 02:28 p.m.
El abogado de la unión, Ricardo Goytía, detalló que la demanda se radicará electrónicamente en algún momento de esta tarde.
La Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se convertirá hoy en el primer sindicato que acude a los tribunales a intentar derogar la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Así lo informó el presidente de la UIA, Pedro Irene Maymí, en una conferencia de prensa realizada en el Centro Gubernamental de Minillas, en Santurce, sobre la demandan que presentarán en los tribunales en la que alegarán que la ley se aprobó sin los votos requeridos, pues a su juicio el sufragio del representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo es nulo.
De inmediato, el líder sindical no distribuyó la demanda que se radicaría ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
El abogado de la unión, Ricardo Goytía, detalló que la demanda se radicará electrónicamente en algún momento de esta tarde para cuestionar el aspecto procesal de la aprobación de la medida.
“Aquí lo que se está cuestionando es la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Representes, la primera votación (del 12 de junio) para pasar el proyecto de ley al Senado. Hay un defecto, porque entendemos nosotros que hay un voto que se debió radicar nulo por un conflicto de intereses”, detalló Goytía.
De hecho, el controvertible voto de Ortiz Lugo también tendrá que ser evaluado por la Comisión de Ética cameral, pues el empleado de la AAA, José Luna Cartagena, radicó una querella ética contra el legislador alegando que este se debió abstener de votar durante la consideración de la medida, ya que se encuentra bajo una licencia política de su trabajo como gerencial en la AAA.
“El Artículo 3, de la Sección K de las Reglas (Éticas), define el conflicto de interés como la ‘situación en la cual el interés personal o económico del representante, funcionario o jefe de alguna dependencia, esté en pugna con el interés público’”, establece la querella.
También menciona que el Reglamento de la Cámara de Representantes establece que “los representantes deberán abstenerse de votar siempre que tengan algún interés o beneficio personal directo en el asunto sometido a votación”.
La querella, además, indica que el voto del legislador fue trascendental para la aprobación de la medida, pues se aprobó con el mínimo de los votos requeridos.
“Ante tal situación y por las razones antes esbozadas, el querellado entró en craso conflicto de interés a la hora de votar a favor del proyecto de la Cámara 1922, más aún cuando él tenía y tiene personal conocimiento de las implicaciones que tiene dicho proyecto para la AAA y los empleados de ésta, siendo él uno de ellos”, expone la querella, en la que también se destaca que los representantes Carlos Bianchi y Lourdes Ramos se abstuvieron de votar porque son empleados de corporaciones públicas.
Irene Maymí alegó que el interés de Ortiz Lugo era “fastidiarnos a los unionados”.
“Él es empleado gerencial, pudiera haber pensado que iba a fastidiar a los empleados de la AAA”, añadió.
Este diario se comunicó con el portavoz de prensa del legislador, Nelson Medina, quien dijo que Ortiz Lugo se encuentra reunido en un caucus y no puede ser interrumpido.
Entretanto, el líder de la UIA y el abogado no descartaron que en un futuro radiquen otras demandas para cuestionar la constitucionalidad de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, la cual les quita a los trabajadores derechos adquiridos para poder lidiar con la crisis fiscal.
Por otro lado, los líderes sindicales que estuvieron presente durante la conferencia de prensa reiteraron que pronto se irán a un paro general. Entre estos se destacaron las líderes magisteriales Eva Ayala y María Lara; Julio Vargas, de la unión de la Autoridad de Carreteras, ProSol Utier; María Teresa Rodríguez, presidenta de la Unión de Empleados del Banco Gubernamental de Fomento; Víctor Villalba, de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, así como Rafael Otero, de la Unión de Empleados de la Corporación de Fondo del Seguro del Estado (CFSE), entre otros.
Un nutrido grupo de empleados de la CFSE, que llenaron el estacionamiento del Centro Gubernamental de Minillas, le hizo eco en los aires de paro general.
“Vamos a ser impredecibles, creativos. Cuando el país se despierte, se van a enterar que los trabajadores están en la calle”, sentenció Irene Maymí.
Durante la conferencia de prensa, el comandante de área de San Juan, Leovigildo Vázquez, estuvo presente. Este indicó que no ocurrió ningún incidente o daño en la instalación pública.
Sobre 27 mil empleados menos que hace un año
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos reportó que en mayo 2014 habían 27,090 trabajadores menos en Puerto Rico que en mayo de 2013, lo cual contrasta con un leve descenso en las estadísticas de desempleo que se colocó el pasado mes en 13.8 por ciento (%).
Sin embargo, la proyectada baja en desempleo sobre la cifra de abril de este año, cuando estuvo en 14.1%, surge en consecuencia a una baja en la fuerza laboral y –precisamente- ante la merma en el total de personas empleadas. Sin embargo, el desempleo en mayo 2014 todavía sigue por encima de los números de mayo de 2013 cuando el total de personas desempleadas alcanzó el 13.5%.
Cuando se analizan los números de las personas empleadas a mayo, esta vez se registró 992,682 trabajadores y en abril pasado eran 998,109. Hace un año, en mayo 2013 los empleados eran 1,019,772 trabajadores, una cifra que muestra 27,090 personas más que a mayo de este año.
El Departamento del Trabajo federal reportó que el total de desempleados buscando trabajo en Puerto Rico (cifra que no incluye a los llamados desalentados que optan por no hacer gestiones oficiales para emplearse), sumaron 159,114 personas en mayo, mientras el mes previo había 164,495 personas en esa faena.
En mayo de 2013 los desempleados contados llegaron a las 159,700 personas.
Del lado de la fuerza laboral, las estadísticas indican que en mayo 2014 se estimó en 1,151,796 trabajadores y en abril eran 1,162,604. En mayo 2013 sumaron 1,179,472 personas, para una diferencia de 27,090 trabajadores menos en mayo 2014.
Si la cifra de abril pasado se consideró histórica al alcanzar un número de personas empleadas comparable a lo que había en la Isla hace 24 años, los nuevos números de mayo 2014 son más dramáticos porque están más por debajo de lo que había en esa fecha. De hecho, al comparar mayo 2014 con abril 2014, hay ahora 5,427 empleados menos mes a mes.
En 1992 fue la última vez que las estadísticas
informaban menos de un millón de personas trabajando.
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