Suministrada.
Para los economistas, en los mercados de bonos pudiese generar desconfianza según sea la reestructuración que pongan en vigor. De acuerdo con el proyecto presentado ayer, se reconoce que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), pudiesen ser dos de las primeras corporaciones públicas en acogerse a dicha protección.
El economista Jaime Benson manifestó que era la única alternativa ante la insolvencia de las corporaciones. “Aunque se está llevando el mensaje de que no se puede cumplir con las obligaciones y que el acceso al crédito será más restringido, la realidad es que las opciones eran limitadas.
“A corto plazo la medida abonará a incrementar la contracción económica trayendo consigo alzas tarifarias, deterioro en los servicios y alza en desempleo, pero habría que esperar que dichas corporaciones logren estabilizarse”, resaltó Benson.
Robert Donahue, analista de los mercados de Nueva York opinó que habría que conocer la descripción de las obligaciones de deuda y el riesgo si los pagos interfieren con otros grupos de interés de las corporaciones y su misión pública. Aceptó que esta determinación es distinta frente a otras jurisdicciones en el mercado de bonos municipales.
“Anticipamos que haya un poco de presión, ya que si las reestructuraciones terminan no generando suficiente flujo de efectivo para proteger a los tenedores de bonos, llevaría un mensaje de advertencia a los bonistas de las Obligaciones Generales del gobierno (GO, por sus siglas en inglés) y a los prestamistas de COFINA. Este proyecto de ley hace hincapié en la incapacidad del BGF para continuar subsidiando las operaciones de las decaídas corporaciones públicas. Hay una inmediatez palpable en este mensaje”, explicó Donahue.
Resaltó que no es razonable que el proyecto sea aprobado con tanta rapidez.
Reconoció que aunque los precios en el mercado de bonos para la AEE se mantenían dos puntos por debajo de su precio el lunes, los GO’s reflejaban un comportamiento distinto.
Donahue dijo que es muy pronto para ver si los inversores municipales tradicionales de fondos de alto rendimiento estarán de acuerdo, lo que entiende implica, al menos, un modesto riesgo de reacción en cadena.
En este particular una fuente local del sector de inversiones aseguró que a media mañana de ayer, el mercado se comportaba bastante cauteloso con ventas pequeñas en bonos de la AEE. Por otro lado, la reciente emisión de $3,500 millones y comprada por “hedge funds” estaba traficando con volúmenes que superan los $30 millones, 3 puntos por encima del día anterior.
La fuente mencionó que habrá que observar el tráfico de los bonos de la AEE denominados “build america bonds” emitidos en 2010, con vencimientos a largo plazo. Dijo que la mayoría de estos bonos están en fondos en Estados Unidos.
Para el economista José J. Villamil la estrategia del gobierno es importante para Estados Unidos, ya que los bonos locales juegan un papel esencial en el mercado municipal por su alto tráfico. “Cualquier acción que tome la Isla es significativa y afecta grandemente al mercado municipal y eso es muy importante”.
Villamil aceptó que a corto plazo una reestructuración trae efectos negativos pero era inevitable que hacía mucho tiempo ya era evidente. “En un principio es muy positivo que se haya abordado. Los mercados ya esperaban algo así. La alternativa de no hacer nada es peor que la acción de la reestructuración”, destacó.
Para el economista Vicente Feliciano, quien ve la estrategia como una positiva, la preocupación de los mercados de bonos no es alarmante ya que las corporaciones públicas no tienen acceso a mercados de capital. “El mercado reconoce deuda de las corporaciones públicas pero es distinto a las otras deudas del gobierno como las de las Obligaciones Generales (GO) o las de COFINA. El mercado espera una reestructuración y así lo evidencia el precio de los bonos. Esto implica que los inversionistas ya saben que nos se les va a pagar el valor nominal de los bonos”.
Contrario a dichas posiciones, el economista Argeo Quiñones visualiza este proyecto como una estrategia orquestada para privatizar las corporaciones públicas ya sea a través de las Alianzas Públicas Privadas (con alquileres por extensos periodos de tiempo) o la venta de los activos. Asimismo, la economista Heidi Calero entiende que la medida traerá innumerables demandas por parte de bonistas y suplidores.
Este es un gobierno patológicamente mentiroso. Encabezado por un gobernador que tiene la cara fría de ofrecer su Mensaje de Situación de Estado reclamando falsos logros de recuperación económica.
El desgobierno del Partido Popular ha buscado refugio en dos grandes mentiras para justificar su incompetencia.
Primera Mentira: Que la quiebra social y económica de Puerto Rico es culpa de las administraciones durante los pasados 40 años. Falso. Esa quiebra es culpa de un sistema colonial tercermundista como el ELA que ha pretendido vivir el estilo de vida desarrollado de un estado de la Unión; pero sin tener los mismos derechos de igualdad económica y política que tienen los 50 estados. Para sobrellevar esa gran farsa se han tomado prestados más de $70 mil millones. Y ha sido el actual gobierno Popular, con sus desatinos, su incompetencia y sus abusos contributivos el único responsable de acelerar y provocar la bancarrota de Puerto Rico.
Segunda Mentira: Que el actual liderato Popular heredó la peor crisis presupuestaria y económica. Falso. Recibieron el gobierno con mejor situación presupuestaria, mayores índices de actividad económica y mejores clasificaciones del crédito de Puerto Rico que los que recibió el gobierno PNP de manos del gobierno Popular en enero de 2009. Esa es la verdad sostenida por la evidencia.
Este es un gobierno patológicamente mentiroso. Encabezado por un gobernador que tiene la cara fría de ofrecer su Mensaje de Situación de Estado reclamando falsos logros de recuperación económica y veinticuatro horas después, sorprende radicando un proyecto para decretar un Estado de Emergencia Fiscal que aumenta contribuciones y arrebata derechos a los trabajadores. Un gobierno que prometió bajar el IVU y no cumplió. Que en medio de una negociación con los maestros les niega tener un proyecto para recortarles beneficios de retiro, pero 24 horas después los sorprende radicando ese proyecto en la Legislatura.
Un gobierno que dice que no despedirá empleados públicos, pero lo está haciendo desde que llegó al poder. Y en el transcurso de los próximos meses despedirán a 8 mil más, alegando que esos son los ‘no indispensables’ o ‘transitorios’. Como si por ser ‘transitorios’ los excluyera de ser empleados públicos.
Un gobierno que dice haber creado miles de empleos, pero oculta que desde que llegaron al poder se han perdido más de 30 mil. Hoy tenemos menos gente trabajando que hace 30 años. Y las quiebras también siguen aumentando.
En el 2009, el PNP recibió un Puerto Rico cuyo crédito estaba a punto de ser degradado a chatarra; con un déficit presupuestario rompe récord de $3,300 millones; un déficit en la caja de Hacienda por $4,400 millones; $1,100 millones en cheques de suplidores engavetados y emitidos sin fondos; y sin dinero para pagar la nómina de los empleados públicos en la primera quincena del cuatrienio. Como si fuese poco, el legado de los anteriores desgobiernos del PPD arrojaba una economía en decrecimiento, donde las ventas de cemento, automóviles, viviendas y otros renglones se desplomaban.
El PNP tuvo que tomar decisiones difíciles y dolorosas. En contraste con el gobierno popular, los resultados positivos de nuestro gobierno comenzaron a notarse. Se logró salvar a Puerto Rico de caer en la economía chatarra. Se estableció un plan de cuatro años para la mitigación del déficit presupuestario $3,300 millones. Se estableció disciplina presupuestaria; se redujo el gasto; el gobierno pagó los $1,100 millones en deudas con los pequeños y medianos comerciantes; se bajaron las contribuciones; se frenaron los aumentos tarifarios en los servicios esenciales. La economía comenzó a crecer. Indicadores como las ventas de cemento, viviendas, automóviles y al detal también comenzaron a crecer. Nuestro gobierno contaba con liderato, experiencia y capacidad.
Todos los gobiernos han tenido problemas. Pero el de García Padilla ha sido el peor de la historia. Siempre fue Demasiado Riesgo para Puerto Rico. Ahora, desgobierno y mentira. Y eso… no hay pueblo que lo resista. Tal como planteo Ferré en el 1968, “Esto tiene que cambiar”
Suministrada.
En medio de la crisis fiscal y las dificultades para balancear el presupuesto y mejorar el crédito del Estado Libre Asociado (ELA), el gobierno presentó hoy un proyecto para autorizar la emisión de $60 millones en bonos con vencimientos a 30 o 40 años.
Resalta en el documento que en la emisión se debe especificar “que la buena fe, el crédito y el poder de imponer contribuciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico quedan así comprometidos”.
La pieza sometida a la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado y suscrita por la delegación del Partido Popular democrático (PPD), busca emitir pagarés en anticipación de bonos “para cubrir el costo de mejoras públicas necesarias y el costo de la venta de dichos bonos y pagarés”.
Igualmente se utilizaría el producto de la emisión para “proveer para el pago de principal e intereses sobre dichos bonos y pagarés; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer adelantos temporeros del Fondo General de Puerto Rico para aplicarse al pago de los costos de dichas mejoras y dicha venta de bonos y pagarés; conceder a agencias e instrumentalidades del ELA el poder de adquirir bienes muebles e inmuebles necesarios y ejercer el poder de expropiación forzosa; eximir dichos bonos y pagarés y sus intereses del pago de contribuciones; y para otros fines”.
De acuerdo con la pieza legislativa, se autoriza la emisión a la Secretaria de Hacienda, Melba Acosta, para facilidades de transportación, culminación de pagos de proyectos, para proyectos especiales, para obras y mejoras permanentes, cubrir los costos necesarios para la emisión de bonos de 2014 y para la reserva correspondiente al pago de intereses sobre los bonos a financiarse.
En el caso de la emisión, se incluyen los costos relacionados con seguros, cartas de crédito u otros instrumentos utilizados para abaratar el costo del financiamiento. “Cualquier descuento, cargo por compromiso o por sindicalización o cargo similar pagadero por motivo de la emisión de bonos y pagarés deberá ser incluido en el cómputo del precio o precios a los cuales dichos bonos y pagarés puedan ser vendidos, conforme a lo dispuesto por esta Ley”, se detalló.
Tanto las obras y mejoras financiadas con esta emisión de bonos deberán tener una vida útil de cinco años o más.
Los bonos, a ser referidos por Hacienda y aprobados el Gobernador, serán designados como “Bonos de Mejoras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del Año 2014”.
Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.
26 de junio de 2014
Aseguran que la Quiebra Criolla terminará en los tribunales
Jenniffer González asegura que más que ser aprobada en 12 horas, la medida es otra de las tomaduras de pelo de este gobierno
(El Capitolio)- La ley que crea la Quiebra Criolla terminará en los tribunales por sus vicios constitucionales. Según la expresidenta cameral Jenniffer González Colón, la ley que se aprobó en menos de 12 horas es un reflejo más de la improvisación a que nos han acostumbrado en éstos casi dos años de gobierno y que le costará al pueblo de Puerto Rico un proceso directo en los tribunales.
“Esta quiebra que ha radicado el gobierno para las corporaciones públicas es otra muestra de la improvisación en términos del manejo de la situación económica y la falta de un plan de desarrollo para el pueblo de Puerto Rico en los últimos 18 meses. Nos preocupa que estas 294 páginas de un proyecto que se aprueba en el último día de Sesión va a ser impugnado en los tribunales. Nosotros entendemos que existen elementos como el Dolo, donde se ha engañado, se le oculto información no solo a los inversionistas sino que se hicieron representaciones falsas a sabiendas de que estaban trabajando una reestructuración cuando lo negaron a los inversionistas y bonistas en el mes de marzo y abril”, dijo González.
“Qué más le vamos a permitir a este gobierno cuando aquí hubo un engaño como parte de esta transacción hacia aquellos que invirtieron. Además, entendemos que este proyecto contiene un menoscabo a las obligaciones contractuales que se hayan incluido hacia los inversionistas locales y obviamente de la Ciudad de Nueva York que trasciende este proyecto y que evidentemente tendrían derecho a reclamar por esas obligaciones que ahora se pretenden violentar”, destacó la representante.
Asimismo, González dijo que es inconstitucional de su faz porque es vago y no se hacen expresiones especifica de enmienda o derogaciones de leyes. “Pretenden incluir unas cláusulas de supremacía para violentar los acuerdos ya contenidos. Este proyecto a nuestro juicio adolece obviamente de los requisitos constitucionales para poderse validar en los tribunales locales”.
“El gobierno de Puerto Rico está quedando sin palabra ante el mundo. Aquí vemos cuando dos o varias personas se obligan a cumplir con determinadas condiciones mediante un contrato y surge un incumplimiento, la acción más común es el reclamo de compensaciones de los daños sufridos a la parte que incumplió con su obligación”, añadió la Portavoz.
No obstante, no solo la persona o empresa que es parte del contrato incumplido podría responder civilmente en un tribunal por dicho incumplimiento. Una persona o empresa que no figura como parte en el contrato incumplido, pero que intervino para que una de las partes incumpliera con su obligación también podría ser responsable por lo anterior.
Esta situación es lo que se conoce como la “interferencia torticera con relaciones contractuales de terceros” o “interferencias culposa de contrato”. Esta figura jurídica aplica cuando una persona o entidad interviene en una relación contractual para que una de las partes en dicho contrato incumpla con sus obligaciones.
“Nosotros estimamos que este proyecto de improvisación va a dejar de que mucho que hablar”, denunció González al preguntarle al pueblo “que más le vamos a permitir al gobernador?”.
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