La nueva degradación que la agencia Moody’s Investor Service le otorgó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la colocó prácticamente en una situación de impago.
Y según pinta el panorama, es poco probable el que pueda evitar una total reestructuración de su deuda o lo que muchos evitan hablar, el entrar en una quiebra. La incapacidad de la AEE de pagar dos líneas de crédito con la banca privada por $671 millones será al parecer su golpe mortal. Ambas deudas vencen en julio y agosto próximo.
Moody’s, tras degradar la deuda de $8,800 millones de la AEE de Ba2 a Ba3, que significa un riesgo crediticio sustancial, le advirtió que podría degradarla todavía más.
La AEE tiene pendiente de pago alrededor de $146 millones en anticipos bajo una línea de crédito con Citibank, y otros $550 millones con Scotia Bank con vencimiento el 14 de agosto. “Entendemos que la AEE se encuentra actualmente en negociaciones con los bancos para extender estas líneas, pero la probabilidad de extensión y términos de crédito en curso son inciertos en este momento”, reiteró el informe.
El director ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, declaró que continuará con las medidas necesarias para atender la estabilidad financiera y cumplir con el Plan Estratégico. “Evaluaremos en todos sus méritos las posibles estrategias para mejorar nuestro desempeño operacional y financiero, mientras mantenemos la continuidad de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes”, se limitó a decir Alicea Flores.
Frente a la falta de liquidez de la AEE, está la imposibilidad de que reciba la asistencia económica del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), como se acostumbraba hasta ahora. Es así, porque el BGF está en una situación precaria y con su crédito igualmente degradado, a pesar de la inyección por pago de deuda que recibió tras la pasada emisión de $3,500 millones.
Moody’s aclaró que no es seguro que aun con el apoyo que pudiera ofrecer el BGF se “evite una eventual reestructuración de la deuda”. En ese caso, aumentaría la posibilidad de otra degradación en varios escalafones, reiteró la agencia.
Mientras se especulaba sobre el impacto de la nueva legislación para habilitar la reestructuración de la deuda de corporaciones públicas al filo del abismo financiero, y sin que el gobernador Alejandro García Padilla firmara aun la controvertible ley, el informe de Moody’s prácticamente adelantó a media tarde de ayer la posibilidad de insolvencia.
“Podría haber otras demandas de liquidez al BGF para financiar las operaciones del Estado Libre Asociado (ELA) o de otras entidades públicas en Puerto Rico, que podrían limitar su capacidad para apoyar a la AEE, aun cuando el BGF estuviera dispuesto a hacerlo, particularmente si se toma en cuenta la continua tensión económica y demográfica que muestra la Isla”, indicó el informe.
Precisamente, Moody’s señaló que la nueva degradación en la tercera categoría del primer nivel del crédito especulativo o chatarra sobre la AEE, también es un reflejo directo de “la incertidumbre que rodea al BGF”.
De complicarse el cuadro para la AEE, al no contar con el dinero o un acuerdo con la banca privada para pagar o extender las líneas de crédito, tal incumplimiento acercaría el cuadro de una quiebra, lo cual le permitiría incorporar la nueva ley propuesta por el gobernador, estimada por algunos como la “quiebra criolla”. Hasta ahora no existía un mecanismo para que las corporaciones públicas pudieran acogerse a la quiebra según las leyes de Estados Unidos.
El informe igualmente menciona que consideró las recientes leyes para aliviar el costo energético y que deben crear una Comisión de Energía para supervisar a la AEE y las tarifas que se cobren a los clientes. Resaltó que esa ley añade un nivel de supervisión “que puede dar lugar a retrasos si la AEE tiene que subir las tasas”.
“Los niveles totales de liquidez siguen siendo muy limitados, ya que la empresa presenta déficits operacionales y en los últimos años se ha basado en las facilidades de crédito y nuevos préstamos para financiar sus operaciones”, agregó Moody’s y detalló que en enero pasado venció una línea de crédito con Citibank por $250 millones.
Al mismo tiempo, existe otra línea de crédito por $100 millones con el BGF y con vencimiento al 31 de diciembre de 2014. “Aunque la línea está principalmente destinada a ofrecer garantías para un intercambio (swap), esta no refleja el histórico apoyo de liquidez del BGF. Si los bancos comerciales no extienden sus líneas y exigen la devolución del dinero, la AEE no será capaz de pagar los anticipos de sus fondos disponibles”, se explicó.
“Incluso si la AEE es capaz de hacerle frente a sus problemas inmediatos de liquidez, la corporación todavía se enfrenta a constantes desafíos en los próximos años”, destacó la agencia acreditadora. Entre los desafíos incluyen las limitaciones para aumentar ingresos que puedan financiar los programas de conversión de petróleo a gas natural en la generación de electricidad.
La deuda de la AEE es de $8,526 millones, de los cuales $746 millones corresponden a líneas de crédito y $16 millones por otros gastos. Para el año fiscal 2014-2015 que inicia en julio, el servicio de la deuda se estima en $702.3 millones, divididos en $378.5 millones en pago de intereses por los bonos, $214.4 millones en pago de principal, $33.8 millones en pago de intereses por líneas de crédito, $54.2 millones del Fondo Estabilizador y $21.4 millones de aportación a fondos internos.
Las obligaciones totales de la AEE para el fiscal 2014-2015 suman $5,061.8 millones mientras el estimado de ingresos apenas llega a $4,724.6 millones.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Editor de la sección de Economía del periódico EL VOCERO.
Muy cerca la debacle
La descapitalización de la agencia, su incapacidad prestataria, su insolvencia económica para la compra de materia prima y su falta de liquidez entre otros argumentos, fueron algunos de los elementos por los cuales analistas y expertos en el tema coincidieron en que la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es inminente, restando solo que incorporen la nueva ley para iniciar los procesos de reestructuración.
El economista Antonio Rosado sostuvo que el pronunciamiento de Moody’s con una nueva degradación de la AEE es una crónica de una muerte anunciada, ya que su descapitalización ha alcanzado niveles astronómicos cercanos a los $9,000 millones, además de una falta de liquidez que ya imposibilita su acceso a materia prima. Reconoció que el proyecto de reestructuración del gobierno representa su única luz al final de túnel. “Esta agencia representa uno de los problemas principales del país. Al final del camino habrá que ver si logran pagar el servicio de la deuda. Espero inicien el proceso de reestructuración y comiencen a pagar”, sostuvo Rosado.
Destacó que la agencia tomó prestado a unas tasas preferenciales triplemente exentas y no utilizó el beneficio para capitalizarse o reducir el costo energético, y tanto la gerencia como los empleados se apropiaron del dinero con el resultado actual.
Para el economista Santos Negrón, Moody’s presenta argumentos irrefutables. “Su argumentación es una advertencia a los que poseen los bonos como al que los emite de la verdadera condición de la corporación. La quiebra es un paso inminente que les permitirá aliviar su situación económica por un tiempo y reduce su presión financiera en lo que logran recuperar su posición en el mercado”, manifestó Negrón.
Negrón dijo que con la nueva ley de reestructuración el gobierno central y el Banco Gubernamental de Fomento logran distanciarse de las corporaciones públicas, aunque abre un período de incertidumbre que desatará una batalla judicial entre las partes afectadas.
El analista Carlos Díaz Olivo expresó que el informe de Moody’s era obvio y se veía venir. “La quiebra de la AEE tiene que pasar y finalmente el gobierno con la ley de reestructuración reconoce formalmente la quiebra de estas corporaciones públicas, habiendo el gobierno asegurado que iban a cumplir cabalmente con todos sus compromisos. Se le está diciendo abiertamente a los inversionistas que invertir en la Isla es riesgoso”, puntualizó Díaz Olivo.
Apuntó que se verá el efecto en cadena respecto a otras emisiones de otras corporaciones públicas y hasta del mismo gobierno.
“Ahora en julio le toca pagar a la corporación unos compromisos para los cuales no poseen los recursos. La nueva ley lo que hace es crear una herramienta por las cuales los acreedores ahora se van a tener que regir, con el rebote que esto pueda traer consigo”, explicó Díaz Olivo.
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