Por Gerardo E. Alvarado León / gerardo.alvarado@gfrmedia.com
La primera demanda contra la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida popularmente como la ley de «quiebra criolla», fue radicada ayer en el Tribunal Federal.
Ayer, casualmente, el gobernador Alejandro García Padilla estampó su firma en el estatuto, que crea un marco legal para que las corporaciones públicas que experimentan dificultades financieras puedan acogerse a un proceso que les permita renegociar las condiciones de pago de sus deudas, al tiempo que continúan ofreciendo servicios a los ciudadanos.
En la demanda -de 15 páginas-, las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Fund, que poseen $907,195,000 y $821,440,000, respectivamente, en deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impugnan la constitucionalidad la ley de «quiebra criolla».
La ley, según los demandantes, «viola múltiples provisiones de la Constitución federal», siendo una de ellas la que establece que el poder de aprobar una ley de quiebra corresponde exclusivamente al Congreso.
«Esta ley es una ley de quiebra aprobada por el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, la ley es inconstitucional en su totalidad», reza la demanda.
29 de junio de 2014
PNP reacciona a la demanda por ley de corporaciones públicas
El senador Larry Seilhamer dijo que el gobernador estaba advertido sobre las consecuencias de aprobar la ley de “quiebra criolla”
Por ELNUEVODIA.COM
Seilhamer, portavoz del PNP en el Senado, cuestionó cuánto le costará esta “quiebra criolla” al pueblo. (juan.martinez@gfrmedia.com)
Tras conocer de la radicación de la primera demanda contra la llamada ley de «quiebra criolla», el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, indicó esta mañana que el gobernador Alejandro García Padiila fue advertido de que el estatuto provocaría una avalancha de casos contra el gobierno en los tribunales, por lo que debió contar con mayor análisis.“La delegación del PNP, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, alertó sobre las consecuencias de esta ley. Advertimos que se aprobó ‘fast track’, por descargue, de manera atropellada e improvisada. Además, que creará inestabilidad en el mercado y afectará la credibilidad de la Isla con los bonistas, lo que resultará en una gran cantidad de demandas. Hoy vemos que en tan solo horas de que se firmara la ley, ya se radicó la primera demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el Tribunal Federal”, sostuvo Seilhamer en comunicado de prensa.
La demanda, incoada por los manejadores de las franquicias Franklin Funds y Oppenheimer Rochester Funds, estipula que la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas es inconstitucional, hay alegaciones de incautación indebida («taking») y que hay un menoscabo a las obligaciones, entre otros puntos.
A tales efectos, Seilhamer cuestionó cuánto le costará esta “quiebra criolla” al pueblo. “Las improvisaciones, definitivamente cuestan. Estos casos contra el ELA deben ser llevados por abogados y bufetes expertos en el tema, lo que representará un gran desembolso de dinero público por parte del gobierno. Todo esto ocurre mientras la mayoría del PPD aprueba un presupuesto descuadrado”, dijo.
De otra parte, el senador emplazó a la administración de García Padilla a trabajar por una “verdadera reestructuración” en las corporaciones públicas.
“Este proyecto es para que se vayan a la quiebra, pero dónde están las acciones para que las corporaciones sean más eficientes. De nada vale ponerle un parcho al problema y seguir igual. Le reitero a la mayoría del PPD y al gobernador a que le den paso a los proyectos, 980 y 981, que radiqué desde marzo y que atienden el asunto de la reestructuraciones de las corporaciones públicas, pero sostenido en un análisis responsable”, concluyó.
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