Representantes del sector comercial del país reaccionaron ayer airados en contra de la propuesta reformulación de la Patente Nacional,  la cual ahora aplicaría al costo operacional de las empresas, y que a su juicio tendrá un efecto devastador que atentaría contra sus inversiones, la creación de empleos y finalmente, el bolsillo del consumidor.

La nueva fórmula de la Patente Nacional no aplicaría a los negocios que generen menos de $3 millones anualmente. Las empresas que tengan ingresos de $3 a $100 millones pagarán .35% de sus ganancias brutas; mientras que a las que sobrepasen los $100 millones se les aplicará un por ciento escalonado hasta un máximo de .80. La vigencia de la Patente Nacional sería hasta diciembre del 2015.

Todavía anoche, la medida era tema de discusión en el Capitolio.

Iván Báez,  director  de Asuntos Corporativos de Wal-Mart  y presidente entrante de la Asociacion de Comercio al Detal de Puerto Rico, tildó de desconcertada la acción de eliminar la Patente Nacional, como un impuesto deducible que se puede reclamar como crédito, a la nueva propuesta de establecerse como costo operacional, ya que se convierte en una acción confiscatoria para las empresas que ya lo pagan.

“Es una falta de conocimiento del impacto al sector privado y al consumidor. Han vuelto a lo mismo,  a trastocar el sistema financiero de las empresas y al final del día se penaliza al sector productivo del país.  Esto detiene la inversión y los empleos y lleva un mensaje contradictorio al inversionista que pudiese estar viendo al país como mercado de inversión. Se trata de una práctica predatoria fiscal que atenta contra los más de 80,000 empleos que genera el sector de las grandes cadenas al detal en la Isla”.

Para el saliente presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Jorge Cañellas, la nueva fórmula de la Patente Nacional lo que persigue es sacarle una contribución aparte a la de la contribución alternativa mínima, lo que aclaró será malo para todos los comercios grandes o pequeños. “Este nuevo cambio trastoca las reglas de juego a los comerciantes, quienes ya pagan unas tasas contributivas altas y ahora encima tienen un pago adicional que no pueden  deducir. Esto genera incertidumbre en el sector inversor y paraliza las expansiones, aperturas y empleos, además de elevar los precios. Aquél que estuviese evaluando la Isla para invertir  mira este tipo de medida como un disuasivo para optar por otro mercado inversor, lo que sigue limitando nuestra competitividad, justamente en momentos en que mas necesitamos de ella”.

En un sentido muy similar se expresó el presidente entrante de la CCPR, José M. Izquierdo para quien la nueva fórmula lo que hace es penalizar al comerciante que ya estaba pagando el tope de las contribuciones, convirtiéndose la medida en una acción punitiva y abusiva para los comercios del país. “Entendemos que se tiene que poner un tope porque de lo contrario se le estaría imponiendo una cantidad contributiva a pagar de cerca del 50% de sus ingresos. Una vez más se penaliza al contribuyente responsable que siempre paga”.

El sentir de los gremios no parece distanciarse del comerciante tradicional. Para Manuel Cidre, ex presidente de la Asociación de Productos de Puerto Rico, una vez más se penaliza al sector productivo del país con medidas apresuradas donde no se evalúan las consecuencias.

“El invertir o no en la Isla dependerá del retorno de la inversión. Si el mismo no es bueno no se van a meter. Esta medida no defiende al comerciante local, la realidad es que el local no tiene la capacidad para aguantar tantos embates económicos, por ende al afectar al sector productivo local o extranjero, se afectan todos.  No están mirando las consecuencias. Están viviendo al corto plazo y atentando contra la inversión”.

Para los economistas esta alternativa es una respuesta a otros recortes que han hecho en otros segmentos y tienen que cuadrar el presupuesto al final con otra medida impositiva, cuyo efecto es más detrimental para el desarrollo económico del país.

Coincidieron que la mejor alternativa era un alza en el IVU por un periodo de tiempo e incrementar la fiscalización de la evasión contributiva, estrategia que impactaba a todos los sectores por igual.

El economista Elías Gutiérrez se reafirmó en que este nuevo cambio es una intromisión adicional del gobierno central en los comercios del país. Aceptó que calcular dicho efecto es más difícil, por ser uno multiplicador que se puede agudizar con otras medidas que igualmente están bajo la consideración de los cuerpos legislativos. “El gobierno tiene que dejar ya de seguir legislando en contra del sector productivo de la Isla, que es quien está generando desarrollo económico y empleo. En la medida se siga asfixiando al sector productivo los precios continuaran el alzada, porque dicho costos operacionales van a seguir transfiriéndolos al consumidor. Con ello igualmente se desalienta el consumo. En la medida sigan apretando al comerciante y al consumidor seguirán buscando alternativas para defenderse y poder sobrevivir”.

Todos los entrevistados manifestaron estar confiados en que dicha enmienda no sea aprobada y se logre tomar en consideración todas las recomendaciones que el sector ha presentado.