La decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) de auspiciar una consulta plebiscitaria bajo los parámetros de la legislación de apropiación congresional del presupuesto del 2014, que fue convertida en ley a principios del año con la firma del Presidente Obama, en la que se asignó $2.5 millones para una campaña educativa sobre opciones de estatus en el primer plebiscito federal en nuestra historia para resolver la situación territorial- colonial de Puerto Rico, implica otro importante avance de la causa estadista entre los significativos adelantos estadistas de los pasados dos años.
El adelanto estadista consiste en que la legislación federal plebiscitaria se da en respuesta y reconocimiento de que el 6 de noviembre de 2012, el electorado local le quitó el consentimiento al actual estatus territorial-colonial y endoso de forma clara y mayoritaria la Estadidad. En lugar de dicha iniciativa federal plebiscitaria dormir el sueño de los justos por los próximos dos años y ser relegada por un proceso criollo de una alegada Asamblea Constituyente de Status encaminada a menoscabar la voluntad claramente expresada en las urnas a favor de la igualdad ciudadana por las minoritarias fuerzas separatistas, la actual administración de Alejandro García Padilla y la Junta de Gobierno del PPD se han vistos forzadas por la dramática bancarrota económica y fiscal del ELA, las aparentes presiones de Casa Blanca para terminar con la incertidumbre sobre nuestro futuro político y las fuertes presiones de su sector mayoritario separatista a definirse, a intentar mientras sea gobierno hacerse cargo a nivel local de la consulta plebiscitaria federal. Ello como un intento desesperado de última hora para ganar tiempo y minimizar daños.
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Independientemente de cómo termine todo este proceso, ya el PPD ha sufrido varios golpes y derrotas políticas importantes. La primera de ellas, lo es que ante las continuas y aparatosas degradaciones crediticias de la deuda del gobierno central y las corporaciones públicas, la bancarrota económica y fiscal del ELA queda al desnudo; y cada día tendrá menos resonancia su falaz discurso que lo importante no es resolver el status sino los graves problemas económicos y sociales de Puerto Rico. Peor aún, si se ha sumado a la iniciativa federal para resolver el status dentro de los próximos dos años, como a la vez puede seguir argumentando que resolver el status no es importante en la solución de nuestros más graves problemas económicos y sociales.
La segunda derrota lo es que si va a instrumentar la iniciativa plebiscitaria federal, el PPD se vera forzado a asumir una posición institucional sobre cual de las opciones no territoriales en la papeleta plebiscitaria, certificadas por el Secretario de Justicia federal de que cumplen con los parámetros de la constitución, la política pública y las leyes de los Estados Unidos, va defender en el plebiscito federal. Las únicas opciones no territoriales validas bajo esos parámetros lo son la Estadidad federada y la independencia (asociada o no). El PPD no podrá continuar promoviendo el engaño de un ELA mejorado pues todos los informes presidenciales y el poderoso comité de energías y recursos naturales del Senado federal han planteado claramente que dicha opción no es viable dentro del marco constitucional americano. Se verá forzado a ponerle fin a su histórica indefinición y ambivalencia sobre el tema. (Continuará)
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