La propuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se extienda a Puerto Rico el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos y que permitiría cobijar a las corporaciones y otras instrumentalidades públicas en la Isla, recibió el aval de la agencia Fitch Ratings, que no apoya la llamada ley de “quiebra criolla” firmada por el gobernador Alejandro García Padilla.
“Sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y los tenedores de la deuda de sus corporaciones e instrumentalidades públicas”, estimó Fitch en su informe divulgado hoy.
La propuesta de Pierluisi fue presentada el pasado 31 de julio, y propone una enmienda para que se autorice a las corporaciones públicas la posibilidad de reestructurar sus deudas a través del Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.
“Desde un punto de vista de la quiebra, la enmienda pondría a Puerto Rico a un paso de igualdad con los 50 estados, que puede utilizar actualmente el Capítulo 9 para lograr el ajuste de la deuda de sus municipios”, señaló Fitch, y agregó que la enmienda será examinada por el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja en el Congreso.
En contrapeso con la ley firmada recientemente por el gobernador, la cual permite la reestructuración de las corporaciones públicas a nivel local, la agencia acreditadora comentó que se trata “de un esfuerzo para llenar el vacío resultante de la ausencia de una alternativa federal de quiebras”. No obstante, destacó que “en opinión de Fitch supone un grado de incertidumbre jurídica respecto a cómo el ELA podría actuar en un momento de tensión financiera más grave”, como extender la quiebra a otras entidades excluidas en la ley aprobada por el gobernador, como sería el caso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).
Fitch indicó que la nueva ley local tuvo el resultado de ponerle mayor presión a la situación fiscal de la Isla y fue lo que provocó la degradación reciente de la agencia, que incluyó la rebaja crediticia de los mejores bonos locales como los de COFINA.
Estima que el pleito en el Tribunal federal en la Isla, levantado por firmas de fondos Franklin y Oppenheimer que cuestionan la constitucionalidad de la quiebra criolla, “probablemente será costoso para el ELA”, lo cual se convierte en una distracción de las gestiones más importantes en estos momentos.
Se explicó que aunque la ley de la quiebra criolla y la propuesta de Pierluisi tienen puntos de coincidencias, la segunda no aliviaría la tensión financiera inmediata que enfrenta la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pero sí aclararía las reglas para la reestructuración y las alinearías con el ordenamiento federal y eso “beneficiaría a los tenedores de bonos. También protegería al ELA de las reclamaciones de que está actuando injustamente o de forma arbitraria y contraria a las normas aceptadas”. De hecho, Fitch entiende que de aprobarse la enmienda al Capítulo 9, quedaría sin efecto la ley local.
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Exige “justicia e igualdad” para veteranos puertorriqueños
El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, exigió al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en una columna publicada en la revista de política The Hill, “justicia e igualdad” para los veteranos puertorriqueños en la forma de mayores servicios médicos, la construcción de un segundo hospital y equiparar en los beneficios que estos reciben con los demás veteranos en los estados.
“En pocos días, nuestra nación conmemorará los 100 años de aniversario de la “Gran Guerra”, el primer conflicto armado mundial en la historia. Este evento también marcó la primera vez que los puertorriqueños lucharon junto a los hombres de todos los estados de la Unión. Es un triste testimonio de que un siglo más tarde, los ciudadanos americanos que viven en el territorio de Puerto Rico y participan en las fuerzas armadas de los Estados Unidos son tratados con la misma desigualdad que en 1914”, dijo el líder estadista.
Este mes se conmemora un siglo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Datos oficiales del Departamento de la Defensa coloca el número de puertorriqueños enlistados en las fuerzas armadas para ese conflicto (1914-1918) en alrededor de 230,000. De estos, casi 17,500 vieron combate activo en Europa.
Según manifestó Aponte Hernández en su escrito, “a pesar de tener una población actual de sobre 200,000 veteranos, la Isla solo posee un hospital para el cuido de los veteranos. Pero a pesar de la urgente necesidad de construir otra facilidad médica, el Congreso todavía no ha aprobado los fondos para la obra”.
En promedio, un veterano puertorriqueño tiene que viajar unos 25 kilómetros para visitar el hospital. Esto es casi el doble de la distancia de un veterano en el continente. Los beneficios médicos asignados a los veteranos puertorriqueños también son deficientes en comparación con la de los otros estados, de acuerdo a Aponte Hernández. Por ejemplo, el número de clínicas que son permitidas a los veteranos puertorriqueños es menor que la de un veterano que residen en la Florida o Carolina del Sur.
“Desde 1917, los puertorriqueños, orgullosamente, han servido en las fuerzas armadas de nuestra nación. Alrededor de 700 mil de nuestros soldados han participado, con distinción, en todos los teatros de guerra de Estados Unidos, incluyendo tanto, la Primera y la Segunda Guerra Mundial; Corea, Vietnam, Kuwait, Kosovo, Afganistán e Irak. Pero a pesar de su enorme sacrificio, nuestra Isla aún carece de la infraestructura necesaria para atender a una población cada vez mayor de veteranos”, reseñó.
Para el expresidente cameral otro ejemplo de la injusticia que enfrentan nuestros hombre y mujeres en uniforme es el famoso Regimiento 65 de Infantería, una unidad de distinguir del Ejército que sirvió en la guerra de Corea y estuvo compuesto en su mayoría por soldados puertorriqueños, de ahí el apodo de los “Borinqueneers”; la cual tuvo que esperar más de 50 años para recibir su debido reconocimiento.
Aponte Hernández enfatizó que los veteranos de toda la nación seguirían siendo discriminados, siempre y cuando los veteranos puertorriqueños continúen siendo tratados como ciudadanos de segunda clase.
“Tras un siglo de lucha, sangre y sudor, es el momento para poner fin a la difícil situación de nuestros héroes”, concluyó.
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