{Cuando el Director del FBI Carlos Cases anunció que se investigaría a la Rama Judicial, hace alrededor de un año, le cayeron encima, desde Tribunales y su Administración. Hace unos días, desde la Administración de Tribunales dijeron que la Corrupción en la Rama Judicial era sólo una «percepción pública», pero las pruebas han sido tantas que tuvieron que crear una Comisión para Investigar (Recuerden El PPD Inmuniza y que su Mentalidad de la Justicia Latinoamericana es que son instrumentos de las Oligarquías políticas). Un sistema que de tres marcas encuentra dos candidatos y que CASI TODAS las posiciones directivas son seleccionadas en forma partidista y discriminatoria, poco a poco se institucionaliza y se generaliza la corrupción. Es que los PPD Chavistas creen en la forma Latinoamericana de la Justicia, como instrumento político de las Oligarquías Criollas. Pero, Gracias a los Federales, Nuevamente Salvando a Puerto Rico.}
Se activa el FBI en Caguas
Las conductas de la juezas Sylkia Carballo y Susana Serrano Mondesí mantienen en alerta a las autoridades federales tras recientes denuncias
Por Redaccion, EL VOCERO – 4:10 am
Melissa Correa Velázquez y Rafy Rivera, EL VOCERO
Fuentes de EL VOCERO alegaron ayer que las juezas del Tribunal de Caguas, Sylkia Carballo y Susana Serrano Mondesí son objeto de una supuesta indagación de parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
A esto se le añade que ambas juristas recibieron recientemente notificaciones de traslado de parte de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), como una supuesta medida de protección.
De acuerdo con las fuentes, ambas juezas se encuentran bajo una seria consideración de sus acciones, no solo del FBI, sino del Departamento de Justicia y OAT.
Precisamente, la información sobre Carballo y Serrano surgió a días de que EL VOCERO hiciera público un alegado patrón de conductas impropias que incluyen pagos de viajes, influencias, fiestas y hasta arreglos de casos en el Tribunal de Caguas. Esto desató señalamientos de parte de todos los sectores del gobierno.
Además, coincidió con las expresiones del secretario de Justicia, César Miranda, de que hacía meses le había advertido a la jueza administradora de OAT, Sonia Ivette Vélez, sobre incidentes no esperados de parte de algunos jueces en el Tribunal de Caguas. Las expresiones de Miranda surgieron en momentos en que el propio director del FBI en Puerto Rico, Carlos Cases, catalogó de “preocupantes e inaceptables” las supuestas denuncias hechas contra el mencionado tribunal.
EL VOCERO supo que el primer movimiento de juezas que hizo OAT fue contra Carballo, quien tenía a su cargo una sala de división criminal y posterior a ser alertada de la investigación del FBI fue enviada a una sala de la división civil. Esta acción ya fue concretada.
Sobre la jueza Serrano Mondesí, ésta fue informada el pasado 27 de junio de que sería trasladada al Tribunal de Humacao. Su nombramiento en Humacao será efectivo el 2 de septiembre.
El caso que levantó sospechas contra ambas juezas fue el que se siguió contra José Alamo Capeles, acusado por agresión sexual contra una menor de 12 años.
Inicialmente, la jueza Carballo lo tuvo bajo su consideración en hechos que se remontan a septiembre de 2013, por los cargos de agresión sexual por sostener relaciones sexuales con la menor de 12 años y que alegaba estar embarazada.
El caso llegó el 20 de noviembre ante la consideración de Carballo, quien más adelante no encontró causa para juicio en su contra, por lo que la fiscalía solicitó una vista en alzada. La vista en alzada se llevó a cabo ante la jueza Serrano Mondesí el 11 de febrero pasado.
En ese entonces, Serrano Mondesí tampoco encontró causa para juicio contra el acusado. Ello, tras admitir como prueba que la menor no era virgen. La magistrada fue revocada por el Tribunal de Apelaciones, foro que emitió una sentencia de censura en su contra.
En una sentencia del pasado 27 de marzo pasado, el Tribunal de Apelaciones criticó duramente a la jueza Serrano Mondesí por tomar en consideración para su determinación las experiencias sexuales previas de la víctima y su falta de virginidad. Un panel de juezas manifestó su oposición a la decisión de la jueza Serrano Mondesí.
Las juezas enfatizaron que el elemento del consentimiento o su ausencia no será factor a tomarse en cuenta cuando la víctima de agresión sexual es menor de 16 años porque el ordenamiento jurídico no le reconoce a una persona con menos de esa edad capacidad para consentir a una relación sexual.
Además, destacaron que las Reglas de Evidencia establecen que será inadmisible prueba sobre actos sexuales de la víctima ajenos al caso.
Otro caso en el que la magistrada Serrano Mondesí estuvo ante la palestra pública fue el de Jonathan Huertas Claudio, convicto por pagar para el asesinato del boxeador Joseph Serrano en hechos ocurridos en marzo del 2005. Serrano Mondesí sentenció a Huertas Claudio a probatoria. El entonces secretario de Justicia Roberto Sánchez Ramos acudió ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar que se revocara la sentencia.
Activo el FBI
En agosto del 2013, el director del FBI Carlos Cases anunció la creación de la escuadra -compuesta por ocho agentes y un supervisor- para investigar casos de corrupción en los tribunales estatales.
El funcionario explicó que tomó la decisión porque durante años su agencia recibió información sobre irregularidades cometidas en la rama judicial. Expuso que le solicitó a sus analistas un estudio de esa información y concluyeron que en efecto, hay un problema de corrupción judicial.
El jueves el secretario de Justicia, César Miranda, dijo que tenía conocimiento de alegados malos manejos en el foro estatal y que había llevado sus quejas ante la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta y ante la administradora de OAT, Sonia Ivette Vélez.
Tras las críticas por el manejo de este asunto, Fiol Matta anunció la creación de una Unidad Especializada en Investigaciones, adscrita a OAT para trabajar con las quejas relacionadas al desempeño de los jueces estatales.
Tal y como lo anticipó ayer este medio, la jueza presidenta del más alto foro judicial en la Isla convocó ayer a una reunión extraordinaria de ese cuerpo para informar las medidas que está adoptando para identificar y enfrentar los señalamientos de fallas en la administración de la justicia.
De acuerdo a un comunicado de prensa, los jueces y juezas asociadas expresaron estar conformes con las medidas adoptadas.
Una de las medidas presentadas es la creación de equipos especiales de investigación que impactarán las regiones judiciales con el propósito de identificar situaciones que afecten la administración de la justicia en esos lugares.
Estos equipos están integrados por un juez o jueza del Tribunal de Apelaciones, un miembro de la comunidad y un auditor de la OAT. El secretario de Justicia va a designar los recursos de la División de Integridad Pública que sean necesarios para atender estos asuntos.
Fiol Matta notificó al pleno del Tribunal Supremo que los equipos comenzarán su encomienda en las regiones judiciales de Caguas y San Juan y deberán rendir un informe a la jueza presidenta sobre cualquier irregularidad que detecten en la administración de la justicia, los aspectos operacionales y las áreas de servicio al cliente. Una vez completadas esas primeras dos regiones se investigarán otras dos regiones hasta completar las 13 regiones judiciales.
Asimismo, Fiol Matta sometió al pleno unas propuestas de enmiendas al Reglamento de Disciplina Judicial para apoyar los cambios en la investigación de las querellas.
“Para mí es una prioridad lograr recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y particularmente en los tribunales”, afirmó la jueza en declaraciones escritas.
El turno de los intocables
Por años la Rama Judicial y los jueces en particular habían estado excentos del escrutinio público.
Foto: Agustín Santiago
Por Mario Ramos Méndez – 4:10 am
Por años la Rama Judicial y los jueces en particular habían estado excentos del escrutinio público. Nadie en la Prensa se atrevía divulgar información aun corroborada de acciones delictivas o inmorales de parte de los jueces o personal de dicha rama. Aunque en ocasiones se escuchaban historias dantescas de uno que otro magistrado haciendo de las suyas, había una especie de ley no escrita que impedía que, de esta rama de gobierno y de sus componentes, se hiciera una fiscalización adecuada. La no divulgación era la norma.
Desde hace poco eso ha cambiado dramáticamente. Ahora la Prensa se siente libre, cómoda y con deber impostergable de divulgar lo que pasa en los estrados del País. Porque los jueces son seres humanos que vienen de la misma sociedad que los demás mortales. Su paso por la judicatura es efímero, temporal, por un determinado número de años y como todo servidor público se deben al Pueblo y tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos como cualquier hijo de vecino de esta tierra. En el caso de ellos la carga moral es mayor aún, ya que tienen sobre sus hombros un estricto código de ética y el sagrado deber de aplicar e interpretar las leyes.
Desde el triste caso de Manuel Acevedo Hernández, juez de Aguadilla que por dinero y prebendas vendió su alma y honra al delincuente Lutgardo Acevedo López, han salido a la luz pública información de otros casos que están siendo investigados por la fiscalía federal y el FBI, según informó esta semana EL VOCERO. Nunca nos hubiéramos imaginados que en la judicatura fuera a suceder un movimiento telúrico de esta naturaleza. Sospecho que esto es la punta del iceberg.
Para un considerable sector del Pueblo la sorpresa está en la divulgación con todos sus detalles que la Prensa ha hecho en los últimos días. Los actos mismos de los jueces no sorprenden mucho, pero abonan más aún a la desconfianza por parte de la ciudadanía que por años ha visto en los jueces de Puerto Rico funcionarios vagos, arrogantes, politizados y muy dados al amiguismo con abogados. Factores que erosionan la confianza y el respeto que en la Justicia pueda tener la gente que va a los tribunales en busca de un trato justo y de equidad.
No nos debe de extrañar el por qué históricamente las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, en especial, el Tribunal Federal y la Fiscalía, salgan con mejor estima y aceptación por parte del Pueblo que los mismos tribunales de Puerto Rico. Hasta la viuda de la persona muerta por Lutgardo Acevedo López, por éste manejar en estado de embriaguez, expresó públicamente su confianza y alivio cuando supo de la gestión hecha por el FBI y la fiscalía federal. La viuda, aunque sin dejar de sorprenderse, finalmente sintió que la justicia llegaba a su vida al ver que el juez que maculó todo el proceso criminal contra Lutgardo será ahora procesado por las autoridades federales.
Finalmente, balsámico ha sido lo dicho por la Administradora de Tribunales: “Nadie que no sea digno de usar la toga debe estar en un estrado”. Los jueces, como funcionarios públicos, también deben estar sujetos al escrutinio del Pueblo. La era de los intocables ha llegado a su fin.
El funcionario pidió a toda persona que tenga información de actos de corrupción en los tribunales de la Isla a comunicarse al (787)754-6000.
Carlos Cases, director del FBI, se comprometió con atender las denuncias dadas a conocer del Tribunal de Caguas. Agustín Santiago/EL VOCERO
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO –
El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases calificó de “preocupantes” e “inaceptables las denuncias hechas por dos exfiscales del Tribunal de Caguas sobre alegados actos de corrupción judicial en ese foro.
“Son alegaciones sumamente serias, que de ser ciertas, son totalmente inaceptables, que de nosotros obtener la información y desarrollarse, atenderíamos ese caso. Es el compromiso que tenemos Rosa Emilia Rodríguez y yo”, expresó Cases a EL VOCERO.
El funcionario pidió a toda persona que tenga información de actos de corrupción en los tribunales de la Isla a comunicarse al (787)754-6000.
El miércoles este medio reseñó las denuncias que hicieron dos exfiscales sobre presuntos actos de corrupción en el Tribunal de Caguas.
Explicó que cuando anunció la creación de una escuadra para investigar corrupción -agosto del 2013- en la judicatura, lo hizo porque durante años su agencia recibió información sobre irregularidades cometidas en la rama judicial.
Comentó que le solicitó a sus analistas un estudio de esa información y concluyeron que en efecto, hay un problema de corrupción judicial. La escuadra está compuesta por ocho agentes y un supervisor.
Afirmó que la gran mayoría de magistrados no incurren en estas prácticas. “Son más los buenos, pero desafortunadamente, casos como el del juez Manuel Acevedo manchan la reputación de todos los togados”, apuntó.
Aun se cuestiona el revuelo que causó su anuncio sobre la creación de la escuadra de corrupción judicial. Ello, debido a que durante años la agencia ha investigado la rama ejecutiva y legislativa.
Por su parte, la jefa de la Fiscalía Federa Rosa Emilia Rodríguez declinó reaccionar sobre el asunto.
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
“Hay manzanas podridas” en la judicatura
“La mayoría de los jueces son gente seria. Pero hay manzanas podridas que hay que identificar y sacarlos».
EL VOCERO/Eric Rojas
Por InterNewsService – 4:40 pm
El gobernador Alejandro García Padilla se refirió hoy a los supuestos casos de corrupción en el Tribunal de Caguas y señaló al respecto que “hay manzanas podridas que hay que identificar y sacarlas”.
García Padilla ofreció una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que se refirió a diferentes temas de actualidad, entre ellos las supuestas graves irregularidades de jueces, abogados y funcionarios del Tribunal de Caguas.
“La mayoría de los jueces son gente seria. Pero hay manzanas podridas que hay que identificar y sacarlos. Estamos trabajando juntos con las autoridades federales (FBI) y el gobierno hace 20 meses”, recordó el gobernador.
Según el mandatario, “la diferencia ahora con el pasado es que en la actualidad los estamos identificando y buscandolos”-
De acuerdo a informes de prensa, en el Tribunal de Caguas sería habitual que abogados paguen en efectivo gastos de viajes, cenas, almuerzos, fiestas y otras actividades de entretenimiento a jueces, una dinámica que se extiende supuestamente por varios años.
La denuncia fue hecha por dos exfiscales, que no dieron a conocer su identidad, y que involucran en el esquema a una abogada de Caguas, que supuestamente tiene influencias políticas y controla a los jueces que tienen renominaciones pendientes.
Sobre el caso, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, pidió hoy a los dos exfiscales que denunciaron serias irregularidades en el Tribunal de Caguas a comunicarse con la agencia para poder iniciar una investigación si los antecedentes lo ameritan.
Cases exhortó a los exfiscales “a comunicarse con el FBI, de forma confidencial, para recibir la información y poder iniciar una investigación sobre corrupción en el centro judicial de Caguas.
Agregó en una entrevista con una emisora nacional (WKAQ) que la pesquisa se desarrollará “si la información es válida y la podemos corroborar”.
El FBI estableció un equipo especializado para investigar a la Rama Judicial.
Crean unidad investigativa para evaluar desempeño de jueces
No se precisó la cantidad de investigadores que integrarán dicha unidad, pero Fiol Matta aseguró que “la Unidad contará con todos los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones rápidas y efectivas”.
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO –
La jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta anunció la creación de la Unidad Especializada en Investigaciones, adscrita de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) para trabajar con las quejas relacionadas al desempeño de los jueces estatales.
“En efecto, está a punto de concluir nuestro análisis de la normativa vigente y de los recursos con los que contamos para evaluar y fiscalizar el desempeño de los integrantes de la judicatura. Lo hemos hecho con mucha rigurosidad, con el fin de que los jueces que no estén a la altura de lo que se espera de ellos sean señalados, procesados y no tengan el privilegio de servir al País desde el estrado. Así podemos garantizarle al pueblo de Puerto Rico una Rama Judicial honesta e íntegra”, afirmó Fiol Matta en un comunicado de prensa.
La Unidad Especializada en Investigaciones contará con personal especializado dedicado exclusivamente a trabajar con las quejas relacionadas al desempeño de los magistrados estatales.
No precisó la cantidad de investigadores que integrarán la unidad, pero aseguró que contará con los recursos necesarios para llevar a cabo las pesquisas rápidas y efectivas.
Ordenará a los jueces administradores regionales para que habiliten en las Secretarías Regionales de los 13 centros judiciales un área en donde los ciudadanos presenten sus quejas sin tener que acudir a la OAT. Las querellas juramentadas serán libre de costo.
“De esta forma ampliamos las oportunidades que tienen los ciudadanos de colaborar con nosotros para garantizar la pureza e integridad de nuestra judicatura”, señaló Fiol Matta.
Asimismo, anunció que se revisarán los reglamentos que rigen las operaciones de la Comisión de Evaluación Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial para darle más agilidad y alcance a sus operaciones.
También se propone promover enmiendas a la ley que rige los procesos de la Comisión de Evaluación Judicial y a la Ley de la Judicatura. En ambos casos con el propósito de reforzar su poder de investigación.
“Estas, y otras medidas que estamos evaluando y que próximamente estaremos anunciado e implementando, servirán para reforzar nuestro poder de investigación. Hasta ahora la Rama Judicial ha llevado a cabo su función fiscalizadora con las herramientas que le proveen la ley y la reglamentación vigente. Hechos recientes nos han hecho ver que esto no es suficiente, que es tiempo de ir más allá. El pueblo de Puerto Rico lo reclama y los buenos jueces y juezas con los que cuenta el sistema lo merecen”, señaló.
21 de agosto de 2014
Viejas señales ignoradas
Ángela López Borrero/ Escritora y profesora retirada de la UPR
La imagen de la Judicatura en Puerto Rico está pasando por un periodo que mina la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial de la Isla. Hoy, las noticias destacan la acusación en el foro federal por conspiración y soborno contra el juez Manuel Acevedo Hernández, pero un recuento de los sucesos relacionados con el magistrado destaca que la Administración de Tribunales desestimó varias querellas en su contra y que su proceder ya daba señales de conducta impropia.
Ante semejante historial, los puertorriqueños expresan su indignación, manifiestan su desconfianza y muchos piensan que los jueces fallan; no obstante, reciben un trato liviano que minimiza sus decisiones, incluso cuando éstas sean contrarias a la justicia.
La función básica de la Judicatura no es la administración de la ley para una vida ordenada en sociedad. Se espera de un juez, no solo el mejor conocimiento de los códigos, sino una vida acorde con el sistema judicial que representan. Pero la historia en cuanto al proceder impropio de algunos jueces no es sólo cosa de nuestros días, sino que tiene una lista de nombres pasados que frustran lo que se espera de su conducta.
Un caso interesante para finales de los 60, y que llamó mucho la atención en su momento, fue el incoado por el juez Guillermo Méndez Muñoz (hoy fenecido) contra el juez Rafael Adolfo de Castro, ambos en función el Tribunal de Distrito, Sala de Humacao. La controversia llamó la atención pues se daba entre dos oficiales de la Judicatura.
De hecho, la determinación del caso tuvo su trascendencia, en tanto Rafael Adolfo de Castro fue encontrado culpable por acometimiento y agresión contra el juez Guillermo Méndez Muñoz, a quien no sólo golpeó en la nariz, causándole heridas y hemorragia, sino que amenazó con palabras soeces y con su arma oficial en una actividad navideña, poniendo en riesgo la vida y seguridad de los asistentes. El juez De Castro, por tal motivo, fue destituido de su cargo. Sin embargo, poco tiempo después, fue nombrado secretario auxiliar del Departamento de Justicia de Puerto Rico, y más adelante procurador del ciudadano de Puerto Rico.
Ante una situación tan bochornosa, que definitivamente produjo preguntas y desconfianza, urge un análisis profundo de lo ocurrido en el pasado con la Judicatura puertorriqueña, pues cierta parece la sentencia de que un pueblo que desconoce sus errores está destinado a repetirlos.
Denuncias contra jueza de San Juan
Representante asegura que jueza beneficia a esta administración para lograr una silla en el Tribunal de Apelaciones
VOCERO/Agustín Santiago
Por Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO – 4:55 pm
El representante Jose Aponte Hernández no descartó radicar una querella en contra de la jueza superior del Tribunal de San Juan, Aileen Navas Auger, por discrimen judicial en contra de los niños de educación especial y a beneficio de esta administración para alcanzar una silla en el Tribunal de Apelaciones.
“En la conversación con varios padres se indicó que podrían presentar querellas. En ese sentido estoy trabajando en el asunto. Es una acción directa de la comunidad afectada de niños y niñas de educación especial”, comentó Aponte Hernández.
La denuncia de Aponte surge en momentos en que la judicatura del País está bajo fuego por posibles malos manejos y actos impropios por parte de jueces del Tribunal de Caguas.
Según el líder estadista, la jueza tiene una tendencia para favorecer el gobierno de Alejandro García Padilla por lo que solicitó su inhibición en el pleito de clase Lydia Vélez vs. Departamento de Educación y otros. También pidió al gobernador que no nomine a la jueza al Tribunal Apelativo.
Aponte Hernández enumeró en conferencia de prensa desde su oficina legislativa las decisiones de la jueza que a su entender no están al mejor beneficio de los estudiantes de educación especial.
Dijo que el pasado 31 de enero estableció que los padres que quieran reclamar daños y perjuicios por falta de servicios no podrán hacerlo en un pleito de clase; que cambió las reglas del juego porque ahora se debe probar un nexo causal de que el daño sufrido por el estudiante impedido es producto de negligencia por parte del estado y desestimó el caso incoado por lo padres tras el cierre de escuelas.
“Estas son decisiones irresponsables que afectan directamente a nuestros niños. Está claramente evidenciado la clara tendencia de esta jueza a proteger la administración y no a la comunidad de educación especial”, puntualizó.
El oficial de prensa de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), Daniel Rodríguez León, aseguró a EL VOCERO que la jueza Navas Auger “no tiene quejas pendientes en la Oficina de Asuntos Legales de la OAT”.
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Fiol Matta convoca reunión extraordinaria por corrupción judicial
Jueces nombrados por Luis Fortuño critican medidas tomadas por la jueza presidenta para atender el problema de corrupción judicial
EL VOCERO/Agustín Santiago
Por Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO – 10:24 am
La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Liana Fiol Matta, convocó una reunión extraordinaria con el pleno para discutir el problema de corrupción judicial en los tribunales estatales, informaron fuentes de EL VOCERO.
Asimismo, una fuente de entero crédito informó a este medio que los jueces de ese alto foro judicial que fueron nombrados por el exgobernador Luis Fortuño, consideran cosméticas las medidas tomadas por la jueza presidenta para atender el problema de corrupción judicial en los tribunales estatales.
Señaló que los magistrados del Supremo nombrados por la pasada administración consideraron que se deben tomar medidas más agresivas para atender este problema.
Afirmó que a los magistrados les sorprendió que Fiol Matta no consultara al pleno sobre la creación de la Unidad Especializada en Investigaciones para trabajar las querellas contra jueces. Ello, a pesar de que la jueza presidenta tiene la facultad para así hacerlo.
“Piensan que es el mismo perro con el mismo collar, que es una improvisación y que las medidas son cosméticas. Se deben tomar medidas más agresivas”, apuntó la fuente.
Señaló que los jueces sienten malestar tras las declaraciones del secretario de Justicia César Miranda a EL VOCERO de que había discutido el asunto con Fiol Matta y que esta no les había comunicado nada.
“Aunque actualmente los jueces se evalúan cada tres años, hay que tirarse a la calle, no puede ser por un formulario. Actualmente, se utilizan formularios para evaluar magistrados y se realizan entrevistas a otros jueces, secretarias y otro personal de la corte y estos lo que hablan es a favor de los magistrados”, expuso.
La fuente anticipó que los jueces propondrán a Fiol Matta la creación de una Unidad Independiente para que sus miembros puedan acudir hasta restaurantes, indagar quién paga costosos vinos en almuerzos y cenas y para verificar los patrones de conducta de jueces.
Asimismo, establecer la política de comunicación con los jueces administradores.
“Preocupa que bajo Liana Fiol Matta se continúe este tipo de política pública. Federico Hernández Denton quería mantener el poder de revisar las querellas y la mayoría de los jueces del Supremo parece que van dirigidos a que los ciudadanos puedan solicitar revisión ante el tribunal supremo una vez la directora de los tribunales y la presidencia del Supremo determinen el archivo de la queja. De este modo, los procesos investigativos de los jueces o se quean en un cuarto oscuro de la OAT y se procura que la totalidad de los jueces y juezas del supremo pueda confirmar si procede o no el archivo.
Destacó que el gobernador Alejandro García Padilla adscribió la comisión de evaluación judicial a la presidenta del supremo y relevo el poder regulador del pleno. lo cual es patentemente inconstitucional.
le quitó al pleno del Tribunal Supremo la facultad de evaluar a l. Ello, tras la aprobación de la Ley 67 del 2014 que enmienda la Ley del Sistema de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces. La misma crea una Comisión de Evaluación compuesta por nueve miembros seleccionados y nombrados por el juez presidente del Tribunal Supremo. Uno de sus miembros será un juez del Supremo y quien actuará como presidente de la comisión, un integrante que no será abogado y otra persona que tenga experiencia en asuntos gerenciales y de administración.
ema a una abogada de Caguas, que supuestamente tiene influencias políticas y controla a los jueces que tienen renominaciones pendientes.
año sufrido por el estudiante impedido es producto de negligencia por parte del estado y desestimó el caso incoado por lo padres tras el cierre de escuelas.
You must be logged in to post a comment Login