{Entendemos que este Proyecto que Ordeno AGP es para manipular el Referéndum Plebiscitario para incluir algo así como Ninguna de las Anteriores y que el Supremo no pueda pasar juicio sobre el ultimo truco Colonialista. No han podido Ni Podrán definir la Colonia Separadas con los Fondos Federales que Eliminaría la Unión Permanente, los Tribunales Federales, Las Leyes Congresionales y los Derechos de la Ciudadanía Americana. Le presentaran al Secretario de Justicia Federal una Ensarta de Contradicciones Imposibles de Conciliar con la Constitucion, Leyes y Política Publica USA y cantaran Foul, entonces incluirán El No Decidir para que con una Campana de Miedo Posponer La Estadidad, y lo harán a ultima hora para qu el Supremo No Adecente el Proceso. Eso Ya Se Ve y los Legisladores y el PNP deben estar Preparados.}
Se cocina medida que cambiaría el Supremo
El proyecto enmendaría la Ley de la Judicatura para, entre otras cosas, impedir que el tribunal pueda recibir y atender recursos sin que estos hayan pasado la cadena de procesos.
Agustín Santiago/EL VOCERO
Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – 4:02 am
La Cámara se disponía ayer a aprobar un proyecto que cambia nuevamente parte de la forma en que opera el Tribunal Supremo. El proyecto sería aprobado con el voto en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP).
La medida busca enmendar la Ley de la Judicatura para, entre otras cosas, impedir que el Tribunal Supremo pueda recibir y atender recursos sin que estos hayan pasado la cadena de tribunales que comienza en el Tribunal de Primera Instancia.
Sí le permite al Supremo continuar viendo los recursos de hábeas corpus que permiten excarcelar a una persona cuando han pasado los seis meses sin que haya ido a juicio, como establece la Constitución.
El representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, defendió el proyecto al argumentar que garantiza un sistema judicial para todos y todas.
“Este proyecto lo único que busca es delimitar de manera razonable los linderos mediante los cuales se ejercita la competencia del Tribunal Supremo para atender lo que constitucionalmente estamos obligados a atender, que es cuando entendemos que haya una mejor manera de estructurar la competencia de los tribunales, procedamos a hacerlo para bien de la administración de la justicia”, dijo Vega Ramos durante el debate de ayer que, al cierre de esta edición, no había concluido.
Insistió en que los casos pueden complicarse más de lo necesario si se permite ir directamente al Supremo.
“Esa toma de ese caso puede impedir en la práctica que el principio fundamental del sistema, que es que cada persona tenga su día en corte, en efecto se dé”, dijo Vega Ramos. “El Tribunal Supremo, en cierta medida como el Tribunal de Apelaciones, no está diseñado para ser ese tipo de foro. Está diseñado para ser un organismo colegiado, para que cuando reciban el expediente miren si de ese expediente hay algo que llame la atención y obligue a resolver el caso”.
La representante novoprogresista María Milagros Charbonier, dijo por su parte que ya el Tribunal Supremo declaró inconstitucional una ley similar.
“No es que lo hayan dicho los jueces PNP, como dicen, es que ya el Tribunal se había declarado sobre esto desde Trías Monge”, dijo Charbonier. “Yo creo que esta Asamblea Legislativa se va a caracterizar por intentar ir por encima de una sentencia de un Tribunal Supremo declarando inconstitucional una ley que ellos aprobaron y, de forma intencional, vuelven nuevamente a ir sobre el asunto”.
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
21 de agosto de 2014
Cámara aprueba proyecto que limita poderes del Tribunal Supremo
La medida pasa ahora a la consideración del Senado
Por Rebecca Banuchi/ rebecca.banuchi@gfrmedia.com
Enmienda la «Ley de la Judicatura» del 2003 y las Reglas de Procedimiento Civil para establecer que el auto de certificación no podrá utilizarse para elevar ante la atención del Supremo controversias que se encuentren en el tribunal de instancia. (LUIS.ALCALADELOLMO@GFRMEDIA.COM)
Tal como reclamó en días recientes el gobernador Alejandro García Padilla, la Cámara de Representantes le dio paso este jueves a un proyecto de ley que limitaría las facultades del Tribunal Supremo para llevar ante sí controversias que no hayan sido dirimidas en los tribunales de menor jerarquía.
Con la oposición de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), la mayoría popular aprobó durante su segundo día de sesión el Proyecto de la Cámara 1248, presentado por el Ejecutivo en junio del año pasado, luego que el Tribunal Supremo declarara la inconstitucionalidad de una ley que también buscaba restringir los poderes del máximo foro judicial.
La controversia entre las ramas de Gobierno se exacerbó el mes pasado a raíz del recurso de certificación que expidió el Tribunal Supremo para atender el caso presentado por la Asociación de Abogados y el senador Thomas Rivera Schatz para impugnar la recién aprobada «Ley de la Colegiación Integrada de la Abogacía». Ese trámite judicial evitó que el pleito se ventilara en el Tribunal de Primera Instancia.
El representante Luis Vega Ramos, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, que evaluó la medida, insistió este jueves en la constitucionalidad del proyecto de ley al argumentar que no altera la jurisdicción del Tribunal Supremo, sino que modifica la competencia o la manera en que ese foro organiza y ejerce sus facultades.
«Aquí no estamos ante ningún ejercicio misterioso, atípico o extraño. Al contrario, estamos ante el ejercicio ordinario en que la Asamblea Legislativa, sin cuestionar la jurisdicción del Tribunal Supremo para ser el árbitro final de cualquier controversia, se ha movido a garantizar los mejores intereses de la administración de la justicia y de que cada ciudadano y ciudadana que tenga un problema tenga su día en corte», afirmó el legislador al presentar el informe a favor de la medida.
«Aquí hay evidencia del ejercicio legítimo de la Asamblea Legislativa, de la obligación de tiempo en tiempo de la Asamblea Legislativa, para el mejor interés de la justicia, de organizar la estructura y la competencia del Tribunal General de Justicia, encabezado por el Tribunal Supremo», añadió.
El proyecto de ley, que ahora pasa ante la consideración del Senado, entre otras cosas, enmienda la «Ley de la Judicatura» del 2003 y las Reglas de Procedimiento Civil para establecer que el auto de certificación no podrá utilizarse para elevar ante la atención del Supremo controversias que se encuentren en el tribunal de instancia. No obstante, se permitiría emplear ese recurso en asuntos pendientes ante el Tribunal de Apelaciones.
Además, limita la competencia del Tribunal Supremo para revisar las actuaciones interlocutorias del Tribunal de Apelaciones en casos civiles y las sentencias y resoluciones del foro intermedio sobre asuntos de naturaleza interlocutoria en casos civiles ventilados en el Tribunal de Primera Instancia. Los asuntos interlocutorios son conflictos que podrían surgir dentro de un pleito judicial, cuya resolución no determina el caso en sus méritos.
Para la minoría del PNP, el P. de la C. 1248 es un proyecto natimuerto que correrá la misma suerte de la Ley 18-2013. Ese estatuto fue firmado por el primer ejecutivo en mayo del año pasado, y buscaba “revisar la competencia original y apelativa del Tribunal Supremo”. Sin embargo, posteriormente el máximo foro judicial dictaminó mediante resolución su inconstitucionalidad esbozando, entre otros argumentos, la doctrina de separación de poderes.
«Tengo la impresión de que esta delegación del Partido Popular se va a ganar un lugar en la historia, de ser la delegación que más leyes ha aprobado y que han sido declaradas inconstitucionales», manifestó la representante novoprogresista María Milagros Charbonier durante su turno en el extenso debate legislativo.
«Creo que es un resultado fatal en cuanto a nosotros, que hemos sido elegidos por el pueblo bajo el esquema constitucional de separación de poderes, que no respetemos ese mandato constitucional que establece los límites que cada una de las ramas de poder tiene», añadió.
En tanto, su correligionaro Ricardo Llerandi Cruz opinó que la pieza legislativa atenta contra el acceso a la justicia, pues alargaría los procesos judiciales al impedir que un caso sea llevado directamente al Supremo, y por ende, los encarecería. De igual forma, planteó que la medida responde a la «guerra» que han declarado la Legislatura y el Ejecutivo al Tribunal Supremo por decisiones recientes que han ido en contra de sus intereses.
«Nos debería preocupar el intento constante de retar al Tribunal Supremo como ha hecho esta administración», subrayó Llerandi Cruz.
Vega Ramos aseguró que el proyecto aprobado se distancia de la Ley 18-2013, y dijo que incluye salvaguardas que aseguran que pasaría el escrutinio constitucional si es retado en los tribunales.
«Este proyecto, distinto al anterior, claramente se fundamenta en la eficiencia judicial, en la economía procesal y el derecho de que cada parte tenga su día en corte… Este proyecto permite, en los casos civiles, que se pueda ver la totalidad del caso y se puedan levantar oportunamente todos los argumentos en el Tribunal Supremo», puntualizó Vega Ramos.
ecto se dé”, dijo Vega Ramos. “El Tribunal Supremo, en cierta medida como el Tribunal de Apelaciones, no está diseñado para ser ese tipo de foro. Está diseñado para ser un organismo colegiado, para que cuando reciban el expediente miren si de ese expediente hay algo que llame la atención y obligue a resolver el caso”.
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