La toga judicial se ha rasgado. El fino encaje blanco de puños se deshilacha ante los ojos de un Pueblo que clama por la transparencia, pulcritud e integridad de la judicatura. En una verdadera democracia, la Rama Judicial no está ajena al escrutinio más puntilloso. Quien no pueda sostener los más altos principios para sentarse en el estrado, deberá enfrentar su destino de su destitución. En un gobierno, ‘por el Pueblo y para el Pueblo’, somos los vigías de nuestras instituciones. Nadie está por encima de la ley. Ni los(as) llamadas(os) a velar por su cumplimiento. La deferencia a un cargo no es sinónimo de veneración santificada a una casta de intocables. Por el contrario, la belleza de una democracia es la continua fiscalización de quienes tienen el privilegio de ocupar puestos para impartir justicia, no para escudar la injusticia. Como tal, todos(as) son removibles cuando se logra demostrar su posible abuso del poder.

No es casualidad la similitud del montaje escénico de tanto las iglesias, como los tribunales. La puesta en escena de los tribunales, es un calco de los ritos eclesiásticos, con la gran diferencia que su poder emana del Pueblo, y no de un dios. La réplica del templo, los rituales protocolares para crear un espacio de respeto y solemnidad ante la autoridad del Tribunal, busca despertar en su audiencia la compostura y seriedad conducentes a la ponderación. La estructura de la sala, los bancos dirigidos hacia la nave central mirando al altar de un estrado elevado por encima del nivel de quienes comparecen ante si, persigue promover un espacio neutral, en que el silencio sepulcral permita a las partes presentar sus argumentos ante un árbitro neutral. Su llamada ‘objetividad’ nace de la subjetividad del respeto a la dignidad del prójimo y la igual aplicación de la ley sujeto al contexto histórico. El ropaje medieval que separa a la judicatura, como la vestidura que separa a los curas de su feligresía, es tan fina como su tela. El imaginario construido para legitimar su poder equivocadamente se ha montado sobre la falsa noción que son intocables por su largo término en la posición; en ocasiones, confundiéndose lo que es un papel de árbitro de sus pares, con uno de todopoderoso. Infundir temor no es lo mismo que dictar rectitud.

Los caja de pandora que ha destapado la admisión de culpa de parte de Lutgardo Acevedo ante el Tribunal Federal de comprar su absolución sobornando al juez de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, irónicamente es una magna aportación para erradicar la corrupción que aparentemente carcome la justicia desde el estrado. En fila para enfrentar ‘la justicia’, se encuentran dos otras juezas del Tribunal de Caguas, Sylvia Caraballo Nogueras y Susana Serrano Mondesí. Interesantemente, lo que no se hizo con el exjuez presidente Federico Hernández Denton, durante su investigación senatorial el cuatrienio pasado, la hoy Jueza presidenta Liana Fiol Matta, ante la presión pública no le tembló el pulso para relevar a estas dos juezas de su cargo, pendiente a investigación, en aras de proteger la confianza en los tribunales.

El sistema político de designación y confirmación a la judicatura puede estar cundido de corrupción dependiendo del nivel de integridad de los posibles malhechores que trazan la ruta. Una vez confirmado(as), la Rama Judicial no se puede lavar las manos aduciendo a que no son partícipes de la selección de candidato(as) a la judicatura. El Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) no puede abdicar a su poder para remover del estrado a jueces de los tribunales de menor rango, ya que el residenciamiento de jueces asociados del más alto foro judicial le corresponde a la legislatura (Art V, Sec 11, Constitución del ELA, 1952).

Un asunto es la independencia judicial, y otro, la posible conducta inapropiada y corrupta de quienes abusan de su toga. ¿Debe ser la OAT la primera puerta que se abre para determinar si hay causa para formalizar una querella contra un(a) juez(a)? Mantener dicho trámite ante la OAT, ¿es un serio conflicto de interés por ser juez y parte, al estar en juego su posible incumplimiento con sus deberes? Por lo tanto, ¿la evaluación inicial de la posible conducta inapropiada de un(a) juez(a) que pudiese culminar con la determinación del pleno de la remoción de su cargo judicial, por ser un asunto judicial, está mejor servida bajo la jurisdicción exclusiva de la presidencia del TSPR, en lugar de OAT? ¡El silencio de la solemnidad libre de alianzas partidistas debe guiar el juicio de los jueces!

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.