Mientras se asegura la inminente salida del secretario de Educación, Rafael Román, todavía no queda claro por qué el primer día de clases no estaban en los salones de clase todos los asistentes de servicio (T-1) necesarios para prestar los servicios al estudiantado del Programa de Educación Especial.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) aseguró, en declaraciones escritas, que antes del inicio de clases “el 100 por ciento de los puestos solicitados por el Departamento fueron aprobados”.
Sin embargo, a principio de esta semana, el gobernador Alejandro García Padilla lanzó un ultimátum al titular de Educación para que se nombraran los T-1 en todas las escuelas en o antes del día de hoy.
Román presentó ayer un informe al primer ejecutivo en el que asegura se completó la gestión de contratación de los 2,100 T-1 que estaban asignados y autorizados para trabajar con estudiantes de Educación Especial este año escolar.
No obstante, la exsecretaria asociada de Educación Especial, Doris Zapata, aseguró que- hasta el lunes de esta semana-todavía faltaban 581 por nombrar de los 2,681 T-1 necesarios.
Los Medios Falderos de la Colonia Esconden la Verdad en el Departamento de Educación.
EL VOCERO solicitó detalles a OGP sobre la fecha en la que se solicitaron y aprobaron los puestos. Además, la cantidad de puestos que la agencia solicitó aprobar, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Con la aprobación de la Ley 66 de Sustentabilidad Fiscal se prohibieron los nombramientos de empleados regulares o de carrera, transitorios o irregulares a partir del 1 de julio de 2014. Esta prohibición obligó a todas las agencias del Gobierno central a pasar por el crisol de OGP a la hora de nombrar empleados transitorios o irregulares como es el caso de los T-1.
Sin embargo, el estatuto exceptúa de la prohibición los nombramientos que son “indispensables e imprescindibles para asegurar el cumplimiento de los deberes ministeriales de la agencia” y “responden a un requerimiento específico y directo de un tribunal o foro administrativo competente para ocupar el puesto”.
Según la ley, la solicitud de ocupación del puesto a la OGP debía ir acompañada por una certificación suscrita por la agencia certificando la existencia y la aplicabilidad de la excepción bajo la cual se está sometiendo, un narrativo abundando sobre los fundamentos, y una confirmación de la inhabilidad de ocupar el puesto mediante traslado o destaque.
A todo este proceso se suma que el Programa de Educación Especial sufrió un recorte de $45 millones en el nuevo presupuesto que entró en vigor el pasado 1 de julio.
De $517 millones que recibía el Programa de Educación Especial en 2012, el año pasado recibió $487 millones y este nuevo año fiscal $434 millones.
Los nombramientos de T-1 son subvencionados con fondos estatales.
El titular de Educación informó que con la contratación de estos 2,100 T-1 se eleva a más de 5,500 los trabajad
ores de este tipo que están en las escuelas rindiendo servicios para los estudiantes de Educación Especial.
Además, informó que, a partir de hoy, el Departamento de Educación activará su Centro de Llamadas 
1-855-759-4099 para recibir información relacionada a la contratación de asistentes de servicios.
Fortaleza asegura que no busca sustituto
El gobernador Alejandro García Padilla no busca, en este momento, candidatos para sustituir al secretario de Educación, Rafael Román, aseguró ayer su secretario de Prensa, Jesús Manuel Ortiz.
Ortiz hizo las declaraciones ayer luego que una agencia de noticias (Inter News Service) aseguró que el primer ejecutivo “hizo contacto directo con potenciales candidatos para reemplazar a Román”.
Según la agencia de noticias la lista de candidatos la encabeza la doctora Celeste Freytes, quien fue vicepresidenta de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Otro posible sustituto es Román es Alfredo Carrasquillo, psicoanalista y profesor de la Universidad del Sagrado Corazón (USC).
También, la agencia de noticias apuntó a la profesora de la UPR, María de los Ángeles Ortiz, doctora en Administración y Educación Superior.
La doctora Ángeles Molina de Iturrondo, exdecana de la Facultad de Educación de la UPR en Río Piedras; Ana María García Blanco, fundadora del Instituto Nueva Escuela y miembro de la Junta de Síndicos de la UPR; y el doctor César Rey, secretario de Educación durante el cuatrienio de Sila Calderón, también son posibles candidatos aseguró la agencia de noticias.
De otro lado, García Padilla anunció ayer que ordenará una auditoría externa sobre el Programa de Educación Especial del sistema público de enseñanza.
La auditoría externa estará a cargo de una firma de contadores públicos autorizados que no fue especificada.
“Los niños del sistema de Educación Especial no merecen un inicio de semestre como el que acabamos de vivir y tienen que ser atendidos con a mayor sensibilidad y eficiencia”, sentenció el primer ejecutivo ante la convención anual del Colegio de Contadores Públicos.
García Padilla dijo que la auditoría analizará cómo se han estado utilizando los fondos de los miles de millones invertidos en Educación Especial en la última década.
Por su parte, el secretario de Educación dijo en declaraciones escritas que gestionará la auditoría externa con inmediatez.
“Los resultados de esta auditoría servirán para, precisamente, encaminar la reestructuración que queremos del Programa de Educación Especial para hacer más ágil la prestación de los servicios y la atención de las necesidades de los más de 160 mil estudiantes de Educación Especial”, apuntó el funcionario.
A su salida de la convención, García Padilla aseguró que vio los documentos relacionados al proceso de nombramientos de los T-1.
“He visto los expedientes y he visto los documentos. Por ejemplo, cuándo los puestos se solicitaron, una vez aprobado el presupuesto como corresponde, y las fechas de adjudicación por parte de OGP. Luego los problemas burocráticos que tenemos que atender dentro del Departamento”, sostuvo ante una pregunta de la Prensa.
EL VOCERO solicitó acceso a los documentos que revisó el gobernador, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Román rechaza aumentos de sueldos a empleados de confianza
El secretario de Educación Rafael Román Meléndez rechazó el viernes que en la agencia se realizaran “jugosos ajustes de salario”, rechazando versiones publicadas en el diario Metro.
“No se trata de aumentos, es un cambio en las condiciones contractuales de estos empleados que ahora, como se le indicó al diario, ejercen nuevas funciones con mayor grado de responsabilidades. En términos, de los salarios de nuestro personal de confianza todos están a tono con lo establecido en las disposiciones de la Ley 66 y las órdenes ejecutivas radicadas al respecto. Somos conscientes de la situación fiscal y hemos sido consistentes en el cumplimiento de estas disposiciones”, dijo Román Meléndez en declaraciones escritas.
El funcionario aclaro que en el caso de la profesora Ana Rosado, quien actualmente funge como ayudante especial del subsecretario para Asuntos Académicos y secretaria auxiliar interina de Planificación y Desarrollo Educativo, “no ha recibido ningún aumento salarial y tampoco le corresponde un ajuste de $3,000”.
“Su ajuste será de menos de $1,000”, dijo.
El diario Metro informó en su edición de hoy que en momentos en que el Gobierno ha congelado los aumentos salariales para apalear la crisis fiscal que atraviesa el país, en el Departamento de Educación (DE) se realizaron jugosos ajustes de salario como parte de los cambios que se ha realizado a nivel interno en la agencia.
Según se desprende de unos documentos obtenidos por esa publicación, Rosado fungía como ayudante especial y ahora también es secretaria auxiliar, lo que se traduce en una remuneración adicional de $3,000 mensuales. De acuerdo con los documentos, el salario de Rosado asciende a $8,528.
Mientras que la directora interina de Estadísticas, Lydiana López, recibió un ajuste en su salario de $1,985 al mes. Antes devengaba $3,240, y desde mayo de este año su salario es de $5,225.
El periódico dio cuenta de otra ayudante especial que fue nombrada a otro cargo es Ivette Trujillo, quien ahora se desempeña como directora de la región de Humacao con un salario de $5,669, efectivo el agosto del pasado año. Su aumento fue de $687.
Por otra parte, Jocelyn Carrasquillo, quien fue designada para vigilar el proceso denominado remedio provisional y que fue cesanteada bajo la Ley 7 en el pasado cuatrienio, regresó en el 2013 ganando $1,183 más mensuales en noviembre de 2013, por lo que devenga $6,822 al mes.
El secretario Román está bajo fuego el viernes cuando se cumple el plazo del “ultimátum” que le dio el gobernador Alejandro García Padilla para que resolviera los problemas del Programa de Educación Especial de la agencia.
Román alegó haber cumplido con lo requerido por García Padilla.
Aponte Hernández exige ver evidencia de contrataciones en Educación
El representante José Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), volvió a reclamar la renuncia del secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, pues considera que “mintió descaradamente para encubrir el desastre que todavía hoy viernes, día que se cumple el plazo dado por el gobernador Alejandro García Padilla para que solucionara todos los problemas que atraviesa el nuevo inicio de clases, reina en el Departamento de Educación”.
“Ante el bien documentando patrón de engaños perpetrados por el titular de Educación”, Aponte Hernández lanzó un reto al funcionario para que presente hoy públicamente toda la evidencia sobre la supuesta contratación de maestros y Trabajadores 1 (T1).
“Los desaciertos que hemos presenciado y que han provocado el peor comienzo de un año escolar en nuestra historia, pero muy especialmente las mentiras continuas del propio secretario para tratar de encubrir la incapacidad de esta administración, requiere su salida inmediata”, manifestó el político.
Según destacó el representante, “la escasez de maestros y T1 continúa rampante a través de toda la isla. Tenemos casos como la escuela Luis Muñoz Rivera, en Utuado, donde al día de hoy todavía faltan tres maestros. Peor aún, las mentiras que ha dicho este funcionario para tratar de salvar su puesto son tantas que no hay forma de sostenerlas”.
Agregó que “Román alega ahora que se contrató a todos los maestros y T1 para el programa de educación especial, y eso es totalmente falso. Voy a dar un ejemplo: en la escuela vocacional Reyes Padilla (Utuado) faltan cuatro maestros, incluyendo el que imparte clases a estudiantes de educación especial. Esa es la verdad. No se ha avanzado nada y por eso el gobernador debe pedirle la renuncia hoy mismo”.
Sigue en negativo el Índice de Actividad Económica
El Índice de Actividad Económica (IAE) volvió a registrar otra reducción en julio, esta vez de 0.7 por ciento (%), en la comparativa año a año.
En junio pasado, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que elabora el índice a partir de cuatro indicadores económicos que incluyen venta de cemento, empleo, producción de energía eléctrica y consumo de gasolina, había reportada una reducción anual de 1.0%. El IAE en julio fue de 125.1 y en junio estuvo en 126.1.
Desde enero de 2013, el IAE con alzas y bajas no ha logrado salir de terreno negativo, lo cual ya suman 19 meses consecutivos. Tras la caída constante hasta agosto de 2013, el índice dio muestras de aguante en la caída con su pico más alto dentro del espacio negativo en marzo de este año, pero a partir de entonces prácticamente no ha reflejado una significativa mejoría.
En el renglón de venta de cemento para julio 2014, ascendió a 1.25 millones de sacos, para un descenso anual del 6.9%.
Por el lado del empleo no agrícola, para julio 2014 promedió 904,300, un incremento anual de 0.2%.
Respecto al número preliminar para el consumo de gasolina, fue de 81.9 millones de litros en julio, cifra que se quedó 7.2% por debajo de julio de 2013.
Mientras, la generación de energía eléctrica para julio 2014 totalizó 1,869.9 millones de kWh, lo cual representa un descenso anual d
el 0.2%.
Temas Economía Educación
Pierluisi presenta soluciones a la crisis
Durante un mensaje ofrecido el viernes, en el foro “De la Crisis a las Oportunidades”, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, presentó sus soluciones a la crisis socioeconómica que padece la Isla y los 10 principios básicos que, según él, tienen que formar parte de las soluciones a los problemas que aquejan a Puerto Rico.
“La crisis económica que estamos atravesando afecta todo nuestro entorno social, económico, cultural y político. Actualmente tenemos una economía deteriorada y decreciendo que causa menos empleos, baja calidad de vida, alta criminalidad, deserción escolar desmedida, reducción poblacional y fuga de talento”, dijo Pierluisi en un comunicado de prensa, quien añadió que “es imprescindible cambiar este rumbo para atraer el progreso y atender los problemas sociales que enfrentamos como pueblo”.
Pierluisi fue enfático en que el estatus es la raíz de los problemas que enfrenta la Isla, en que urge un cambio drástico y en que dado a que sobran los estudios y planes, lo que se necesita ahora son resultados.
“Estoy claro de que debemos comenzar reconociendo que el Estado Libre Asociado ha colapsado y que la búsqueda de la igualdad es la mejor opción que tenemos para garantizar nuestros derechos civiles y mejorar la situación económica de Puerto Rico”, dijo.
“Para atender los problemas de Puerto Rico necesitamos un cambio de rumbo drástico, tanto en el modelo estructural como en el operacional. Tenemos que encaminar a Puerto Rico hacia la igualdad con el resto de los Estados Unidos. Y tenemos que poner énfasis en resultados más que en estudios y planes,” añadió Pierluisi.
El comisionado ofreció su mensaje en un foro auspiciado por Uno Radio Group, en el que también participaron el alcalde anfitrión, Carlos Molina, el Arquitecto Fred Worstell y el Licenciado Frankie Chévere.
En su mensaje, Pierluisi presentó sus 10 principios básicos para salir de la crisis –uno por uno- y detalló cómo éstos son las soluciones que urge tomar. “Tenemos que actuar con sentido de urgencia y concentrarnos en la acción y en la ejecución”, dijo, previo a presentar los 10 principios:
1. Continuar la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades bajo la bandera americana pues representa un camino seguro para nuestro desarrollo socioeconómico.
2. Reformar nuestro sistema de energía eléctrica, con la meta de bajar el costo energético para aliviar el bolsillo de nuestros residentes y para mejorar el clima de negocios en Puerto Rico.
3. Promover a Puerto Rico en el exterior a través de un modelo de promoción dinámico que impacte todos los renglones de la economía de forma coordinada.
4. Continuar desarrollando industrias sofisticadas de manufactura y tecnología, creando las condiciones idóneas para atraer y retener industrias de manufactura en áreas en las que podemos ser competitivos tanto con los estados como con países extranjeros.
5. Aprovechar y ampliar las oportunidades que ya están disponibles en la Isla. Puerto Rico debe maximizar el aprovechamiento de sus recursos existentes, tales como la base Naval Roosevelt Roads, el Puerto de Ponce y el Corredor Tecnológico en conjunto con la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, entre otros.
6. Desarrollo del turismo, que actualmente solo representa alrededor del 6% de nuestro producto nacional bruto por lo que urge aumentar su impacto considerablemente.
7. Ajustar los gastos del gobierno de Puerto Rico y aliviar la carga contributiva de nuestros sectores productivos.
8. Aprovechar la oportunidad que tenemos con nuestra población de la tercera edad. La población de Puerto Rico se compone de un gran número de personas en edad de retiro, y se estima que ese número va a aumentar de forma consistente en años venideros. Esto requiere de estrategias específicas para atender las necesidades de nuestros envejecientes estableciendo programas educativos y de manejo de enfermedades crónicas y vida saludable.
9. Mejorar nuestro sistema educativo es imperativo para preparar adecuadamente a nuestros niños y jóvenes para los retos del presente y de la globalización. Para eso tenemos que visualizar la educación como herramienta de desarrollo económico y darle prioridad presupuestaria, así como asegurar que cumplimos con nuestras próximas generaciones.
10. Seguridad. Una sociedad segura es una necesidad imperiosa para generar y mantener desarrollo económico, para atraer inversión y para retener capital humano.
“(Se) crearán las condiciones idóneas para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, que redundará en el aumento de empleos, la expansión de la inversión local y foránea, y una mejor calidad de vida para todos los residentes de la Isla. En la medida en que esos resultados se conviertan en realidad, la tasa laboral aumentará, más personas entrarán a la economía formal, y la emigración de nuestra gente hacia estados de los Estados Unidos se reducirá”, enfatizó.
“Es importante saber que existen muchas iniciativas alrededor de Puerto Rico, en Estados Unidos y en países vecinos que se están llevando a cabo que pueden servirnos de modelos. No hay que inventar la rueda. Hay que enrollarse las mangas y ponerse a trabajar. No es tanto estudiar y planificar, es ejecutar. Y para eso Puerto Rico siempre va a contar conmigo”, concluyó Pierluisi.
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