La Autoridad de Carreteras tiene pocas alternativas para sobrevivir la crisis financiera que atraviesa que no sea refinanciar su deuda. Sin embargo, este proceso no se puede dar a costa de la gente que necesita los servicios de transportación pública.
Esto, según la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, quien urgió además a proteger los convenios colectivos vigentes en el proceso de negociación de esta deuda.
¨Yo no creo que hay otra alternativa. La deuda tiene que ser renegociada en la medida que es impagable. Esa es la realidad. Pero hay que recordar que el servicio de transportación pública es tan esencial para muchas personas como la electricidad o el agua potable y una reducción de esos servicios puede tener un efecto desastroso para decenas de miles de personas que sin transportación pública no pueden enviar a sus hijos a la escuela ni llegar a sus trabajos¨, dijo Santiago.
Expresó además que la reorganización en la Autoridad de Carreteras, que ahora arrastra una deuda de $7 mil millones, debió hacerse hace mucho tiempo. ¨Lo que está pasando lo sabían hace muchos años, como por ejemplo, el efecto que tendría el Tren Urbano¨, dijo Santiago.
El senador popular Ángel Rosa, presidente de la Comisión senatorial de Gobierno, dijo por su parte que la Autoridad de Carreteras enfrenta la peor crisis fiscal de todas las corporaciones en la Isla. Dijo que la reestructuración de la deuda de esta corporación debe incluir una reestructuración administrativa ¨para reorganizar los procesos administrativos y hacer un examen serio de qué cosas deben ser parte de la Autoridad de Carreteras y qué no¨.
Según publicó EL VOCERO el jueves, la deuda de la Autoridad de Carreteras está ya por los $7 mil millones, lo cual la acerca a una reestructuración de esta deuda. Las opciones son negociar bajo la nueva Ley de Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas o dentro de la misma ´quiebra criolla´.
El representante popular Manuel Natal, dijo por su parte que mientras se siga destinado dinero del presupuesto para pagar la deuda, quedarán menos recursos para ofrecer servicios esenciales, como es el transporte colectivo.
¨Yo reitero mi propuesta que concreticé en el Proyecto de la Cámara 2003 de la reestructuración de la deuda. ¿Que eso debe ir acompañado de una reestructuración de las corporaciones públicas? Estipulado. Pero como quiera hay un problema de fondo y es el peso de la deuda y cómo eso limita la posibilidad de que el Gobierno de los servicios¨, dijo Natal. ¨Se pueden atender las ineficiencias operacionales de las instrumentalidades, pero el problema de ingresos y falta de recursos para dar un servicio se va a hacer más difícil atenderlo si todos los años es más la cantidad de dinero que sale de Puerto Rico para el pago de la deuda¨.
Contradicciones
La administración del Partido Popular lleva más de año y medio llevando un mensaje publicitario a nuestro pueblo de que son “el Gobierno de los empleos”. Sin embargo, más allá de cualquier ilusión publicitaria, desde el inicio del cuatrienio, los constantes desaciertos del Gobernador en desarrollar iniciativas dirigidas a crear empleos, han marcado la realidad de un Gobierno que ha fracasado en estimular y hacer crecer la economía de la Isla. Un año y medio de caídas en los principales índices económicos y de empleo, sumado a las “notas” que las casas acreditadoras han dado al desempeño gubernamental, son suficientes para concluir que el Gobierno Popular es una contradicción entre lo que dice y lo que hace.
La Administración del PPD, por un lado dice ser aliado de nuestro sector privado para promover el desarrollo económico y por el otro lado se han convertido en un estorbo para nuestra recuperación económica. El record es más que evidente, en año y medio aumentaron dramáticamente las contribuciones e impusieron la “patente nacional popular”, aumentaron el agua, el costo de la energía eléctrica y han complicado dramáticamente la forma de hacer negocios en Puerto Rico con más burocracia y procedimientos, cuyo único efecto es limitar nuestra ya maltrecha capacidad de recuperación.
El más reciente episodio de contradicciones del Gobierno Popular, es la recién aprobada Ley 62 del 11 de junio de 2014. Esta Ley firmada por el Gobernador García Padilla trastoca y dificulta el proceso de permisos en la Isla y modifica la reforma aprobada en el año 2009 para añadir requisitos y burocracia adicional, en el desarrollo de nuevos proyectos de impacto económico en la Isla. El pretender que al momento de solicitar un permiso se requieran “estudios de impacto económico regional” a los solicitantes de permisos, para evaluar la aprobación o no de permisos en el renglón de ventas al detal no tiene sentido alguno. Establecer en la Ley, como razón para este nuevo requisito; “el limitado espacio para el desarrollo de proyectos de gran tamaño” es un contrasentido con la realidad actual de nuestra Isla. Solo basta transitar por nuestras avenidas y calles para observar la gran cantidad de espacios comerciales, almacenes y centros comerciales que se encuentran vacíos y necesitados de ser alquilados a negocios, entre ellos los dedicados a ventas al detal, para que generen actividad económica. Todos ya conocemos el “impacto económico” que han tenido muchas de las iniciativas del PPD en la economía de la Isla; esta es una que hay que eliminar o al menos mitigar el efecto negativo que sin duda va a provocar.
Si queremos realmente activar nuestra economía para crear empleos, atrás deben quedar las contradicciones y la improvisación gubernamental. Puerto Rico no necesita más burocracia y “papeleo”, necesitamos iniciativas para crecer y alcanzar la prosperidad. En nuestra debilitada economía, donde hace falta inversión y actividad económica, tenemos que darle al sector privado las herramientas que permitan que dicho sector asuma su rol sin dilaciones mayores. Para ello, un sistema de permisos ágil y eficiente, libre de burocracia es un imperativo no una opción.
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