Sin embargo, en menos de 48 horas nos dimos cuenta de que algo andaba mal, muy mal. Para empezar, desde el mes de julio los gremios magisteriales advertían sobre la necesidad de nombrar miles de plazas vacantes en los puestos de mayor importancia para el funcionamiento adecuado del sistema: los maestros. La administración intentó desmentir estos señalamientos, que fueron confirmados una vez llegaron los estudiantes a las escuelas y comenzaron a dispararse las denuncias de la falta de maestros en cientos de planteles.

Como si fuera poco, las pésimas condiciones en las que se encontraron los planteles dejaron mucho que desear. Asimismo, los salones estaban carentes de materiales básicos, como papel, tizas, entre otros. Perecería que la agencia estuvo inoperante durante los meses de verano y, de no haber sido así, estuvo inexistente el sentido de urgencia de prepararse para el comienzo de clases.

El Departamento de Educación es la agencia más grande y compleja en nuestro gobierno. Por ello consume gran parte del presupuesto operacional. No cabe duda de que cumplir con el mandato constitucional de brindarle una educación gratuita a nuestro pueblo es una tarea titánica que requiere capacidad, conocimiento, compromiso y sacrificio. Definitivamente no es fácil dirigir dicha agencia, mucho menos hacerlo de manera exitosa. En ese sentido, ¿está capacitado el actual secretario para ostentar esa posición? La contestación es que no, y para muestra con un botón basta.

Todos hemos sido testigos de la crisis que atraviesa el Departamento. Los ejemplos que mencionamos al principio de esta columna se quedan cortos ante los eventos que salieron a relucir a la luz pública esta semana sobre la crisis en torno a los servicios de educación especial.

Hoy, miles de estudiantes de educación especial carecen de asistentes de servicios educativos (o los T1, como se les conoce comúnmente). Así las cosas, el gobernador, en su afán por desvincularse de los desastres de su administración, se lanzó en un media tour para sacar pecho y “exigir” que el asunto estuviera resuelto esta misma semana dando un “ultimátum” que todos sabemos que es meramente otra expresión de guapetón de barrio a las que ya nos tiene acostumbrados. Quisiéramos partir de la premisa que fue un ejercicio serio dentro de su función como supervisor del secretario, pero, si recordamos un poco la trayectoria de este gobierno con este grupo de estudiantes, resulta lógico concluir que no fue otra cosa que un ejercicio de relaciones públicas.

Hace poco más de un año, el PNP advirtió que la decisión de cancelar los contratos de los facilitadores de educación especial por el mero hecho de que estas personas fueron nombradas en la pasada administración. Tristemente, la politiquería se apoderó del manejo de un asunto tan delicado como la educación de estos niños y estos son quienes resultan más afectados. Esto ocurrió ante los ojos del gobernador, quien no hizo nada para evitarlo.

Malas decisiones de esta administración, como son el nombramiento de una excandidata a representante para dirigir la Oficina de Recursos Humanos y una persona carente de sentido común al mando de la Secretaría Auxiliar de Administración en Educación, traen consigo un resultado nefasto para nuestro pueblo. Se cae de la mata que el criterio principal para manejar los asuntos en dicha agencia ha sido la política y ahí están los resultados. Por ello hace falta un cambio urgente antes que el precio que paguen los niños y jóvenes que reciben el pan de la enseñanza en el sistema público sea aún más caro. Nada puede tener más prioridad en estos momentos. Un día perdido en la educación de un niño nunca se recupera.

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Foto: Keno Rodríguez/ Metro Puerto Rico

Opinión: Crisis en Educación: “De Guatemala a Guatepeor”

PUBLICADO : Ayer 05:00 h.

CALIXTO NEGRÓN @PIPTWITTEANDO

El Departamento de Educación (DE) es probablemente la agencia emblemática de la ineptitud y la politiquería en Puerto Rico. La principal víctima del incumplimiento de promesas y el fraude de las frases trilladas —“Nuestro niños primero”, “La educación es la clave”, etcétera— perpetrado por los gobiernos del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) es sin duda el DE. El vicio de la politización y la incompetencia administrativa, denunciado y combatido por décadas por los gremios magisteriales y otros sectores, entre ellos el Partido Independentista Puertorriqueño,  se ha precipitado en lo que va de este cuatrienio a unos niveles que tienen a ese departamento a punto de implosionar.

Impera en el país una mezcla de indignación y desesperanza al ver que se repiten, como la noche y el día, año tras año las mismas reseñas sobre las deficiencias en nuestro sistema de educación pública: estudiantes sin maestros, falta de libros y materiales, violaciones a los derechos de los niños del programa de educación especial, maestros mal pagados, alumnos sin transportación, deserción escolar a galope, fracaso en pruebas de aprovechamiento, y podría seguir sin parar.

Se repite también en ese antro de burocracia, ese edificio enorme en Hato Rey, convertido en centro de reclutamiento de amigos del alma, parientes y dolientes,  la desgracia de que sea dirigido por alguien designado y confirmado por un partido político que se guió      —salvo honrosas excepciones— por criterios que nada tienen que ver con dedicación, compromiso o méritos académicos y profesionales, y sí por criterios de bandería política.

El DE es prácticamente una cuarta parte del Gobierno de Puerto Rico. Al ser la agencia con el presupuesto más grande,  recibe miles de millones de dólares cada año, a pesar de recibir menos estudiantes. Por ser una agencia en el que ha imperado la abundancia, aunque sea escasa la eficiencia administrativa, en su historia la hemos visto ser utilizada como alcancía política del PPD y como lugar de asalto directo para extraer dinero de los grandes contratistas del Gobierno como en los tiempos de Víctor Fajardo bajo la administración del doctor Pedro Rosselló.

La muestra más clara de la politización del DE es la más reciente crisis que ha sufrido el Programa de Educación Especial, cuya dirigente no probó tener los quilates para dirigir este. No es casualidad que la doctora Doris Zapata es la esposa de un reconocido alcalde del PPD, quien a su vez, dentro de lo que debe ser una discusión seria, ha salido a arremeter contra el secretario con ataques personalistas. Pero que no quepa duda de que la responsabilidad entre ella y el secretario es mancomunada. Hay quien dice que tiene los días contados y así debe ser. En 34 años de lucha en el pleito de clase de educación especial, los abogados de la parte demandante han expresado ante el tribunal que este ha sido el peor inicio de clases para los niños de educación especial.

Hay que tener clara la historia del DE para entender la crisis en la que está sumido. Para salir de esta, hay que despolitizar la agencia, no solo decirlo. Tiene que haber voluntad y la entereza de un gobierno honesto y comprometido con una sana administración pública. Evidentemente,  el PPD y el PNP nunca lo harán.