Por: Yennifer Álvarez Jaimes y Carlos Antonio Otero
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) continúa apostando a bajar el costo del kilovatio-hora con la construcción de una plataforma flotante para recibir gas natural cerca de la Planta Generatriz de Aguirre, sin emitir comentarios sobre las posibles fuentes de financiamiento y su viabilidad ante el difícil cuadro de la corporación pública con los bonistas.
La construcción del Aguirre Offshore GasPort es prioridad para la AEE si espera cumplir con la promesa de reducir el costo de la energía a 22 centavos por kilovatio-hora para el 2015, a 20 centavos para el 2017 y a 16 centavos para el 2019.
Desde hace semanas, la AEE mantiene silencio sobre las posibles vías de financiamiento del proyecto.
A preguntas de EL VOCERO, la Oficina de Prensa de la AEE se limitó a decir que la corporación pública “ha identificado las posibles fuentes de financiamiento y se encuentra en el proceso de aprobación de las mismas”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, Ramón Luis Nieves, adelantó a 
este rotativo que realizará audiencias públicas para auscultar el estatus del plan de gasificación de Aguirre, una vez someta este mes la legislación que atenderá el tema de los subsidios en la AEE.
En abril de este año, la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado solicitó información a la AEE para conocer el costo estimado del proyecto y las fuentes de financiamiento. En el documento entregado la AEE estima el costo total de la construcción de la plataforma y la tubería en $267.9 millones, aunque el “Acuerdo de Infraestructura” con Excelerate Energy establece que pudiera alcanzar hasta $295 millones.
EL VOCERO supo que la AEE buscaba financiar el proyecto por medio de bonos de actividades privadas exentos de impuestos.
La entidad financiera firmaría un contrato para arrendar el terminal y la tubería de gas de Excelerate por un periodo de 35 años.
De otro lado, una fuente de este rotativo conocedora del tema dijo que será cuesta arriba que “inversionistas tengan apetito para apalancar un proyecto donde el ‘offtaker’ (AEE) está quebrado y su ‘rating’ (clasificación) es basura y el ‘guarantor’ (Banco Gubernamental de Fomento) es insolvente y también (con clasificación) basura”.
En ese contexto económico de la AEE, las dudas cada vez aumentan sobre los planes futuros para obras de mantenimiento, mejoras y los compromisos para la diversificación energética, sobre todo a la luz del reciente acuerdo con los bonistas y acreedores para la restructuración de la corporación pública.
El hecho de que la AEE ni siquiera alcanzó la liquidez necesaria para cumplir con el pago de $671 millones en líneas de crédito con los bancos locales, luego de tres posposiciones, y la inclusión de ciertas cláusulas en el acuerdo para extender pagos, levantan cuestionamientos a nivel local y en el mercado inversor.
Analistas han puesto el dedo particularmente sobre el permiso que otorga el acuerdo para que la AEE pueda utilizar precisamente gran parte del dinero del fondo de construcción para su liquidez y el pago de gastos corrientes y mejoras capitales. Se estableció que puede usar unos $280 millones del fondo, que aunque menciona mejoras capitales, los gastos corrientes de la corporación pública son tal que prácticamente lo consumirían con facilidad.
Aunque la agencia no tiene capacidad para acudir al mercado inversor a levantar nueva deuda o refinanciarla para conseguir dinero o alivios, ya sea para nuevas obras o en progreso –como sería una planta gasificadora -, fondos de cobertura (hedge funds) han realizado acercamientos al gobierno para “ayudar” en la crisis fiscal de la AEE.
No sólo lo ha hecho público el denominado Ad Hoc Group formado en Nueva York por más de una decena de fondos, sino que algunas firmas ya han visitado la Isla para participar en reuniones en la Fortaleza y con los líderes de Senado y Cámara, entre otros.
Aunque eso pudiera representar una alternativa arriesgada no solo para la AEE, sino para parte de la demás deuda del gobierno que pueda caer en incumplimiento, la carga en intereses sería tan elevada lo cual representaría un peso significativo para una “solución” a corto plazo, según han advertido economistas.
Otro factor que incidirá sobre las inversiones programadas o anunciadas de la AEE, es el nombramiento antes del próximo lunes 8 de septiembre de un oficial de reestructuración (CRO, por sus siglas en inglés) que junto a la Junta de Gobierno de la corporación pública regirán su destino mediante la reestructuración operacional y financiera, y habrán nuevas prioridades.
Por el momento, para el plan de gasificación de Aguirre, una fuente advirtió que antes de que la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés) emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la AEE tiene que demostrar su capacidad financiera para el proyecto.
En la actualidad, se espera por un proceso de vistas públicas sobre el borrador de la DIA que será dirigido por la FERC.
Las personas pueden participar en las vistas públicas que se celebrarán el próximo 9 de septiembre en el Club de Leones de la Avenida Los Veteranos en Guayama y el 10 de septiembre en la Marina de Salinas, ambas a las 4:00pm. Del mismo modo, pueden realizar sus comentarios a través de la página electrónica ferc.gov.
“La publicación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental representa un paso en el proceso para el desarrollo del Aguirre Offshore GasPort. La declaración de FERC es importante, ya que concluye que el proyecto tendrá un impacto ambiental adverso limitado, o sea, no significativo. Los comentarios que hace FERC son a modo de recomendación y algunos de ellos solicitando planes o mitigación, lo que ya está contemplado en el plan de trabajo por ser requisitos estatutarios o regulatorios”, sentenció recientemente en declaraciones escritas el director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea.
Le deben $90 millones
La deuda de las corporaciones públicas y agencias con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) está cerca de los $90 millones.
Para agravar la situación, muchas de estas corporaciones no tienen un plan de pago con la AEE y, en los peores casos, tampoco tienen los fondos para poner al día una deuda que en muchos casos se ha acumulado por años.
De las corporaciones morosas, la deuda más cuantiosa es de la Autoridad de los Puertos, que debe $38 millones de luz. El director de esta entidad, Víctor Suárez, dijo en una vista pública ayer que por lo menos $9 millones deben ser facturados a la compañía Aerostar, administradores del Aeropuerto Luis Muñoz Marín.
Suárez compareció ayer a la vista de la Comisión senatorial de Asuntos Energéticos y Recurso de Agua que evalúa los subsidios que otorga la AEE y las deudas que mantiene el Gobierno y sus corporaciones en el pago de la luz.
Comenzó su ponencia diciendo que las deudas de Puertos son de $60 millones y que esta es la misma cantidad que le adeudan otras agencias y corporaciones.
Esto ejemplifica gran parte de la discusión que se dio durante la vista, donde se evidenció que muchas agencias y corporaciones se deben entre sí y que no tienen presupuesto para cumplir con estas deudas.
En el caso del pago de luz, las cifras son astronómicas: la Administración de Servicios Médicos(ASEM ) debe $18 millones, el Centro Cardiovascular debe $17 millones, la Autoridad de Carreteras debe $12 millones, Educación debe $17 millones, el Tren Urbano y la Metrobus deben $10 millones y la Administración de Desperdicios Sólidos adeuda $5.3 millones. En el caso de Educación, la deuda es de $17 millones, pero durante la vista se explicó que esto es lo acumulado en los pasados dos meses y que no hay más deudas con la AEE fuera de esos pagos.
En una ponencia escrita, el director ejecutivo de ASEM (Centro Médico), Irving Jiménez, dijo que la administración no tiene los fondos para pagar sus deudas por problemas en su modelo de financiamiento ¨que le dificulta a la ASEM cumplir con sus obligaciones económicas tales como el pago de los servicios de electricidad, Retiro, entre otras¨.
¨Desde hace ya varios años el Estado debió haber tomado una decisión de política pública sobre cómo resolver dichos problemas financieros¨, dijo. ¨No obstante, no se ha hecho. El modelo económico actual de ASEM no funciona¨.
El presidente de la Comisión, Ramón Luis Nieves, dijo por su parte que en las próximas semanas radicará un proyecto para garantizar el pago de estas deudas. Esto, a pesar de la falta de liquidez de muchas agencias y corporaciones.
¨En estos casos el subsidio es tácito, no es legislado. El Gobierno optó por no pagar sus deudas porque no pueden. Estas deudas acumuladas llevan diez años en muchos casos. El proyecto que voy a radicar este mes va a atender este tema de cómo pueden pagar su consumo normal y pagar sus deudas¨, dijo Nieves.
¨Muchas de estas agencias no cuentan con planes de pago. Otras están en conversaciones con la AEE. Pero si una persona no paga la luz en dos o tres meses, se la cortan¨.
Admite Carreteras estar en problemas
La situación fiscal de la Autoridad de Carreteras está tan complicada que las conversaciones entre los directivos de la corporación pública y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) son prácticamente todos los días, según confirmó ayer el director ejecutivo de la Autoridad, Javier E. Ramos Hernández.
¨En estos momentos lo que podemos indicar es que estamos en conversaciones todos los días con nuestro agente fiscal, que es el Banco Gubernamental de Fomento¨, dijo Ramos Hernández.
¨Cualquier expresión que vayamos a hacer de ese asunto, estamos en conversaciones con ellos. Hemos seguido los recortes de prensa de lo que ustedes han publicado, no obstante tengo que decir que estamos en conversación con el Banco y se nos ha pedido que sigamos evaluando alternativas antes de expresarnos¨.
Según publicó EL VOCERO, la Autoridad de Carreteras está en fila para acogerse a una reestructuración de su deuda, posiblemente por la recién aprobada ´quiebra criolla´.
Ramos Hernández evitó contestar preguntas específicas sobre este proceso e insistió en que el tema está en manos del Banco Gubernamental de Fomento y la Junta de Directores de la Autoridad.
Cuando se le preguntó cuán complicada está la situación financiera de la Autoridad, contestó que ¨es complicada. No obstante la Autoridad está manejando la situación poco a poco. Estamos buscando identificar nuevos ingresos y esforzándonos para mantener la relación con el Gobierno federal¨.
Al hablar de los problemas que enfrenta la Autoridad de Carreteras, varios legisladores han cuestionado si esta corporación pública ha seguido la Ley 66 que ordena reorganización administrativas enfocada en la reducción de gastos. Ramos Hernández aseguró sin embargo que han cumplido con esta ley.
¨Sí estamos trabajando dentro de lo que es la Ley 66. Sí la Autoridad ha hecho ajustes a nivel de los contratos, empleados de confianza y continuamos trabajando otros renglones¨, sentenció.
¿No descartan la quiebra criolla?, se le preguntó.
¨En estos momentos estamos trabajando con el agente fiscal que dará más detalles¨, manifestó.
Esto mete miedo
No hay que ser un perito para entender que la precaria situación financiera de las corporaciones públicas afecta directamente al Pueblo: si no tienen la solvencia económica necesaria para operar, pueden brindar sus servicios adecuadamente.
Cuando se revela que la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica está tan mala que corre el riesgo de quedarse sin dinero para comprar petróleo, eso quiere decir, literalmente, que podemos quedarnos sin luz. Si la AEE no tiene la capacidad financiera para cubrir el costo de sus operaciones, no importa lo que le digan, tarde o temprano nos van a subir la factura de la luz.
Pues, sepa que si la AEE está quebrada, la Autoridad de Carreteras y Transportación está peor.
Igual que las otras corporaciones públicas, la ACT fue creada con el propósito de brindar sus servicios desde un modelo de gestión de empresa privada, donde la eficiencia operacional y la solvencia financiera fueran los principios gerenciales básicos, aunque la empresa en sí no fuera con fines de lucro. En teoría, eso aseguraría una gestión competente al menor costo posible.
Por años, la ACT fue ejemplo de solidez financiera. Pero con el tiempo ese brillo se perdió. Como tantas otras corporaciones públicas, la ACT empezó a ser manejada como una agencia de gobierno. Se convirtió en un batatal para emplear a parientes y dolientes de políticos y allegados, aumentando cada vez más los costos de una burocracia ineficiente e improductiva. Y consideraciones políticas empezaron determinar las decisiones gerenciales como, por ejemplo, rehusarse a aumentar sus ingresos (entiéndase, subir los peajes) por el costo político que eso pudiera tener, cubriendo en vez con préstamos los déficits operacionales cada año mayores. Si tus costos suben y no aumentas tus ingresos, tienes que cubrir la diferencia con préstamos, no hay de otra. Y si mantienes ese patrón por décadas, te embrollas tanto que eventualmente quiebras. Y ahí es donde está la ACT y muchas de nuestras corporaciones públicas.
En el 2011 a la ACT le cayó del cielo un ingreso de $1,200 millones, producto de la Alianza Público-Privada de la PR-22 y PR-5, lo que le permitió reducir una cantidad significativa de su deuda y de sus costos operacionales. Al mismo tiempo, la experiencia de los usuarios con la nueva gerencia de esas vías ha sido sumamente positiva. El modelo APP es ideal para nuestras quebradas corporaciones públicas, porque genera inversión privada en infraestructura que ellas no pueden afrontar y les ayuda a mejorar sus finanzas. Sin embargo, en los pasados 20 meses no hemos visto intención alguna en la ACT, u otra corporación pública, de moverse en esa dirección.
La insolvencia de nuestras corporaciones públicas amenaza seriamente con quebrar al gobierno entero y posponer indefinidamente cualquier posibilidad de crecimiento económico. Y eso mete miedo.
Pero lo que más miedo mete, es el total desprecio de la gerencia de estas corporaciones públicas hacia la responsabilidad que tienen de darle cara al Pueblo que paga sus salarios. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Harry Rodríguez, principal responsable en la administración de esa corporación pública, aparentemente entiende que él no tiene por qué proveer información o contestar preguntas de la prensa cuando se le pide que rinda cuentas de la gestión que supuestamente lleva a cabo.
Y el ingeniero Javier Ramos, director ejecutivo de la ACT, decidió que él no atendería nuestra solicitud de información para nuestra historia de portada de ayer sobre la corporación que él dirige hasta la semana que viene porque está “en un viaje oficial”, como si por estar de viaje no tuviese acceso a teléfono o correo electrónico.
Obviamente lo tiene. Lo que evidentemente no tiene es la más mínima noción de su responsabilidad de ser transparente con el Pueblo.
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