Por Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO – 

Son muchas las preguntas que quedan por contestar sobre el impacto ambiental y social que tendría gasificar la planta de Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La construcción del Aguirre Offshore GasPort podría chocar de frente además con los planes que evalúa la Cámara para declarar la Bahía Estuarina de Jobos como una reserva natural.

Estas dudas salieron a relucir en una vista pública de la Comisión cameral de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales que evalúa el establecimiento de esta reserva natural en un área aledaña a donde la AEE planifica poner la nueva gasificadora.

Roberto Thomas, coordinador general de la organización comunitaria Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos, dijo en vista pública ayer que tienen preocupaciones sobre los efectos ambientales y sociales que pueda tener este desarrollo. Mencionó, por ejemplo, el efecto que tendría esto en los pescadores que se ganan la vida pescando en estas aguas y cuyo movimiento se vería afectado por la construcción de este puerto.

Thomas explicó que el puerto de gas sería construido a cuatro millas de Aguirre, un área por donde cruzan las aguas de la bahía. Según dijo, todavía hay muchas preguntas por contestar sobre el balance de beneficios de gasificar Aguirre versus el impacto ambiental y social que podría tener este puerto.

¨Hay unas preocupaciones que se deben tomar en cuenta para que no se afecte la reserva de la Bahía de Jobos. Es cierto que la planta de carbón genera isótopos radioactivos y genera mercurio que también cae al mar¨, dijo. ¨Una de las cosas que estamos solicitando es que las agencias pertinentes generen
estudio base para poder de ahí evaluar el impacto de esto¨.

Según explicó, la construcción de este puerto de gas podría afectar los corales y otra vida marina particular de esa zona, como son las algas con las cuales se alimentan los manatíes que cruzan por estas aguas. Podría limitar además el trabajo de los pescadores.

Explicó que estas preocupaciones están contenidas en la Declaración de Impacto Ambiental y dijo que aún hay muchas cosas sin contestar y que esperan información de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con quienes están en una mesa junto a otros componentes del Gobierno para determinar la efectividad de este puerto de gas versus los problemas ambientales que podría causar.

¨Si es cierto que el gas va a reducir algunos de los contaminantes que ya se producen con la actividad que genera Aguirre y si redundaría en un beneficio, obviamente estaríamos de acuerdo. La preocupación es que si me dice que va a traer beneficios, pero va a impactar por otro lado, no está haciendo un bien¨, dijo Thomas. ¨Si se logra mitigar, reducir o evitar el impacto por un lado y vas a reducir las emisiones de azufre gracias al cambio de combustible, podríamos reconocer que hay un beneficio y estaríamos de acuerdo¨.

La AEE está apostando a que la gasificación de Aguirre llevará a una reducción en la factura de la luz hasta 16 centavos en 2019. Pero el proyecto ha tenido varios cuestionamientos desde el saque. Ahora mismo, el Senado ha estado cuestionando de dónde saldrá el dinero para construir este proyecto multimillonario mientras la Cámara ahora está encaminada a investigar el aspecto ambiental del proyecto.

El presidente de la Comisión cameral de Agricultura, César Hernández, dijo que hará una vista pública en Salinas para escuchar las preocupaciones de la comunidad. Aseguró que no aprobará una resolución nueva para investigar los efectos de la gasificación de Aguirre, sino que lo hará dentro de las vistas públicas que lleva para declarar la Bahía de Jobos como una reserva natural.

¨Yo voy a ver el interés de la comunidad en que esto se declare reserva ambiental y si eso es compatible con el puerto de gas¨, dijo Hernández.

El proyecto, del representante popular Luis Ortiz Lugo, busca declarar como reserva natural la Bahía de Jobos, incluyendo costas de Guayama y Salinas. El proyecto destaca que es la única bahía estuarina en Puerto Rico con arrecifes de coral. Tiene además 15 islotes que van desde Punta Pozuelo en Guayama hasta Boca de Infierno en Salinas.

En una ponencia escrita, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen Guerrero, dejó saber que desde 1984 se preparó un borrador para iniciar las gestiones ante la Junta de Planificación para designar el área como reserva natural pero, luego de varios esfuerzos, el documento no ha sido aprobado ¨ya que existen discrepancias en las capas de información de los mapas del DRNA y la Junta, particularmente por el desplazamiento en las líneas de delimitación, provocado por el tipo de data utilizada por ambas agencias¨.

Cuestionó que el proyecto presentado en la Cámara no tenga límites precisos del área de la reserva.
¨La posición del DRNA subraya que se deben considerar los esfuerzos y adelantos alcanzados por la agencia para designar como reserva parte de la Bahía de Jobos¨, dijo Guerrero. ¨Esto implica redefinir el proyecto para incorporar la propuesta del DRNA y que de esta manera se capitalice y aproveche la labor e investigación ya realizada, así como la data recopilada¨.

Presión senatorial para obtener el contrato

El Senado acogió ayer una petición del portavoz novoprogresista Larry Seilhamer para obligar a la AEE a entregar el contrato completo que mantienen con Excelerate Energy y sus subsidiarias para la construcción del puerto de gasificación de Aguirre.

El presidente senatorial, Eduardo Bhatia, dijo que no aceptarán la versión enviada por la AEE, en la que tacharon partes importantes del contrato.

¨Cualquier información que pida el Senado, las agencias tienen que entregarlas de forma completa. Este Senado no va a tomar ligeramente o livianamente una respuesta que no esté completa¨, dijo Bhatia durante la sesión de ayer.

Seilhamer, por su parte, dejó saber que desde marzo solicitó, junto al senador popular Ramón Luis Nieves, los acuerdos relacionados con este proyecto. Dijo que recibieron tres contratos, uno de la construcción del terminal por $295 millones y el otro por mantenimiento y operación que es por $500 mil anuales. Pero, dijo, el contrato del alquiler llegó con ¨múltiples borrones y tachaduras que impiden conocer información que resulta esencial para el análisis y estudio del contenido de estos contratos, en los cuales se invierten sumas millonarias de fondos públicos¨.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció hoy que luego de un proceso de selección competitivo nombró a Lisa J. Donahue oficial de reestructuración.

La designación de un oficial de reestructuración en o antes del 8 de septiembre de 2014 cumple con la primera meta delineada en los acuerdos del 14 de agosto de 2014 entre la corporación pública y sus acreedores.

Donahue llega al puesto con más de 23 años de experiencia en reestructuración y transformación operacional en la industria financiera y energética.

Su labor se centrará en ayudar a la AEE a alcanzar la estabilidad fiscal, y formará parte del equipo ejecutivo que revisará todos los procesos de negocios para que la corporación pública.

“Lisa tiene una amplia trayectoria en ayudar a compañías de la industria eléctrica que han enfrentado situaciones financieras como la nuestra y han logrado alcanzar sus metas en las fechas límites requeridas”, indicó Harry Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno de la AEE.

“Ella nos demostró inmediatamente que podrá trabajar exitosamente con el equipo actual de la Autoridad. Nos sentimos confiados en que sus habilidades y experiencia serán de mucho beneficio para la Autoridad y nos entusiasma que ingrese a nuestro equipo antes de la fecha límite acordada para nombrar a un oficial de reestructuración”, añadió.

Mientras, el director ejecutivo de la AEE, Juan F. Alicea Flores, dijo que “queda mucho trabajo por hacer en muy corto tiempo para que la Autoridad se transforme en una corporación autosustentable, que cuente con los recursos de infraestructura y financieros necesarios para satisfacer la necesidad de electricidad eficiente a un costo asequible en la isla”.

Este aseguró que le “entusiasma la oportunidad de trabajar junto a Lisa y al equipo financiero para enfrentar estos retos y llevar a la Autoridad a una posición sólida y estable. Este proceso nos permitirá desarrollar y seguir un plan de trabajo para el futuro, de manera que nuestras operaciones alcancen una estabilidad que trascienda en el tiempo”.

“He tenido muchas conversaciones con Juan Alicea y el equipo ejecutivo de la Autoridad durante el proceso de entrevistas. Me impresionó su conocimiento y la dedicación de todos los que he conocido. Dependeré de sus ideas y su conocimiento mientras empiezo a conocer la parte operacional de la Autoridad y creo que Juan y yo seremos buenos aliados en este proceso de reestructuración para que se convierta en una compañía fuerte y autosustentable, capaz de atender a las necesidades de sus consumidores, mejorar su infraestructura y manejar su deuda,” dijo por su parte Donahue.

La experta tiene experiencia en el desarrollo de planes de negocios, alineación operacional, transformación de negocios, administración del efectivo y reducciones de costo, negociaciones, análisis situacional y reestructuración de deuda para organizaciones norteamericanas e internacionales.

Actualmente, dirige el grupo de Reestructuración y Transformación de AlixPartners, una firma de asesoría global.

Ha fungido como vicepresidenta ejecutiva y principal oficial financiera de Calpine Corp., un productor independiente de energía (IPP, siglas en inglés), que opera en Texas y California.

Fue principal oficial financiera en Atlantic Power Corp., una compañía de energía e infraestructura que cotiza en la bolsa de valores, y principal oficial de reestructuración de SemGroup, compañía de importación y exportación de materias primas que ofrece servicios de petróleo y gas.

Donahue tiene un grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad del Estado de Florida.

Archivo/ EL VOCERO

Pocos días después de presentar su plan para reducir el costo de energía a 22 centavos para el 2015, a 20 centavos para el 2017 y a 16 centavos para el 2019, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reconoció que el proyecto estaba atrasado y no identificó, pese a los requerimientos de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado, cuáles serán las fuentes de financiamiento del Aguirre Offshore GasPort.

El proyecto Aguirre Offshore GasPort es una plataforma flotante para recibir gas natural que junto a una tubería servirá para cambiar de petróleo a gas natural parte de las operaciones de la Planta Generatriz de Aguirre.

De acuerdo al propio director ejecutivo de la AEE, Juan Alicea Flores, gasificar esta planta es parte fundamental del plan para bajar el costo de la factura de energía eléctrica, tal y como prometió el gobernador Alejandro García Padilla.

No obstante, documentos entregados por la AEE a la Cámara alta, dejan en evidencia que la construcción del proyecto debió comenzar en abril y culminar en diciembre de este año para comenzar su operación comercial en abril de 2015.

La AEE ha mantenido silencio sobre las posibles fuentes de financiamiento y refirió a este rotativo a declaraciones escritas que aseguran que “la publicación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) representa un paso en el proceso para el desarrollo del Aguirre Offshore GasPort”.

Este proceso es dirigido por la Comisión Reguladora de Energía Federal (FERC, por sus siglas en inglés).

“La declaración de FERC es importante, ya que concluye que el proyecto tendrá un impacto ambiental adverso limitado, o sea, no significativo. Los comentarios que hace FERC son a modo de recomendación y algunos de ellos solicitando planes o mitigación, lo que ya está contemplado en el plan de trabajo por ser requisitos estatutarios o regulatorios”, agregó el director ejecutivo de la AEE, en comunicación escrita.

Tanto el Aguirre Offshore GasPort como cualquier otro proyecto de la AEE, pudieran verse más retrasados debido a que tendrán que pasar el crisol del principal oficial de restructuración de la AEE.

Se espera que antes del lunes la Junta de Gobierno de la AEE anuncie quién ocupará el cargo de oficial de restructuración; cargo para el que hasta ayer sonaba como principal candidata la experta en reestructuraciones corporativas, Lisa J. Donahue de AlixPartners, firma de asesoría dedicada a la reestructuración empresarial.

Otros nombres que también han sido considerados son Scott Davido, de FTI Consulting, y Joff Mitchell, de Zolfo Coope, según publicó la agencia de noticias Reuters esta semana.

Poca transparencia en contratos Aguirre Offshore GasPort

El portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer, denunció la falta de transparencia por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a la hora de divulgar los costos relacionados al Aguirre Offshore GasPort.

En entrevista con EL VOCERO, Seilhamer confirmó que pese a los requerimientos de la Comisión de Asuntos Energéticos, la corporación pública no explicó bajo qué términos se contrató a la compañía Excelerate Energy.

El senador novoprogresista cuestionó cuál será el costo beneficio del proyecto- cuya construcción costará al menos $295 millones de dólares- cuando la AEE no ha dejado claro cómo lo financiará. Además, destacó que la AEE no ha dejado claro cuál será el monto del contrato de exclusividad para el almacenamiento y regasificación de gas licuado. Los contratos entre la AEE y Excelarate Energy fueron contraídos durante esta administración.

Sin embargo, según un Memorando de Entendimiento entre la AEE y Excelerate Energy, firmado en julio de 2012- en poder de EL VOCERO- el contrato de exclusividad para el almacenamiento y regasificación de gas licuado pudiera extenderse por 35 años y una entidad no identificada estaría financiando el terminal y la tubería a través de bonos de actividad privada exentos de impuestos.

Precisamente, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló ayer que la AEE presentó este último contrato ante la Oficina del Contralor con los montos y términos tachados.

La contralora Yesmín Valdivieso confirmó al CPI que es una actuación irregular y no descartó referir a la AEE al Departamento de Justicia por incluir una cláusula de pago retroactivo en el Acuerdo de Infraestructura con Excelerate Energy. De acuerdo al CPI el monto del contrato alcanza los $52 millones.

Una búsqueda del documento presentado ante la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado dejó al descubierto que el documento también tiene los montos y términos tachados.

Seilhamer adelantó que exigirá a la AEE que entregue copia del contrato sin tachar su contenido.

“¿De qué estamos hablando? Si multiplicas $52 millones por 35 años estamos hablando de $1.8 billones ($1, 800 millones). ¿Cuál es el beneficio que tenemos entonces con el gas natural? Al final, todos estos costos terminaran igualando el costo por kilovatio hora de la energía al mismo que cuando se produce la energía con petróleo”, cuestionó el portavoz del PNP en la Cámara alta.

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Por Editorial, EL VOCERO – 08/29/2014 4:15 am

No hay que ser un perito para entender que la precaria situación financiera de las corporaciones públicas afecta directamente al Pueblo: si no tienen la solvencia económica necesaria para operar, pueden brindar sus servicios adecuadamente.

Cuando se revela que la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica está tan mala que corre el riesgo de quedarse sin dinero para comprar petróleo, eso quiere decir, literalmente, que podemos quedarnos sin luz. Si la AEE no tiene la capacidad financiera para cubrir el costo de sus operaciones, no importa lo que le digan, tarde o temprano nos van a subir la factura de la luz.

Pues, sepa que si la AEE está quebrada, la Autoridad de Carreteras y Transportación está peor.

Igual que las otras corporaciones públicas, la ACT fue creada con el propósito de brindar sus servicios desde un modelo de gestión de empresa privada, donde la eficiencia operacional y la solvencia financiera fueran los principios gerenciales básicos, aunque la empresa en sí no fuera con fines de lucro. En teoría, eso aseguraría una gestión competente al menor costo posible.

Por años, la ACT fue ejemplo de solidez financiera. Pero con el tiempo ese brillo se perdió. Como tantas otras corporaciones públicas, la ACT empezó a ser manejada como una agencia de gobierno. Se convirtió en un batatal para emplear a parientes y dolientes de políticos y allegados, aumentando cada vez más los costos de una burocracia ineficiente e improductiva. Y consideraciones políticas empezaron determinar las decisiones gerenciales como, por ejemplo, rehusarse a aumentar sus ingresos (entiéndase, subir los peajes) por el costo político que eso pudiera tener, cubriendo en vez con préstamos los déficits operacionales cada año mayores. Si tus costos suben y no aumentas tus ingresos, tienes que cubrir la diferencia con préstamos, no hay de otra. Y si mantienes ese patrón por décadas, te embrollas tanto que eventualmente quiebras. Y ahí es donde está la ACT y muchas de nuestras corporaciones públicas.

En el 2011 a la ACT le cayó del cielo un ingreso de $1,200 millones, producto de la Alianza Público-Privada de la PR-22 y PR-5, lo que le permitió reducir una cantidad significativa de su deuda y de sus costos operacionales. Al mismo tiempo, la experiencia de los usuarios con la nueva gerencia de esas vías ha sido sumamente positiva. El modelo APP es ideal para nuestras quebradas corporaciones públicas, porque genera inversión privada en infraestructura que ellas no pueden afrontar y les ayuda a mejorar sus finanzas. Sin embargo, en los pasados 20 meses no hemos visto intención alguna en la ACT, u otra corporación pública, de moverse en esa dirección.
La insolvencia de nuestras corporaciones públicas amenaza seriamente con quebrar al gobierno entero y posponer indefinidamente cualquier posibilidad de crecimiento económico. Y eso mete miedo.

Pero lo que más miedo mete, es el total desprecio de la gerencia de estas corporaciones públicas hacia la responsabilidad que tienen de darle cara al Pueblo que paga sus salarios. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, ingeniero Harry Rodríguez, principal responsable en la administración de esa corporación pública, aparentemente entiende que él no tiene por qué proveer información o contestar preguntas de la prensa cuando se le pide que rinda cuentas de la gestión que supuestamente lleva a cabo.

Y el ingeniero Javier Ramos, director ejecutivo de la ACT, decidió que él no atendería nuestra solicitud de información para nuestra historia de portada de ayer sobre la corporación que él dirige hasta la semana que viene porque está “en un viaje oficial”, como si por estar de viaje no tuviese acceso a teléfono o correo electrónico.
Obviamente lo tiene. Lo que evidentemente no tiene es la más mínima noción de su responsabilidad de ser transparente con el Pueblo.