Por: Andrés L. Córdova
Profesor de Derecho

El pronunciamiento de la Junta de Gobierno del PPD este pasado 30 de agosto de 2014 sobre la retención de la ciudadanía americana por nacimiento bajo cualquier futuro desarrollo del ELA, como pilar de su política institucional, pone de manifiesto una vez más la azarosa y embrujada intersección de la política y el Derecho.
Desde una perspectiva eminentemente política, el tema de la ciudadanía americana es como un cable eléctrico de alto voltaje. Cualquier intento por siquiera intimar un cambio que implique un riesgo a nuestra ciudadanía produce una corrientazo eléctrico al cuerpo político que deja a sus promoventes en estado catatónico.

Esto es lo que parece haberle pasado a los promoventes de la libre asociación dentro del PPD, que ven sus reclamos de mayor soberanía obstaculizados por la clara oposición de su sector tradicionalista, muñocista. Del 30 de agosto al día de hoy, llama la atención el elocuente silencio de los portavoces – con notables excepciones – de la libre asociación. En fin, no es solo un cálculo electoral, sino una afirmación de lo que para muchos populares entienden significa ser popular. En este sentido, las recientes expresiones de José Alfredo Hernández Mayoral de que prefiere perder las elecciones del 2016 a permitir que sus adversarios definan al ELA de cara a un plebiscito bajo auspicio federal con alternativas que sean no territoriales y constitucionalmente válidas, son indicios de la crisis de identidad política por la cual atraviesa el PPD. Inclusive, la creación de un comité compuesto por los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vila, y por Héctor Luis Acevedo y Miguel Hernández Agosto, para conciliar las propuestas de status del PPD sugiere otro intento por maquillar sus diferencias internas para preservar su viabilidad política institucional.

Además de esta realidad política, están presentes consideraciones jurídicas que enmarcan la discusión, que como camisa de fuerza controlan y matizan lo que se puede decir sobre el tema de la ciudadanía americana con honestidad intelectual. En primera instancia, hablar de ella nos obliga a reflexionar nuevamente sobre sus fundamentos estatutarios y constitucionales. Como sabemos, nuestra ciudadanía americana es de naturaleza estatutaria, concedida por la Ley Jones en 1917. Conforme los casos insulares y su doctrina de la no incorporación territorial -por objetables que puedan ser- no todos los derechos constitucionales son de aplicabilidad a Puerto Rico, en específico la decimocuarta enmienda del Constitución de los Estados Unidos que garantiza la ciudadanía a todos los que nacen en los Estados Unidos, bajo su jurisdicción. En este contexto, la teoría esbozada por el Juez Gustavo Gelpí del Tribunal de Distrito Federal en varias de sus sentencias recientes sobre la incorporación tácita del Territorio de Puerto Rico aún persigue su validación por el Tribunal Supremo.

Dicho lo anterior, es necesario enfatizar que la ciudadanía americana va a indisolublemente atado a nuestro problema del status. Es decir, a la soberanía. No hay controversia de que la ciudadanía americana aplicaría a Puerto Rico bajo la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos bajo el supuesto de que fuéramos admitidos como estado en la federación o bajo el territorio incorporado. De igual manera no creo que haya mayor controversia de que bajo nuestra existente condición territorial no incorporada, la ciudadanía americana continuaría bajo los estatutos habilitados a tales fines.

La dificultad se presenta bajo el llamado ELA soberano – que no es más que la libre asociación – cuando trata de cuadrar el círculo enyuntando la ciudadanía americana con la soberanía de Puerto Rico, pretendiendo quedar con ello fuera de la cláusula territorial, y por tanto fuera de la jurisdicción de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la independencia, en cualquiera de sus modalidades, la continuidad de la ciudadanía americana sería uno de temas a discutirse entre países soberanos. Adelanto en consignar que, dejando a un lado consideraciones de política pública, creo que los individuos que ya poseen la ciudadanía americana estatutariamente, en tanto que ostentan un interés propietario, no se les puede privar de ella sin un debido proceso de ley, ya sea bajo la quinta o decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. O dicho en sentido contrario, de mediar un debido proceso de ley, nada impide que bajo los modelos de independencia, el Congreso de Estados Unidos legisle la forma y manera en que sus ciudadanos puedan preservarla o, en cambio, reclamar la ciudadanía puertorriqueña.

Toda discusión sobre la transmisión de la ciudadanía por virtud de sangre quedaría supeditada a dicha legislación. En otras palabras, no hay garantía de clase alguna de la continuidad de la ciudadanía americana bajo la libre asociación o independencia. Algunos argumentan que no hay nada que impida la extensión de la ciudadanía americana bajo estos modelos, que es un asunto de voluntad política del Congreso de los Estados Unidos. Claro, la pregunta que debemos hacernos es que motivación o interés pudiera tener el Congreso de los Estados Unidos para extenderle su ciudadanía a un grupo de personas que han optado por no estar bajo su jurisdicción. La respuesta a esta pregunta es evidente: ninguna. No hay que perder de vista que tampoco hay nada que le impida al Congreso de los Estados Unidos derogar prospectivamente nuestra ciudadanía, inclusive bajo la existente cláusula territorial. A buen entendedor, pocas palabras.

En el caso de Tuaua v United States, unos samoanos reclaman el derecho constitucional a la ciudadanía americana en virtud de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El caso de Samoa es distinguible del caso de Puerto Rico, toda vez que no son ciudadanos americanos, sino nacionales de los Estados Unidos – posición similar en la que estuvimos los puertorriqueños entre 1900 y 1917 bajo la Ley Foraker. Lo interesante del caso de Tuaua para nuestra realidad insular es el alegato presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos oponiéndose a la petición de los demandantes e invocando los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial y los casos insulares, haciendo suyos los informes presidenciales de la Casa Blanca de Bush y Obama en cuanto a cómo la ciudadanía es inconmensurable con la soberanía.

En la medida en que el plebiscito autorizado bajo el auspicio federal pone en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos la responsabilidad de pasar juicio sobre las definiciones no territoriales y constitucionalmente válidas que habrían de incluirse en la papeleta para resolver el problema del status, su alegato en Tuaua deja entrever cómo se atendería una definición del ELA soberano con ciudadanía americana, como pregonan los libre asociacionistas. No creo que sea coincidental que la Junta de Gobierno del PPD manifestará su insistencia en defender la ciudadanía americana a las pocas semanas de presentarse el alegato del Departamento de Justicia el caso de Tuaua.

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Los amigos de la independencia y la libre asociación, más éstos que los primeros, hablan en términos conceptuales de sus ideas políticas y su aplicación a nuestra circunstancia actual. Los conceptos van desde el término nación, pasando por la bandera y el himno, hasta llegar a los términos “negociación” y “pacto”. El individuo de carne y hueso no aparece por ningún lado. Soslayan que el puertorriqueño primero es individuo que todas esas cosas; individuo sujeto de derechos y obligaciones, que siente y padece como cualquier otro ser humano.

En la negociaión, según ellos, se acordará todo lo que le convenga a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Será en esa mesa de negociación donde se llegará a un ‘acuerdo amistoso’ para ambas partes. Olvidan que en dicha mesa la relación entre ambas partes será asimétrica; de una desproporción avasalladora donde funcionarios de primer orden de Puerto Rico estarán senntados con funcionarios de tercero del gobierno de los Estados Unidos de América. Para un pacto de esa naturaleza, viéndolo desde el lado nuestro, Puerto Rico no tiene nada que ofrecer que sea de agrado a la seguridad o al interés nacional de los Estados Unidos. Por tanto, sería más un proceso de petición y respuesta que otra cosa.

Sin el derecho a protestar, a irse a huelga o pautar anuncios en la Prensa, como sucede cuando hay tranque en la negociación de un convenio colectivo, Puerto Rico estaría en una posición de indefensión total y ante el peligro de caer para siempre en un estado de neocolonialismo en su relación con los Estados Unidos.

A eso debemos añadirle que ninguno de nuestros amigos ha planteado, para beneficio del Pueblo, con qué sustituiríamos los fondos federales que anualmente recibimos. ¿Ayuda extranjera? La dependencia sería manifiesta y todos los años cabilderos de Puerto Rico visitarían el Congreso de los Estados Unidos para que dicha ayuda no fuera mermada, como regularmente ocurre a muchos de los 184 países del mundo que la reciben. La cantidad total de ayuda extranjera que envió los Estados Unidos a esos 184 países en el año fiscal de 2012 fue de $48.4 billones. Esto incluye ayuda militar y económica.

Lo interesante es que la ayuda exterior a Latinoamérica en total, desde México hasta la Tierra del Fuego incluyendo el Caribe, fue de $1.8 billones en el año fiscal de 2012. A Cuba se enviaron $20 millones para los grupos pro derechos humanos. El año fiscal anterior Latinoamérica recibió $2.1 billones. En el mundo, el país que más recibió fue Israel; $3.1 billones. Egipto recibió $1.4 billones. $4.5 billones en total. Ambas son las naciones más favorecidas desde los acuerdos Carter, Begin y Arafat en 1979. Por el momento Afganistán recibe $12.85 billones por la situación geoestratégica y de terrorismo de la región.

En una libre asociación o independencia no sabríamos cuánto dinero recibiría Puerto Rico en ayuda extranjera. Actualmente el gobierno federal asigna $6.4 billones al gobierno de Puerto Rico. En becas Pell se reciben $1 billón y en PAN $1.2 billones para $8.6 billones; más que Israel, Egipto y latinoamérica en su totalidad.

Si cambiar la condición política de Puerto Rico fuera un negocio, no creo que la separación fuera la mejor opción. Seríamos más dependientes de lo que en realidad somos ahora.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.