Juez José Fusté. EL VOCERO/Archivo

“No es un secreto que todos quieran mantener sus cuellos fuera del agua sobre este asunto, incluyendo al gobernador y esto es algo de años. Es como una foto de una bomba atómica que arriba en el tope está toda la burocracia y lo que baja es la radiación”. Así describió el juez federal José Fusté el problema que existe en el Departamento de Educación (DE), particularmente en el caso de los estudiantes de educación especial.

Las declaraciones del juez se produjeron durante una vista de solicitud de una orden de interdicto por parte de Ivis Colón, madre de una estudiante con síndrome down, quien demandó en el Tribunal Federal a la agencia por incumplir con las leyes que la obligan a proveer servicios para alumnos con necesidades especiales.

La demandante radicó el recurso legal en el foro federal luego de que la agencia incumpliera una orden emitida el pasado 24 de junio  por el juez administrador Juan Palerm Nevares que disponía que el DE nombrara  un maestro de educación especial para la menor, que se le otorgara el tiempo compensatorio de servicios académicos y que en un término de 25 días la agencia determinara la cantidad de dinero que se le adeuda a la demandante por los gastos de transportación de su hija. Estos gastos debían ser pagados en un término no mayor de 30 días.

Durante la vista trascendió que ya se nombró una Trabajador Uno (T-1).

Fusté expresó la frustración que siente sobre este asunto.

“Francamente no sé que voy a hacer en este caso. Solo que lamento mucho la situación de los padres de estudiantes de educación especial que no tienen los recursos. Es una tragedia, es una tragedia. Comparo lo que oigo aquí con lo que sé de la educación privada, sea de educación especial o no y lo único que puedo pensar es que por alguna razón no es culpa de una persona, es del sistema. Estamos fallando totalmente sobre esa obligación sagrada que tenemos que es educar a nuestros niños”, afirmó el juez.

“Si hacemos una lista de pecados, el denegar una educación apropiada es el peor. Es un sistema difícil y no veo cómo se va a resolver esto. Trataré de hacer lo mejor para ambas partes”, agregó.

Durante la vista testificó Neuris Contreras directora de la escuela doctor Hiram González de Bayamón en donde estudia la menor identificada por sus iniciales E.C.C. La jovencita cursa el quinto grado.

La educadora fue cuestionada por el abogado de la demandante Juan Muñoz sobre las gestiones que hizo ella y la agencia para que se nombrara un T-1.

A preguntas de Fusté, Contreras dijo estar insatisfecha con el apoyo que recibe del DE para proveer servicios para estudiantes de educación especial.

“No quiero ponerla en una posición difícil, pero por el bien de los que necesitan y para resolver los asuntos, es hablándolo”, expresó el juez.

“Ya que usted abre la puerta, la madre está aquí y lo he dicho ante otros padres, en el momento en que tenga que ir en contra del DE por no dar servicios a mis niños, mi moral y mis principios me llevarán a eso. Me preguntó y le tengo que decir que no”, apuntó Contreras.

“Si tuviéramos el poder como directores escolares para  nombrar personas, porque conocemos a los niños, estamos día a día con ellos. Somos conscientes de las necesidades de ellos, tenemos evidencia de las necesidades, pero tenemos las manos atadas como administradores de que se le de un servicio de calidad a estos niños y quiero ser clara que no es el distrito, ni la región, ni a veces el DE porque esas plazas las solicitamos a Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y si la OGP no las aprueba ata al DE”, apuntó.

Asimismo, al ser cuestionada por el juez sobre las limitaciones que tiene como directora de escuela, Contreras explicó que no tiene el poder de nombrar a los maestros ni a los trabajadores uno -T-1-, tampoco interviene en la dieta de los estudiantes, ya que eso está a cargo de la Administración de Comedores Escolares. “Esta servidora no compra alimentos”, afirmó.

Indicó que el DE tiene el poder de nombrar a los T-1.