Al concluir que el Departamento de Educación (DE) incumple “intencionalmente” con las leyes que le obligan a proveer servicios para estudiantes con necesidades especiales, en particular con una alumna con síndrome down, cuya madre demandó a la dependencia en el Tribunal Federal, el juez José Fusté advirtió a los funcionarios de esa agencia a cumplir con sus obligaciones, porque de lo contrario ordenará el encarcelamiento de estos.
De esta forma Fusté concedió emitir una orden de interdicto preliminar solicitada por Ivis Colón Vázquez, madre una estudiante de educación especial que demandó al DE por no proveerle a su hija -identificada por sus iniciales E.C.C.- los servicios que la agencia está obligada a ofrecer según dispone la Ley de Educación para Personas con Impedimentos.
La menor cursa el quinto grado en la escuela Doctor Hiram González en Bayamón.
“El sistema le ha fallado a E.C.C. Una y otra vez sus necesidades se han perdido por la burocracia. Aun cuando oficiales bien intencionados de la escuela han solicitado la asistencia del DE, sus peticiones han caído en oídos sordos. Sin la intervención de esta corte es aparente que nada cambiaría para E.C.C”, afirmó el juez.
Apuntó que el incumplimiento del DE con estudiantes de educación especial se remonta a 34 años con el pleito Rosa Lydia Vélez v. Departamento de Educación en la corte superior de San Juan, por lo que concluyó que en este caso no impondrá multas, ni emitirá órdenes ni impondrá requerimientos a los empleados de la agencia porque estas medidas no han funcionado.
“Treinta y cuatro años pasándose la papa caliente, convence a la corte de que ninguna multa, demanda, instrucción, orden, requerimiento, acuerdo funcionará como remedio. Sólo la intervención de la corte con su poder de desacato aparenta ser suficientemente fuerte para asegurar que el daño que se la ha hecho a E.C.C. terminará”, mantuvo.
“Nadie debe dudar que se encarcelará a cualquier persona que no coopere”, advirtió el juez.
“Treinta y cuatro años de intercambio de papeles y excusas. Treinta y cuatro años de ineficiencia y mediocridad en el cual la víctima es una niña cuyos padres no pueden sufragar educación privada, que es el único recurso aceptable a esta tragedia en estos días”, expresó el juez.
El juez concluyó que el DE incumple con la asignación de un maestro recurso de la corriente regular, como lo solicita la demandante.
De igual forma, el DE no ha efectuado el plan anual del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) que establece los servicios diseñados para cumplir con las necesidades de estudiantes de educación especial.
Asimismo, consideró que la agencia incumple con la dieta de E.C.C. como estudiante de educación especial.
Opinó que el DE ha incumplido con el reembolso de los gastos de transportación de la perjudicada, ya que la demandante es quien lleva a su hija al plantel escolar y a las sesiones de terapia.
Tras evaluar la prueba presentada durante unas vistas de causa, celebradas los días 9 y 10 e septiembre y de la evidencia documental, Fusté determinó que el “DE a sabiendas e intencionalmente ha privado a E.C.C. de una educación adecuada”.
“No es un secreto que el nivel de calidad de educación en las escuelas públicas en Puerto Rico es pobre, embarazoso, negligente, desgraciado, penoso y no honorable”, comentó Fusté.
Esta es la segunda ocasión en la que la demandante acude al Tribunal Federal para reclamar los servicios que le corresponden a su hija.
El pasado 5 de mayo Colón Vázquez radicó una querella administrativa contra el DE.
El 24 de junio un juez administrativo falló contra la agencia y ordenó que se nombrara un maestro de educación especial para la menor, que se le otorgara el tiempo compensatorio de servicios académicos y que en un término de 25 días la agencia determinara la cantidad de dinero que se le adeuda la demandante por los gastos de transportación de su hija y que los mismos debían ser pagados en no más de 30 días. El DE incumplió con la orden del juez administrativo, por lo que Colón Vázquez acudió al Tribunal Federal.
Fusté ordenó a que en 15 días el distrito escolar de Bayamón concluya el IEP para la menor y que se lo notifique a su madre por escrito diez días antes de la reunión con personal de este programa.
Una vez se reúnan, las partes deben suministrarle al juez un listado de todas las personas que participaron en la misma y proveerle copia de la minuta.
En 15 días el DE debe reembolsar a Colón Vázquez la cantidad adeudada por concepto de transportación.
Asimismo, el DE debe asignar a una nutricionista para que visite al menos tres veces al mes el plantel escolar a la hora de almuerzo para inspeccionar los alimentos que se le ofrecen a la menor. Esta deberá preparar un informe de las visitas y de sus hallazgos.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
Paralizan las clases por problemas en escuela de Vega Baja
Baños inservibles y una plaga de comején son algunas de las situaciones que enfrenta el plantel
Por Keila López Alicea/ keila.lopez@elnuevodia.com
Padres y estudiantes de la escuela intermedia Ángel Sandín de Vega Baja mantienen paralizadas las clases en este plantel a raíz de los múltiples problemas de infraestructura que han identificado.
Baños que no funcionan, una plaga de comején y polilla y presencia de hongos en varios salones son algunas de las situaciones que han convertido la escuela en un edificio que no está apto para recibir estudiantes, indicó el portavoz de la comunidad escolar, Carlos Andaluz.
El plantel cuenta con una matrícula de más de 900 estudiantes entre séptiumo y octavo grado, los cuales toman sus clases desde el semestre pasado en horario alterno porque no hay espacio para todos ellos, señaló la madre de una estudiante de octavo grado, Paula Pagán. Esto además se debe a que un área de la escuela fue clausurada el año pasado precisamente por problemas de infraestructura, añadió.
«El noveno grado antes estaba en otro edificio, pero el semestre pasado lo devolvieron a la escuela porque que (la Agencia Estatal de) Manejo de Emergencias cogió el edificio. Ahora los estudiantes no caben», indicó Andaluz.
Durante el fin de semana, personal de Educación visitó la escuela junto a empleados de la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) y la Autoridad de Edificios Públicos. No obstante, estos no resolvieron los problemas, sostuvo Pagán.
«Ellos arreglaron los baños, pero luego nosotros fuimos y nueve no funcionaron. Ellos dicen que arreglaron las cosas, pero hoy llamaron a la Autoridad de Acueductos (y Alcantarillados) y ellos abrieron la llave de paso, que estaba cerrada, y hay un problema en con el servicio de agua», señaló Pagán, quien destacó que también hay un comité de maestros que los apoyan.
La situación de esta escuela será evaluada con prontitud, aseguró ayer en la tarde el secretario de Educación, Rafael Román. El funcionario indicó que tenía entendido que brigadas de trabajo estuvieron en el plantel en el fin de semana, por lo cual entendía que los problemas se han solucionado.
«Se ha intervenido en esta escuela en innumerable cantidad de veces», señaló Román, quien indicó que este plantel ha reportado los mismos problemas en varias ocasiones.
Pero para los padres, las explicaciones no son suficientes.
«Estaremos paralizando las clases hasta nuevo aviso. Ahí no pueden estudiar», comentó Andaluz.
Directores escolares piden más poderes para supervisar a maestros
Reconocen que no tienen poder de remover docentes deficientes
Por Rebecca Banuchi / rebecca.banuchi@gfrmedia.com
Directores escolares de San Juan y Ponce recabaron este martes mayores poderes al Senado para fortalecer sus funciones de supervisión académica y promover una política de «responsabilidad institucional» en el Departamento de Educación (DE).
Los cuatro directores administran planteles bajo el programa federal «School Improvement Grant” (SIG), que opera en las escuelas con el desempeño académico más bajo, y coincidieron en que darles la facultad de remover a los docentes que no cumplan con niveles óptimos de enseñanza fortalecería su capacidad fiscalizadora, y podría mejorar el rendimiento del estudiantado.
«Trabajé por muchos años en el sistema privado, y el choque de la cultura organizacional, para mí, ha sido devastador. Cuando en el sistema privado tenía un maestro que no cumplía con las expectativas, que no atendía las necesidades del estudiante, sencillamente le decía ‘hasta hoy’, y tenía un banco de recursos, y tenía la oportunidad de poner frente a mis estudiantes lo mejor que podía ofrecer el sistema», manifestó Camille Arroyo, directora de la escuela Segunda Unidad Dr. Arturo Morales Carrión, de San Juan.
«La real transformación radica en que se adjudique la responsabilidad de quien no cumple con sus funciones, que se puedan medir a través de instrumentos que el Estado o quien sea quiera determinar», añadió la funcionaria durante el tercer día de vistas públicas de la Comisión Especial para la Transformación Administrativa y Operacional del Sistema de Educación de Puerto Rico, que investiga el resultado de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA).
Arroyo, además, criticó el sistema de reclutamiento de los maestros y maestras en el DE, pues según dijo, al contratar nuevo personal se basan en listas de prioridad que sólo exponen la preparación académica y la experiencia, pero que no detallan los méritos ni datos sobre evaluaciones en el desempeño previo de los candidatos al puesto.
Magaly Rosario, directora de la Escuela Manuel Cuevas, también en la capital, señaló que es necesario que se retome como filosofía que el estudiante es el centro del sistema público de enseñanza. Planteó que, en ocasiones, los alumnos «se pierden» entre los trámites administrativos y la burocracia que impera en el DE.
Reconoció igualmente que existe cierto «desánimo» entre el cuerpo docente debido a los recientes cambios impuestos por el Gobierno a sus condiciones laborales, e instó a apoderar las comunidades escolares.
«El maestro tiene que sentir que (el director escolar) está ahí para escucharlos y apoyarlos, que si tiene alguna laguna en términos de contenido, que hay un facilitador en el distrito escolar para apoyarlos», sostuvo Rosario a preguntas del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien también lidera la comisión especial.
«Nuestros maestros son parte de este sistema e impactan directamente al estudiantado. Necesitamos maestros felices en las salas de clase, que den gracias por estar ahí, no queremos maestros que se estén lamentando porque están entrando por la puerta de la escuela», subrayó.
Los testimonios de los directores escolares también dejaron en evidencia la escasez de los facilitadores docentes y otro personal de apoyo que, en teoría, debe estar disponible para ayudarlos a superar cualquier dificultad o limitación en la labor académica. En el Distrito de Ponce, se distribuyen entre todas las escuelas tres facilitadores de matemáticas, uno de inglés y dos de ciencia, mientras que en San Juan no hay facilitadores de matemáticas, sólo hay dos de inglés y dos de ciencia, según expusieron.
Josías Reyes, quien dirige la Escuela Emilio E. Huyke, de San Juan, también señaló como uno de los principales problemas la función dual que tienen sobre sus hombros los directores escolares, pues las labores administrativas que les exige el DE les resta tiempo para supervisar salón por salón el contenido académico y la ejecución de los maestros.
«La función del director es dual, administrativa y académica. En muchas ocasiones, se hace imposible cumplir con las dos… Nos siguen halando unas responsabilidades administrativas que posiblemente no aporten a la educación y al interés de los estudiantes», dijo Reyes.
Entre esas tareas administrativas, mencionaron el manejo del personal, las compras de materiales, el mantenimiento de la planta física, la transportación hacia las escuelas, además de muchas otras exigencias del DE a nivel central, regional y de distrito.
El grupo de directores, que incluyó también a Wanda Rivera, de la Escuela Eduardo Neumann Gandía, de Ponce, sugirió que se evalúe la posibilidad de incluir en la plantilla de las escuelas asistentes administrativos que liberen la carga de estos trabajos gerenciales de manera que puedan enfocarse más en el desempeñó de maestros y estudiantes.
Durante los interrogatorios de los senadores, los funcionarios del DE admitieron que algunos docentes exhiben serios problemas de ausentismo, aunque no detallaron la magnitud. Bhatia dijo tener datos que apuntan a que diariamente se registran alrededor de 7,000 ausencias de maestros en los salones de clase.
El líder senatorial anticipó a este medio que próximamente la comisión especial celebrará una vista pública para discutir exclusivamente esa problemática.
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