Los signos de interrogación persisten sobre la solvencia del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que podría enfrentar escenarios más complejos, ante las medidas tímidas del gobierno para mejorar su situación estructural e impulsar el desarrollo económico de la Isla.

A esa conclusión llegó el economista y profesor de la American University en Washington DC, Arturo Porzecanski, en su análisis titulado The Government Development Bank: At the Heart of Puerto Rico’s Financial Crisis. En el mismo, responsabiliza al BGF de haber allanado el camino a la actual crisis económica, ante la alta exposición a la deuda de entidades públicas cuyas posibilidades de pagos están en entredicho.

Destacó que de los $9,000 millones en préstamos del BGF, alrededor del 99.6 por ciento (%) corresponde a entidades públicas y casi una cuarta parte de esa cantidad -$2,000 millones- son de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT), cuya solvencia también es cuestionada.

“El BGF facilitó una década de endeudamiento excesivo, que allanó el camino hacia la actual crisis fiscal del ELA”, resumió Porzecanski, y añadió que esto hizo que el banco esté más vulnerable.

Las expresiones del economista se suman al informe que realizó hace un mes el analista Ted Hampton, de la agencia Moody’s Investor Service, quien anticipó la posibilidad de que el BGF no mantenga liquidez hacia el final del año fiscal 2015. Dijo entonces que aun cuando la previsión del BGF es que tendrá dinero hasta el 30 de junio de 2015, con $1,680 millones en efectivo, se prevé que habrá ¨un agotamiento casi total¨ a esa fecha. ¨Una caída más acelerada a la anticipada por el BGF en los balances de efectivo anticipa una mayor presión sobre las clasificaciones crediticias del ELA¨, añadió Hampton.

Por su parte, Porzecanski criticó que los estados financieros del BGF no se publiquen trimestralmente y los que son anuales nunca están a tiempo para poder seguir el comportamiento del flujo de caja. Indicó que “tradicionalmente el BGF no ha destinado ninguna provisión para pérdidas en préstamos y no ha cambiado esta política, ni siquiera a pesar del deterioro constante de la economía y del crédito de Puerto Rico”.

Resaltó que la imagen y la gobernanza corporativa del BGF se ha deteriorado en el tiempo por la intervención política, y mencionó que la ex gobernadora Sila Calderón y su administración legislaron para destinar dinero del banco a las arcas del gobierno central y para el fideicomiso de las comunidades especiales, con lo cual el BGF “llegó a ser considerado como alcancía del gobierno” desde entonces.

Respecto a la ley para la reestructuración o quiebra criolla de las corporaciones públicas, declaró en el informe que de utilizarse este recurso el impacto que ejercería sobre el BGF es preocupante ante la alta exposición a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y la ACT, entre otras.

Frente al cuadro prevaleciente de la economía con el Índice de Actividad Económica (IAE) en terreno negativo y sin muestras de mejoría, la credibilidad del mercado inversor y las casas acreditadoras “seguirá siendo débil”.
Puntualizó que “a pesar de la agenda audaz en el último año, los signos de interrogación aún persisten sobre la voluntad de las autoridades para embarcarse en reformas estructurales para promover el crecimiento”.