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Arturo Porzecanski publicó un análisis que resalta la falta de fiscalización federal
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
Washington – En momentos de crisis fiscal, Arturo Porzecanski, director del programa de Relaciones Económicas Internacionales de la American University, considera que la misma fragilidad del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico representa un riesgo para las inversiones de estadounidenses en las corporaciones públicas y el propio gobierno de la isla.
Como reclamó en su más reciente publicidad en contra del gobierno de Puerto Rico el grupo conservador American Future Fund (AFF), Porzecanski, quien hasta mediados de la década pasada trabajó en empresas de Wall Street, llamó también ayer la atención, en una conferencia telefónica, sobre la “falta de fiscalización federal y la vulnerabilidad fiscal” del BGF.
Los comentarios del profesor Porzecanski se basan en un análisis que publicó con fecha del 18 de septiembre, el mismo día en el que AFF inició la cuarta etapa de los anuncios que ha colocado en los periódicos The Wall Street Journal y Político en contra de iniciativas fiscales del gobierno de Puerto Rico.
En los mensajes publicitarios del 18 y 19 de septiembre, AFF describió el BGF como “un fondo secreto para sobornos” que es manejado por los “compinches” del gobernador Alejandro García Padilla y solicitó la intervención del Congreso para que se realice una auditoría de la institución bancaria.
En entrevista con El Nuevo Día, después de su conferencia telefónica, Porzecanski dijo desconocer quienes están detrás de la campaña de la AFF, aunque sospecha que son inversionistas de riesgo (hedge funds o fondos buitre) diferentes a los que le han hecho consultas sobre la situación fiscal de Puerto Rico en momentos en que el gobierno se prepara para emitir unos $900 millones en notas de anticipación de contribuciones (Trans).
“No tengo nada que ver con ese juego sucio. Tengo suficiente buen nombre para dar la cara”, indicó el profesor universitario, al afirmar que sus clientes no vieron su análisis escrito hasta el mismo día 18.
Advirtió además que, contrario a la AFF, no propone una intervención del Congreso, sino que destaca el hecho concreto de que el BGF no es reglamentado a nivel federal debido a una estructura fiscal con considerable “soberanía” que considera le permite funcionar en los mercados estadounidenses “como municipio, estado y país independiente”.
La campaña de AFF comenzó en junio, poco después de que Doral Financial demandó al gobierno de Puerto Rico en reclamo de un reintegro de $229 millones. El caso de Doral, que tiene en marcha su propia campaña en Washington en contra del gobierno de Puerto Rico, ha sido parte de las denuncias de AFF.
“El problema más inmediato del BGF”, según Porzecanski, es que casi una cuarta parte de sus préstamos – unos $2,000 millones- fueron otorgados a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que muchos ven como la próxima corporación pública que necesitará entrar en un proceso de reestructuración de su deuda.
Si la ACT entra en un proceso de reestructuración, Porzecanski teme que el BGF pueda quedar sin liquidez y dejar de ser la última fuente de recursos para las corporaciones públicas, que acumulan más de dos tercios de la deuda del gobierno de Puerto Rico, que alcanza los $73,000 millones.
“El BGF no imprime dinero, no tiene quien lo rescate”, sostuvo.
De nacionalidad uruguaya y consultor sobre economías emergentes y en crisis, Porzecanski dijo que se interesó en Puerto Rico en 2013, cuando se percató de la constante caída de los bonos municipales de la isla que tiene en su portafolio.
Porzencaski sostuvo que le asombró además conocer que el BGF no es regulado por nadie en el gobierno federal, ni la corporación que asegura los depósitos bancarios (FDIC) ni la Reserva federal de Nueva York, a pesar de ser una institución financiera muy grande “que ha hecho cosas buenas y malas en Puerto Rico”.
“Mientras más estudié el asunto, me di cuenta de que sobre lo que nadie había escrito en Wall Street era el BGF. Hacía falta arrojar luz sobre (el BGF)”, dijo el economista, en la conferencia telefónica, en la que describió al banco como “la institución que ha facilitado la borrachera de préstamos que ha generado la crisis fiscal” en la isla.
“Este gobierno se ha centrado en aumentar la transparencia hacia las partes interesadas en Puerto Rico y en la comunidad financiera en general. Ese esfuerzo ha incluido un programa para mejorar las relaciones con los inversionistas, la publicación de materiales sobre la liquidez y actualización adicionales en la página de internet, y transmisiones por internet con el liderato del BGF”, indicó, por su parte, el presidente interino de la institución, José Pagán Beauchamp.
Para Porzecanski, las esperanzas para una recuperación económica no están a la vista y no ve que se tomen en la isla todas las decisiones urgentes que se necesitan.
“Los recaudos contributivos no van a cumplir con las metas y la credibilidad de las autoridades (de Puerto Rico) ante las casas acreditadoras y los inversionistas va a continuar siendo frágil. Hemos visto esta película en otros sitios, como en Grecia, donde la economía se contrae y se establece un círculo vicioso en el que los recaudos contributivos, no importa cuánto se suban los impuestos, siguen cayendo, y se entra en un vórtice del cual es difícil salir sin una reestructuración y pérdidas masivas para los inversionistas”, indicó Porzecanski.
Pero, también reconoció que crisis como la que enfrenta la isla pueden ser también “una oportunidad” para reencaminar la economía.
Mientras, la guerra de relaciones públicas que han desarrollado Doral y AFF en contra del gobierno de Puerto Rico llamó ayer la atención de la publicación Politico, donde la AFF ha publicado los cuatro anuncios que ha producido en contra de la administración de García Padilla.
DCI volvió a negar tener vínculos con AFF. “No sé por qué AFF se involucró en esto”, dijo Craig Stevens, portavoz de DCI Group, la empresa de relaciones públicas que contrató Doral en Washington y que coordina el cabildeo en el Congreso con el excongresista republicano Connie Mack y su empresa Liberty International Group.
A Mack se le atribuye haber reclutado por lo menos cuatro congresistas republicanos que han cuestionado también la posición del gobierno de Puerto Rico en la pugna con Doral y al ex subsecretario de Estado para Asuntos Públicos James Glassman, un exfuncionario del gobierno de George W. Bush.
Doral también ha negado vínculos con AFF, pero reconocido tener como consultores en este asunto a DCI, Mack y el ex subsecretario de Comercio del gobierno de Bill Clinton, Robert Shapiro, quien también preparó, en medio de la controversia, su propio análisis sobre la crisis fiscal de Puerto Rico y recomendó que la isla se centre en atraer grandes inversiones extranjeras.
Los anuncios que ha publicado AFF en contra del gobierno de García Padilla alcanzan ya un costo de alrededor de $400,000, según conocedores de la industria, sin incluir el pago que pudiera haber hecho a empresas de publicidad.
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