Las carta del juez Erick Kolthoff Caraballo fue enviada el pasado martes 23 de septiembre. EL VOCERO/Eric Rojas

Tan pronto como el mismo día que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, anunció los integrantes de la Unidad Especializada en Investigaciones de la Rama Judicial, el juez asociado del Tribunal Supremo, Erick Kolthoff Caraballo, expresó su inconformidad porque los tres integrantes tuvieron contratos con la Oficina de la Administración de los Tribunales.

Se trata de la exjueza Carmen Ana Pesante Martínez, el exfiscal Félix Fumero Pugliese y la licenciada Rosa María Cruz Niemiec.

“De los tres integrantes, tengo el placer de conocer personalmente a la exjueza Carmen Ana Pesante Martínez quien, desde mi perspectiva, goza de una reputación intachable en todos los sentidos. Sin embargo, surge de la página electrónica de la Oficina del Contralor que los tres letrados tienen o tuvieron recientemente contratos con la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT)”, reza la misiva del juez asociado.

“De ser correcta esta información, le invito respetuosamente a que reconsidere su decisión de hacerlos parte de esta Unidad”, agregó el togado en su carta con fecha del 23 de septiembre de 2014.

Kolthoff Caraballo añadió en su misiva que “la transparencia en todo este proceso es cardinal para que nuestro Pueblo confíe en los esfuerzos que se están haciendo para sanear la difícil situación que enfrenta la Rama”.

“En este sentido no podemos, no debemos escatimar en esfuerzos y recursos dirigidos a ese fin. Por eso las personas que dirijan estas investigaciones- y si es posible aun el personal que llevará a cabo las investigaciones de campo- no deben dar siquiera la apariencia del más mínimo conflicto de interés con relación a cualquier componente de la Rama Judicial, incluyendo la OAT”, concluye la carta.

De acuerdo a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, la Unidad Especializada reforzará la investigación de quejas de jueces y juezas, proceso que lleva a cabo la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT).

Además, tendrá facultad para atender, sin limitarse a estos asuntos, quejas relacionadas a conducta que implique la posible comisión de delito, conducta que impute actuaciones por influencias indebidas, conducta que implique comunicación ex parte que pretenda influir en actuaciones judiciales, uso indebido del cargo de juez o jueza, actividades políticas prohibidas por los Cánones de Ética Judicial y conducta que lacere la imagen de la Rama Judicial.

También podrá llevar a cabo cualquier otra función investigativa que le sea delegada por la jueza presidenta.

Fiol Matta ha dejado claro que las investigaciones que realice la Unidad Especializada se regirán por las Reglas de Disciplina Judicial.

A la vez, la Unidad atenderá de manera expedita todas las quejas de jueces y juezas que sean presentadas, así como cualquier señalamiento que reciba de las comisiones especiales que la jueza presidenta del Tribunal Supremo nombrará próximamente.

La licenciada Pesante fue jueza del Tribunal de Apelaciones desde el año 1995 hasta el 2011. Antes fue abogada litigante y ocupó diferentes posiciones en la dirección de la Sociedad para la Asistencia Legal. En la actualidad trabaja como profesora de Derecho.

Mientras, el licenciado Fumero Pugliese cuenta con experiencia en el servicio público y en la práctica legal, tanto en Puerto Rico como en el extranjero. Trabajó con el Senado bajo la presidencia de Eduardo Bhatia.

En tanto, la licenciada Cruz Niemiec es abogada litigante con experiencia en diversas áreas del Derecho.

Su experiencia incluye litigación tanto en las cortes estatales como en la esfera federal en el Tribunal Federal de Distrito para Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.

La Unidad Especializada en Investigaciones de la Rama Judicial surge luego que se divulgó información de posibles actos de corrupción en los tribunales del País.

Tras la acusación en el foro federal contra el juez suspendido Manuel Acevedo Hernández por supuestamente recibir sobornos del contable Lutgardo Acevedo López, EL VOCERO publicó información que apunta a otros posibles casos de corrupción judicial en distintas regiones judiciales del País.

Acevedo López se declaró culpable en la esfera federal por conspirar para sobornar al juez estatal Acevedo Hernández del Tribunal de Aguadilla al pagarle $54 mil en efectivo y hacerle regalos.

De hecho, como medida cautelar, la jueza presidenta del Tribunal Supremo relevó de sus funciones judiciales a las juezas Sylkia Carballo y Susana Serrano Mondesí, quienes según fuentes de EL VOCERO son objeto de una supuesta investigación de parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por siglas en inglés).

La información sobre Carballo y Serrano surgió a días de que EL VOCERO hiciera público un alegado patrón de conductas impropias que incluyen pagos de viajes, influencias, fiestas y hasta arreglos de casos en el Tribunal de Caguas.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.