Bajo la administración del gobernador Fortuño se derogó la Ley que nos obligaba a estar afiliados al Colegio. Surgió la Asociación de Abogados y los abogados podíamos escoger entre pertenecer al Colegio, a la Asociación o simplemente no pertenecer a gremio alguno.

El gobernador García Padilla derogó la Ley de Fortuño y nos volvió a OBLIGAR a pertenecer al Colegio de Abogados. Cuando ello ocurrió yo dije que el Tribunal Supremo iba a declarar que la colegiación compulsoria era inconstitucional. El razonamiento es sencillo, si la Constitución me garantiza la libre asociación y el Tribunal Supremo me establece y regula los requisitos y conducta para yo poder ejercer como abogado, porqué me van a obligar a pertenecer a un gremio o club y pagarle cuotas, en el cual yo no creo.

Dicho y hecho, el Tribunal Supremo decidió en forma correcta que la colegiación obligatoria es inconstitucional.

El gobernador, que sabe de Derecho Constitucional lo que yo sé de Mandarín, puso el grito en Júpiter, o quizás llegó a Plutón. Acusó al Tribunal Supremo de ser un ente conservador. Tremendo disparate. La política de obligar a la colegiación es conservadora y retrógrada.

La política de la libertad de asociación es liberal y de avanzada. Pero hay que perdonarlo, sería mucho pedirle que él conociera las diferencias filosóficas entre una política conservadora y una liberal.

Hoy, para ser abogado(a) hay que tener un bachillerato de una universidad reconocida(4 años), hay que tener un grado de Doctor en Jurisprudencia de una Escuela de Derecho reconocida(3 años) y hay que pasar un examen de reválida que dura tres días y lo dá el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Si yo no creo en la política de izquierda del Colegio de Abogados (gobernador usted sabe la diferencia entre política de izquierda y de derecha), porque me tienen que obligar a pertenecer al dichoso Colegio de Abogados para poder ejercer mi profesión. Porque no puedo, si es lo que yo quiero, pertenecer a la Asociación de Abogados, a la American Bar Association, a la Asociación de Abogados de Iberoamérica, o a ninguna.

La verdad es que la derogación de la Ley que nos permitía libertad de asociación fue una promesa que García Padilla le hizo a la coalición popular-independentista que tradicionalmente dirige el Colegio de Abogados. Es una de las pocas promesas que cumplió y como sabíamos, resultó ser inconstitucional.

Muñoz, Sánchez Vilella, Ferré, Roselló y Sila Calderón, que no eran abogados demostraron con creces ser mayores conocedores del Derecho que García Padilla que dice ser abogado.
El mes que viene faltarán dos años para las próximas elecciones. Lo bueno es que ya pasaron dos, lo malo es que faltan dos. Lo triste es que serán cuatro años recordados como los más desastrosos y en el mejor de los casos como cuatro años perdidos en nuestra historia.

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