Pecar de ingenuidad para escudar posible favoritismo al otorgar contratos en la Rama Judicial es una danza macabra.  El vaivén contradictorio del juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) Luis Estrella Martínez es llamativo. Su crítica reciente ante los hallazgos en los Informes de Auditoria de la Contralora sobre los contratos de arrendamiento de los edificios de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) y el Tribunal Apelativo (TA) se distancia de su postura anterior al contrato para la construcción y arrendamiento del Tribunal en Aibonito (2012 TSPR 144, 26 septiembre de 2012).  ¿Por qué el cambio tan drástico?  ¿Por qué participó de una opinión en que las reglas del juego al peso que darían a los criterios de evaluación eran desconocidos cuando se hizo el requerimiento de propuestas, rayando en la arbitrariedad? ¿Por qué no utilizó el canon de arrendamiento para OAT y TA para comparar el canon de las propuestas para el Tribunal de Aibonito?

En la sentencia emitida por el TSPR en el caso del Tribunal de Aibonito, el juez Estrella Martínez se unió a la mayoría que avaló el contrato a favor de STZ Development Inc. (STZ) para su construcción y arrendamiento.  La opinión mayoritaria reposta la postura disidente de los jueces asociados Mildred Pabón y Roberto Feliberti de Jesús, alegando que sí tomaron en cuenta los Informe de la Contralora DA-12-52 y DA-12-53 (12 de marzo de 2012). No obstante, no analizaron el exorbitante canon de arrendamiento de OAT y TA que la disidencia pormenoriza.  La opinión mayoritaria lo despachó aludiendo a “que nada tienen que ver con el proyecto actualmente en controversia.” (2012 TSPR 144, 26 septiembre de 2012, p.68).  Por otra parte, en cuanto al reclamo público que ha levantado el juez Estrella Martínez de la transparencia sobre los integrantes de la Junta de Subasta de la OAT, en el caso del contrato a favor de STZ, la opinión mayoritaria nombra sin reserva los integrantes del Comité Evaluador (Ibid, p.4)  para revisar el Requerimiento de Propuestas  del 26 de abril de 2009 (Ibid, p. 2).  Ello incluía al Juez Administrador Regional, Hon. Rafael E. Taboas Dávila, y el Ayudante Especial del Juez Presidente, Hon. Angel Colón Pérez, entre otros.

Los jueces asociados Pabón y Feliberti,  disienten, en esencia cuestionando el canon de $29.80  el pie cuadrado por oficina y $20.90 por pie cuadrado de estacionamiento (Cuarta Enmienda al Contrato, 25 noviembre 2003) por los edificios de OAT y TA, presentando comparables en el área metropolitana de San Juan (p. 19). El entrelinea es un cuestionamiento sobre el canon de arrendamiento en Aibonito.  Por su parte, la opinión mayoritaria en el caso del Tribunal de Aibonito se queda corta. Aparte de discutir mantener en secreto el peso de cada criterio de evaluación, la importancia de otros criterios como la ubicación del terreno, sistemas de apoyo disponibles, capacidad de expandir las facilidades en el futuro, entre otros, para alegar que el canon no era lo mas importante, entran en el teje-maneje de la diferencias minúsculas entre los licitadores con respecto al canon.  Su análisis distingue entre el canon de  $29.67 a $30 el pie cuadrado con mantenimiento entre las compañías que sometieron sus propuestas.  Falta establecer las comparables en el mercado para poner en justa perspectiva el valor de “real estate” entre Aibonito y San Juan.  Es decir,  el pago aproximado de $12 millones anuales en alquiler por OAT y TA con sus respectivos estacionamientos (por la primera década) contrasta con los casi $7.5 millones anuales de alquiler a STZ por el Tribunal de Aibonito con su estacionamiento o los casi $5.3 millones anuales de la oferta del competidor Maranello, Inc.

Con licencia poética invertimos las expresiones del Tribunal.  Para evitar que la ‘arbitrariedad’ la conviertan en ‘discreción’ y la ‘sumisión miope’ se convierta en ‘deferencia judicial’ (Opinión disidente, p.1) hay que legislar para prohibir y criminalizar el despilfarro de dinero público al alquilar edificios privados para uso público.  Habiendo edificios vacíos gubernamentales, ¿por qué no remodelarlos o demolerlos para construir nuevas edificaciones?  ¿Es o no más barato que el Estado construya sus propios edificios?  La legislatura de Puerto Rico debe de investigar el gasto público en arrendamiento.  Les invito a analizar abstrayéndose de considerar las aportaciones de inversionistas políticos a los partidos de mayoría.  Como bien citan los jueces de la opinión disidente, “La dama de la justicia es ciega, pero no ingenua. ” (PIP v. ELA, et al, 2012 TSPR 111, 6 julio 2012)