Documentos oficiales de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) revelan irregularidades en el proceso de alquiler del edificio donde ubica el Tribunal de Menores y Relaciones de Familia, en Bayamón, que involucra a la exjueza de Bayamón Georgina Dávila Altieri y su hermano Esteban. De los documentos se desprende que no se celebró subasta y que se ignoraron las recomendaciones para que no se concediera una dispensa a la magistrada para realizar el contrato por posibles conflictos de intereses. La exjueza Dávila Altieri y su hermano son los propietarios del terreno donde se construyó el edificio, ubicado en la carretera PR-167.
Según documentos en poder de EL VOCERO, el contrato de arrendamiento del edificio de Relaciones de Familia, fue firmado por el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico José Andreu García el 30 de enero del 2004. Andreu García otorgó la dispensa – 5 de marzo de 2003- y autorizó el alquiler de $129 millones. Al finalizar el término de arrendamiento, el edificio no pertenecerá a la Rama Judicial.
Entre los múltiples documentos obtenidos por este rotativo, figuran varios correos electrónicos en los que se evidencia la participación de Dávila Altieri en reuniones sobre la construcción del edificio, ubicado en la carretera PR-167 en Bayamón.
Uno de ellos fue enviado por un funcionario de la Administración de la OAT, Carlos del Valle Reyes, que data del 5 de septiembre del 2001. En el mismo se informa que el remitente se reunió con la magistrada para discutir el plano sometido por un arquitecto para la construcción del edificio.
De los documentos se desprende que la OAT advirtió sobre la posibilidad de conflicto de intereses y resaltó que la Oficina de Asuntos Legales también objetó el negocio firmado por Andreu García.
Dávila Altieri solicitó la dispensa el 21 de julio del 2001, mientras que la Oficina de Auditoría de la OAT emitió su informe el 30 de agosto del 2001. El referido documento fue efectuado por la asesora legal de la Oficina de Auditoría de la OAT Belma Lizz Cruz Serrano y la directora de la Oficina Ivonne Díaz Pérez y enviado a la exadministradora de la OAT Mercedes Bauermeister.
Específicamente, el informe recomendó que “no se debe conceder la dispensa que solicitó la jueza Dávila Altieri por conflicto con los cánones de ética judicial y a las normas de conducta que se esperan de un juez”.
Asimismo, la Oficina de Auditoría de la OAT, detectó que “a la fecha en que se firma ese contrato, Dávila Altieri tenía una dispensa como accionista de la Corporación Desarrollo Daval Developers Inc., y no de la Corporación Desarrollo Dos Hermanos, Inc., con quien finalmente se firmó el mismo. Por lo tanto, entendemos que para el documento de Promesa de Arrendamiento, la jueza no tenía dispensa como tal”.
De los documentos se desprende que la dirección de la OAT hizo caso omiso de las recomendaciones de la Oficina de Auditoría entre las que resaltan: revaluar el cumplimiento de los Cánones de Etica Judicial por parte de la jueza Dávila Altieri, conforme al beneficio económico que se desprende obtendrá.
De igual forma, se sugiere reevaluar el otorgamiento de la dispensa otorgada, evaluar la legalidad de que la Rama Judicial se comprometiera a reembolsar el pago de contribuciones sobre la propiedad cuando el edificio no pertenece ni pertenecerá en los sucesivo.
Se indica que en lugar de inhibirse y dejar que su hermano negociara los términos y condiciones, la jueza Dávila Altieri participaba de las reuniones y discusiones de las negociaciones.
A su llegada, la exjueza presidenta del Tribunal Supremo Miriam Naveira y de la exdirectora de la OAT Lirio Bernal, se preocuparon por estas irregularidades y desviaciones, por lo que requirieron a la abogada Maricarmen Ramos de Szendrey para que analizara el contrato.
El memorando escrito por Ramos de Szendrey comparte las mismas preocupaciones levantadas por otros funcionarios de la OAT.
La letrada explica en su memorando que el documento contractual fue otorgado cuando el Tribunal Supremo era presidido por Naveira, pero ella advino en conocimiento del negocio y sus términos, después de que fue suscrito.
El memorando revela la intervención de otro funcionario adicional de OAT que advirtió violaciones a las normas de sana administración pública. Este fue el supervisor de auditoría de la OAT Ramón Rivera Carmona, quien expresó que “el hecho de que se permita negociar un contrato con un solo suplidor puede propiciar un mal manejo de fondos públicos y podría prestarse para favorecer a un suplidor en particular, afectando adversamente la Rama Judicial”.
“Tales hechos incontrovertidos sugieren la posibilidad perturbadora de que fuese la propia jueza, con el conocimiento adquirido por virtud de su puesto de sus funciones sobre planes o necesidades del tribunal en que ella se desempeña, la que directa o indirectamente pusiera la existencia y disponibilidad de la propiedad de su corporación en conocimiento de la Directora Administrativa de los Tribunales. Si así fuese ella estaría incurriendo en la conducta proscrita en la primera oración citada del Canon XXI”, señala el memorando de Ramos de Szendrey.
“No es muy dificultoso entender que utilice su posición privilegiada por la facilidad de acceso a las autoridades administrativas de la Rama Judicial para fomentar el éxito de sus negocios privados o para su beneficio personal. Y si no fuera ella por sí o mediante su hermano u otro intermediario la que efectivamente suministró la información a las autoridades en la OAT, pecaría de ingenuo quien no apreciara que las circunstancias señaladas cuando menos dan base para la sospecha de que usó las prerrogativas de su puesto para beneficio personal y de su hermano”, agrega el memorando.
Según el informe, entre los múltiples hallazgos, se destaca también las deficiencias de la dispensa otorgada, dado a que el exjuez presidente Andreu García, “no identificó en su carta de dispensa, la fuente de autoridad en que se apoyó para concederla, asunto de importancia cardinal en esta ocasión, puesto que el canon de ética judicial aplicable a la situación no la establece y hay indicaciones de que la prohibición contra percibir los beneficios de un contrato otorgado bajo el ordenamiento aplicable a los de corto plazo, no es susceptible de ser dispensada”.
“Qué impacto tendría en el Pueblo de Puerto Rico conocer que la Rama Judicial va a pagar $129 millones por el alquiler de un edificio, sin derecho a adquirir su titularidad y que le pertenece, en un 50 por ciento, a una de sus juezas en funciones”, concluye el memorando.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
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