Aunque algunos economistas y políticos descartan la posibilidad de una sindicatura del gobierno de Estados Unidos sobre el Estado Libre Asociado (ELA), otros entienden que esto no se puede descartar mientras la economía no muestre cambios positivos y se prolongue la situación actual.
Hasta ahora, informes de prensa han señalado que no hay ambiente en Casa Blanca ni en el Congreso para habilitar un síndico sobre el gobierno local, pero la suma de ocho años en recesión y la inexistencia de importantes saldos positivos en la economía podría provocar un cambio.
Con eso concurre el economista Gustavo Vélez, quien aun cuando entiende que en la Isla existe la capacidad para salir de su situación, según avancen los meses e incida la debacle local sobre aspectos importantes de la economía de Estados Unidos, como podría ser el mercado municipal de bonos, entonces no se puede descartar una sindicatura. Fue más lejos y dijo que si en 16 meses no se ve mejoría, el panorama deberá será completamente distinto.
En cambio, para el gobernador Alejandro García Padilla, la llegada de una sindicación federal es solo una bola de humo de “los profetas del desastre”.
“Aseguraron que el presupuesto no se cuadraría, que no generaríamos empleos, entre otras cosas y todo se ha dado en beneficio del pueblo. Estas expresiones no son del agrado de nadie y no beneficia a nadie y mucho menos le hace bien al país. Se necesita optimismo y trabajar todos en conjunto”, expresó García Padilla a EL VOCERO.
Mientras tanto, Vélez explicó que la situación fiscal no mejorará si no se atienden los problemas macroeconómicos y los fundamentos productivos del país. “En la medida que sigamos enfocados en el aspecto fiscal, financiero y de recaudo como han hecho las pasadas tres administraciones, el problema se seguirá incrementando, reduciéndose cada día más las posibilidades de salir y se seguirá encareciendo el tomar prestado. Ya estamos llegando al límite constitucional del 15% de tomar prestado. Recientemente se tomó prestado notas de corto plazo (TRANS) a un interés de 7.75%, porcentaje que dos o tres años atrás era de un 1%. Igualmente era la banca local la que prestaba dicho dinero y en esta ocasión optó por no participar (con la exclusión de Banco Popular). Estamos llegando a un callejón sin salida, nos acercamos peligrosamente a la incapacidad financiera”, opinó el economista.
Vélez enfatizó que si no se logra un consenso entre los partidos políticos de cómo resolver el problema sin colocar más parchos, no existirá otra opción que la sindicatura federal y será una persona externa la que resuelva los problemas. “Estamos ante un problema sistémico donde se está afectando todo, la banca, el gobierno, el comercio y un tranque fiscal que ha afectado el macro de la economía, lo que deja abierta la puerta para la entrada de una sindicatura en cualquier tipo de modalidad, a través de una Junta o un Sindico como sucedió en la AEE”, añadió Vélez.
Aunque entiende que la sindicatura es una opción real, destacó que no es la mejor ya que se estaría dejando en manos de un extraño la toma de decisiones locales. “Cuán problemático se puede convertir la situación de la Isla para Estados Unidos puede ser medular para su intervención, si se agudiza la inestabilidad de la banca y si la emigración se convierte en un problema más serio”, agregó.
Dijo que para levantar al país es medular una reforma contributiva, fiscal y gubernamental, además de una reestructuración de las corporaciones públicas y del sistema benefactor de Puerto Rico, lo cual tienen un costo político.
De otro lado, los economistas Heidi Calero y Pedro Silva, sostuvieron que el país sabe lo que tiene que hacer, y no ven posibilidad de una sindicatura en este momento.
Calero dijo que Estados Unidos tiene sus problemas por lo que no van agregarse otro. “Puerto Rico sabe lo que tiene que hacer. Se tiene que reducir el gasto, hacer crecer la economía y poner la inversión a correr. Existe un solo modelo económico a implantarse, el de la exportación ya sea de mercancía, servicio o gente. No se necesita consenso, aquí se sabe lo que se tiene que hacer, lo que falta es voluntad y ejecución, y hacia eso se tienen que mover y eso lo sabe hacer el puertorriqueño sin ayuda”, puntualizó.
En un sentido muy similar se expresó el economista Silva reiteró que la sindicatura federal no va a llegar. Explicó que la Isla ha sido visitada en varias ocasiones por personal de la administración del presidente Barak Obama, quienes han radicado unos informes cuya transcendencia no ha pasado de recomendaciones pero nunca han hablado de mayores ayudas. “La solución está en las manos de los puertorriqueños. Hay que mejorar la calidad de vida local, en la medida que siga incrementando la migración, menores son las opciones de una sindicatura federal, nadie va a ofrecer ayuda a la Isla si no existe gente”, expresó.
Ante las dificultades económicas, del 1975 al 1977 Nueva York operó bajo la operación de un Comité Interno, del 1994 al 1996 Washington vivió la misma experiencia en esta ocasión bajo sindicatura; y el más reciente caso es Detroit, que actualmente opera bajo quiebra.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
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Economist: Time for PR control board
Economist Arturo Porzecanski has added his voice to scattered calls in Washington for Congress to consider creating a federal oversight board to manage Puerto Rico’s fiscal crisis.
“A renewed slide in investor confidence, on the heels of worsening economic and budgetary trends in Puerto Rico, raises the specter that in the absence of enlightened political leadership in San Juan, the U.S. Congress may soon have to establish a federal oversight board to manage the Commonwealth’s grave fiscal situation,” Porzecanski said in column for The Hill.
The Uruguayan, director of the International Economic Relations Program at American University’s School of International Service in Washington, D.C., argued that “investors have become pessimistic,” pointing out that Puerto Rico’s junk rated bonds have slumped while investment-grade municipal paper has rallied in recent weeks. Meanwhile, Puerto Rico’s borrowing costs have surged, with a syndicate of banks getting a 7.5 percent interest rate to buy $900 million in short-term notes from the commonwealth earlier this month. Benchmark issuers pay well less than 1 percent and the commonwealth has generally paid in the 1 percent to 2 percent range for such issues.
“The market action suggests that sophisticated investors are beginning to realize that Puerto Rico’s economic and fiscal situation is unlikely to turn around anytime soon,” he said.
The Government Development Bank’s Economic Activity Index, a key gauge of Puerto Rico’s economy, posted another drop in August, remaining in negative territory for a 22nd straight month and settling at its lowest level in two decades as the island struggles to pull out of a recession dating back to 2006.
The EAI closed fiscal 2014 (ended in June) down 2.9 percent compared to the previous fiscal year. The EAI had returned to growth in December 2011 for the first time since Puerto Rico’s recession began in 2006. It showed small but consistent year-over-year gains for nearly a year before beginning to retreat again in December 2012.
Unemployment rose to 14.1 percent in September, higher than any U.S. state and far above the national average of 5.9 percent. The island’s labor participation rate, meanwhile, dropped back below 40 percent last month.
“Indeed, the fundamentals of Puerto Rico resemble those of New York City in the mid-1970s and of other municipalities on which a financial control board has been imposed,” Porzecanski said. “NYC lost a chunk of its middle class and 16 percent of its jobs between 1969 and 1977. It was also saddled with too much debt – Puerto Rico’s tax-supported debt amounts to nearly $12,000 per inhabitant, twelve times the median of state debt per capita in the continental United States – and NYC’s access to financing came to an end when the leading banks resisted underwriting any more bonds.”
The economist is sharply critical of the administration of Gov. Alejandro García Padilla for a “shortfall of political skill and forceful leadership.”
“His plan to balance the budget by tinkering with revenue measures and curbing employee compensation, while avoiding layoffs and the restructuring with intent to privatize inefficient state-owned companies, is insufficiently aggressive,” Porzecanski said. “Three months into the new fiscal year, the plan is already falling short. On the funding side, meantime, the strategy is to pledge ever-greater portions of earmarked taxes to back new indebtedness, despite undermining the obligations that are not similarly supported.”
He argued García Padilla’s recent shuffling of his fiscal team — with Melba Acosta presiding the GDB and Juan Zaragoza replacing her in the Treasury Department helm — doesn’t represent an improvement.
“The time is rapidly approaching when the U.S. Congress may well have to take matters in its own hands and, empowered by Clause 2 of the Constitution, establish a financial control board to take the unpopular austerity and reform measures that circumstances warrant,” Porzecanski said.
He is the second Washington figure in less than a month to go public with the idea.
Last month, former high-ranking U.S. State Department James K. Glassman made a similar call in pushing for more attention from Washington on Puerto Rico’s debt crisis.
“It’s about time American officials criticized what’s happening in Puerto Rico, a U.S. territory since 1898,” Glassman, former U.S. undersecretary of State for Public Diplomacy & Public, said in a column published in the Capitol Hill newspaper Roll Call “If action isn’t taken soon — either by the Obama administration or the Congress — U.S. taxpayers could end up holding the bag.”
Glassman said the federal government should establish a financial control board, similar to the one that was set up in the Clinton administration and ran the affairs of the District of Columbia for six years. The board had authority over spending, borrowing, hiring, and contracts.
“Puerto Rico is no longer a disaster waiting to happen. The disaster is happening. The New York Fed should be ringing the alarm bells, and Congress and the White House should be laying the groundwork for a control board,” he wrote.
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