Una parte importante de los posibles inversores que podrían adquirir la nueva deuda de $2,900 millones que levante el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a través de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), requerirán de seguros que garanticen su compra, lo cual aumentará más el costo de la transacción.

La baja clasificación en el crédito de la Isla, así como la contradicción entre el planteamiento de mejoría económica del gobierno y los resultados que arrojan los diferentes indicadores económicos, han hecho aumentar la desconfianza inversora, según fuentes consultadas.

El amplio debate que se ha levantado en la Isla sobre las fuentes de repago de la deuda y el rechazo a que se imponga otro arbitrio sobre el crudo, igualmente ha levantado mayor preocupación.

Ese ambiente y la realidad económica del ELA propiciará costos más elevados para la emisión de $2,900 millones que se pretende realizar, la cual tiene el propósito de saldar la deuda de $2,100 millones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el BGF, más el saldo pendiente de otros $400 millones que se financiaron el pasado año a través de RBC Capital Markets.

El gobierno ha defendido la necesidad de esa emisión para proveer liquidez al BGF, ya que ante la crisis fiscal de la ACT podría ocurrir un impago que dejaría al banco del gobierno insolvente. La deuda de la nueva emisión se traspasaría a la AFI para ser repagada con el producto del impuesto al crudo.

En una conferencia reciente, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y principal oficial financiera del ELA, Melba Acosta Febo, descartó que se gestione asegurar la nueva deuda.

En cambio, las fuentes consultadas sostienen que inversores interesados, principalmente los “hedge fund” o fondos de cobertura, urgen que haya deuda garantizada con seguros.

Eso supone que además del costo en intereses entre el 8% y 11%, se le añadiría el pago de seguros. Aunque generalmente asegurar una deuda tiene el efecto de reducir el tipo de interés, en esta ocasión esa diferencia sería mínima ya que la calidad crediticia es especulativa o “chatarra” y los indicadores económicos permanecen en terreno negativo.

De acuerdo con el economista Elías Gutiérrez, las implicaciones de asegurar una deuda en los mercados de inversión son significativas, ya que “el precio del seguro también fluctúa con la credibilidad del que está emitiendo la deuda”.

“En estos momentos hay tantos factores que se desconocen que es difícil dar una opinión sobre el negocio. El gobierno está en una encerrona y no tiene opciones y tiene que salvar al BGF”, expresó Gutiérrez.

Según el economista, para poder colocar la emisión “van a tener que asegurar. Eso lo que quiere decir es que nos hayan degradado. El gobierno está comprando dinero pero a qué costo y siento que este gobernador no da muestra de que tiene dominio de la materia”.

Para Triet M. Nguyen, analista y director administrativo de la firma de asesoría y consultoría financiera con base en Nueva York, New Oak, los “hedge fund” están motivados para apoyar la transacción y evitar un impacto negativo sobre toda la deuda de Puerto Rico, toda vez que están conscientes que “si la liquidez del BGF no puede ser restaurada a través de la emisión de estos bonos, las consecuencias serán muy graves”.

Nguyen explicó que en este momento lo que importa no es si el mercado confía en el ELA o no porque “Puerto Rico no está en una posición fuerte para negociar con los fondos de cobertura y ellos van a sacar el máximo provecho de eso”.

“Nuestro temor inicial era que el gobierno está tratando de salvar al BGF a expensas de la AFI y habilitó a la ACT para una reestructuración. Sin embargo, parece que las aseguradoras de bonos han convencido al gobierno para que aumente los impuestos a los combustibles para también ayudar a la ACT. Por supuesto, un aumento de los impuestos al combustible significa que los consumidores de Puerto Rico no podrán disfrutar la reciente disminución en los precios del petróleo”, opinó Nguyen. Dijo que “Puerto Rico realmente ya no tiene acceso normal al mercado. Sólo se puede acceder al mercado a tasas usureras y bajo condiciones muy restrictivas”.

Robert Donahue, analista y director gerencial de Municipal Market Advisors, con sede en Concord, Massachusetts, comentó que frente al panorama económico y la incertidumbre fiscal, así como lo que pueda surgir con la Ley de Recuperación o quiebra criolla, “es poco probable que hayan mucho de los compradores tradicionales de bonos de Puerto Rico. Y los que quedan dispuestos a comprar la deuda de la Isla están exigiendo mayores tasas de interés y una mayor protección”.

Donahue puntualizó que el reciente informe sobre la liquidez del BGF señala que ésta “sigue siendo extremadamente apretada lo cual hace que la emisión de bonos de AFI sea aún más crítica”. “En caso de la legislatura fallar en autorizar el aumento de impuestos que es central para la emisión de bonos, las consecuencias podrían ser muy negativas”, sentenció.

La casa acreditadora Standard & Poor’s indicó recientemente que falta progreso financiero en Puerto Rico y es posible una nueva degradación. Mientras, la firma Nuveen Investments anticipó que para el siguiente año el servicio de la deuda anual alcanzará los $2,000 millones.

Los recaudos de hacienda para octubre aumentaron en $7 millones sobre el mismo mes en 2013, pero entre julio y octubre lo recaudado está $29 millones por debajo de la proyección.

El Índice de Actividad Económico (IAE) para septiembre tuvo una caída anual de 1.8%, la vigésimo primera consecutiva y la mayor en los últimos siete meses. En cuanto al desempleo, aumentó a 14.1% en septiembre.