La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, sostuvo este miércoles que no favorece el alza en el impuesto al crudo propuesto por el gobernador Alejandro García Padilla y declaró que este aumento sólo se podría dar si se cumplen una serie de condiciones que provoquen que tanto los legisladores que se oponen como el pueblo entiendan que dicho incremento será beneficioso para el país.

“No. ¿Quién va a favorecer un aumento? Absolutamente nadie porque la gente no aguanta más. Esa es la verdad… Hay una situación de credibilidad en la información que se está dando”, expuso la alcaldesa a preguntas de la prensa sobre el controvertible proyecto de ley sometido por el gobernador Alejandro García Padilla para atender la deuda de $2,200 millones que tiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Según la ejecutiva municipal, un proyecto de esta naturaleza debería estar condicionado, en primer lugar, a que se haga una reestructuración inmediata de la ACT. Añadió que los ciudadanos deben sentir que a raíz de ese aumento se le van a ofrecer servicios inmediatos. De la misma forma, recordó que hace poco se aprobó un aumento en el crudo para resolver los problemas de esa misma agencia y “ahora nos dicen que con otro aumento vuelve a arreglarse el problema”.

Asimismo, la alcaldesa le sugirió que el gobernador le explique al país que está no es una situación de un solo gobierno y propuso que este aumento sirva para un fin social, como el del dragado del caño Martín Peña.

“Ninguna de esas cosas se ha dado. Entonces, yo, como exlegisladora, entiendo la prerrogativa legislativa. Respeto la prerrogativa legislativa”, expresó Cruz Soto al señalar que entiende porqué hay legisladores dentro del gubernamental Partido Popular Democrático (PPD) que se oponen a este aumento.

La funcionaria expuso que ha tenido conversaciones con los representantes Luis Raúl Torres y Manuel Natal para entender su oposición a la llamada crudita, que de aprobarse aumentaría el arbitrio al barril de petróleo de $9.25 a $15.50 a partir del próximo año. Un tercer representante popular, Carlos Vargas Ferrer, también ha señalado que se opone a este aumento.

“Todos ellos parten de una posición de convicción”, puntualizó.

Cruz Soto añadió que el Proyecto de la Cámara 2242, que fue aprobado en ese cuerpo más no así en el Senado, es una alternativa que le daría un respiro a la ACT mientras se logran buscar otras medidas para resolver toda la crisis de esta agencia. Esta pieza, que fue aprobaba en la Cámara el último día de sesión, allegaría a la ACT hasta $45 millones provenientes del arbitrio sobre los cigarrillos para cubrir sus gastos operacionales. Los recursos entrarían al “Fondo Especial para Gastos de Nómina y Funcionamiento de la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Transporte Integrado”, que estaría custodiado por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

“Esta es una situación complicada, pero hay un problema inmediato y es que la gente, el lunes no se quede a pie y que nuestra gente no se quede son diálisis, sin quimioterapia, sin ir al trabajo, sin ir a la corte y sin asumir su vida diaria”, dijo la alcaldesa.