El cierre parcial del gobierno anunciado para el lunes afectará adversamente a miles de ciudadanos y tendrá un efecto devastador sobre la economía en general. Es una terrible decisión que debe rescindirse inmediatamente.
El anuncio hecho por el Gobernador García Padilla a principios de semana apuntaba solo a las operaciones de transportación pública como la Autoridad Metropolitana de Autobuses y el Tren Urbano y otros servicios de la Autoridad de Carreteras. Pero el miércoles, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Melba Acosta amplió la amenaza al advertir que si la Legislatura no aprueba la propuesta de la administración de subir el arbitiro al barril de petróleo que paga el Pueblo, otras operaciones del gobierno se verán afectadas.
Las razones para el tranque entre el gobernador y la Legislatura controlada por su partido sobre la controvertible medida de subirle otro impuesto más al Pueblo, presuntamente para devolverle liquidez al BGF, son complejas. Algunas son económicas; otras son políticas.
Pero el giro que ha tomado la controversia es censurable, con funcionarios públicos tanto ejecutivos como legislativos valiéndose de amenazas, bravatas, desplantes y hasta asomos de chantaje para imponer su criterio.
Y nuestra conclusión es sencilla: un cierre de gobierno no puede ser una opción. Quien insista en ello tendrá que cargar con el severo juicio de la historia
¿O acaso les resulta tan difícil recodar la nefasta experiencia del 2006? En aquella ocasión, un Ejecutivo y una Legislatura controladas por distintos partidos no se pusieron de acuerdo sobre unas medidas presupuestarias de emergencia y el Gobernador Acevedo Vilá cerró el gobierno. El resultado fue el comienzo de la recesión más larga y profunda de nuestra historia. Una recesión que, con excepción de un breve período en los años 2011 y 2012 cuando la economía en efecto creció modestamente, todavía nos mantiene en un atolladero que se ha profundizado aún más en los pasados 24 meses.
Estamos en record en contra del propuesto aumento al barril de petróleo. No se puede seguir exprimiendo a nuestro Pueblo con más y más impuestos para pagar el apetito incontrolable por gastar que tiene un gobierno que se rehusa a hacer recortes y resturcturar sus operaciones.
Desde este mismo espacio hemos pedido explicaciones que el gobierno, aparentemente no se siente inclinado a ofrecer: 1) Si el presupuesto de este año estaba “cuadrado” ¿cómo es que Carreteras ya se quedó sin dinero? 2) ¿Dónde está el dinero del aumento al arbitrio al barril de petróleo que impusieron el año pasado presumiblemente para el mismo propósito de saldar la deuda de Carreteras con el BGF? 3) ¿A dónde se fueron los $1,900 millones en liquidez que funcionarios del banco le dijeron a los bonistas que tenía hasta hace apenas un mes? 4) Si la Autoridad de Carreteras está insolvente ¿por qué no radica quiebra bajo la Ley de Quiebra criolla? 5) Si se aprueba este aumento al barril de petróleo, ¿va a ser esta la última imposición al Pueblo? ¿O vendrán otras por ahí?
Independientemente de la respuestas a estas preguntas, el caso es que como siempre el que va a sufrir es el Pueblo, a quien el gobierno básicamente le está diciendo: “o te subo el impuesto a la gasolina o te quito el transporte público”. Enfrentadas a esa cruel disyuntiva están una clase media que sencillamente no aguanta un impuesto más y una clase de aún menos recursos que necesita la transportación pública para llegar a sus trabajos, centros de estudio y citas médicas…aun cuando los políticos no se pongan de acuerdo.
El Pueblo no se merece ese trato.
Editorial, EL VOCERO
Pierluisi advierte sobre posibles pérdidas de fondos federales
A solo días para la suspensión de los servicios de transportación pública, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, denunció que el Gobierno utiliza el cierre de la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) para imponer un nuevo arbitrio.
La Administración Federal de Transportación (FTA) y la Administración Federal de Autopistas (FHWA) advirtió sobre la posibilidad de pérdida de fondos ante el anuncio del supuesto cierre de operaciones de la ACT.
“El Gobernador y su equipo están creando un escenario de caos y terror para justificar lo injustificable, otro impuesto más”, expresó Pierluisi a través de un comunicado de prensa.
“Es imposible que a cinco meses del año fiscal no tengan dinero para pagar la nómina de la dependencia”, continuó.
El Comisionado Residente considera que deberían pasarle la deuda al Banco Gubernamental de Fomento, y reestructurar el resto de las obligaciones para evitar perjudicar al País.
“Con la pérdida neta de casi 50 mil empleos y de 45 mil residentes de la isla en menos de dos años, tienen que acabar de darse cuenta de que la solución a los problemas fiscales del gobierno y las corporaciones públicas es reducir sus gastos, no aumentar las contribuciones y los impuestos que paga nuestro pueblo”. puntualizó el Presidente. “Si siguen haciendo lo mismo nos van a llevar al fondo del mar”, puntualizó.
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