Malgastos sin Tocar: Costosa flota en Carreteras – Tienen su Propio Junker

Sin plan para cancelar contrato de ACT

El gobierno no especificó si cancelará el contrato de alquiler de autos
García Padilla reconoció que la baja tasa de participación laboral en el País es preocupante, pero aseguró que su gestión está rindiendo frutos al enumerar las compañías que han invertido en la Isla. EL VOCERO/Eric Rojas

Por Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO4:00 am

El gobernador Alejandro García Padilla, catalogó como “inaceptable” el contrato por $140 mil mensuales que mantiene la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) por el alquiler de una flota de vehículos, pero no adelantó si tomaría alguna decisión sobre la permanencia del directivo de la corporación pública en su puesto.

El director de la ACT, Javier Ramos Hernández fue nombrado por la Junta de Gobierno de la corporación pública, cuyos miembros son designados por el primer ejecutivo.

“La directriz que tienen ellos es seguir el ejemplo. Yo ando en un carro usado, a veces lo guío yo mismo y soy el gobernador de Puerto Rico. Ando en un carro usado que tiene 50 mil millas, costó $2 mil, confisca’o. Ningún jefe de agencia tiene esa libertad, es inaceptable”, sentenció el gobernador, al tiempo que aseguró desconocer que se había otorgado un contrato de esa cuantía para ese propósito.

En tanto, cuando la prensa le preguntó si tomaría alguna acción sobre la dirección de la ACT o la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el mandatario sostuvo que todos los miembros de su Gabinete “están bajo continua evaluación”.

García Padilla agregó que espera por más información sobre el contratosolicitada desde la propia Fortaleza.

El contrato para el arrendamiento de los autos fue otorgado a la empresa Leaseway de Puerto Rico mediante la Administración de Servicios Generales (ASG). Inicialmente, el contrato comprendía el alquiler de una flota de 165 vehículos, pero se ha reducido a 125. En tanto, otros 200 vehículos están bajo sol y sereno en el sector Bechara.

El director de la ACT ha explicado que el contrato fue pactado durante la pasada administración y se otorgó mediante subasta al mejor postor.

Precisamente, el lunes, Prosol Utier, organización sindical que representa a los empleados de la ACT, reclamó al primer ejecutivo evaluar recortes en la corporación pública antes de aprobar el aumento al impuesto del combustible.

Tras la reunión con el gobernador, el sindicato entregará hoy varias propuestas para recortar gastos en la corporación pública.

“Hay muchos contratos privados que podemos hacer nosotros y hemos proyectado que se puede economizar cerca de $100 millones. En vez de irse a la empresa privada, se le ahorra ese dinero”, sentenció Luis Pedraza Leduc, presidente de la unión que representa a los empleados de la ACT.

La reunión para discutir las propuestas de los trabajadores para identificar ahorros en la corporación pública será el próximo 10 de diciembre, informó el líder sindical.

Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO

Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.

29 de noviembre de 2014

Costosa flota en Carreteras

Muchos vehículos son nuevos y los usan los ejecutivos y supervisores de la corporación en aprietos financieros

Por Nydia Bauzá / Nydia.bauza@gfrmedia.com

Terreno ubicado en la parte posterior del Museo de Vida Silvestre el cual se utiliza como deposito de los autos abandonados por el Departamento de Transportacion y Obras Públicas (dtop) y la Autoridad de Carreteras. (juan.martinez@gfrmedia.com)

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) está quebrada con una deuda multimillonaria que compromete sus finanzas y sin fuentes de repago. Pero todos los meses, la corporación pública saca de sus arcas alrededor de $140,000 para pagar por el alquiler de una flota de 125 carros para ser usados por el personal ejecutivo y algunos unionados en labores de supervisión de proyectos.

El costo del alquiler de los carros oficiales no incluye el del seguro de los vehículos ni los gastos de gasolina.

Esta práctica de gastar “a manos llenas” en corporaciones públicas y agencias no es nueva y denota falta de una sana administración, a juicio del experto en administración pública Mariano Negrón Portillo y del economista José Alameda.

Documentos oficiales a los que tuvo acceso este medio revelan que dos vehículos de la flota  -identificados como de lujo-, una Ford Expedition y una Ford Explorer, ambos de 2014, pagan una renta mensual de $1,850 cada uno y están asignados a la oficina del director ejecutivo de la agencia,  Javier Ramos Hernández.

Otra Ford Expedition, que paga $1,850 mensuales, está incluida en la nómina de Carreteras, pero asignada a la oficina del Secretariado de Transportación y Obras Públicas (DTOP), así como otra Ford Explorer, que mensualmente paga $1,350.

Mediante el contrato de arrendamiento con Leaseway of Puerto Rico, otros tres vehículos, una Ford Club Wagon y una Ford Edge, pagan un canon mensual de $1,700 y están asignados a otros gerenciales de la ACT.

Casi todos nuevos. La mayoría de los carros de la flota, que incluyen pick-ups, “utility cars” y otros vehículos livianos y de carga, es de 2014 y paga entre $1,050 a $1,350 mensuales. El conjunto de carros oficiales incluye una Nissan Rogue, modelo 2015, con una renta mensual de $1,350, reza en uno de los informes. El pago más bajo de alquiler -$900 mensuales-, solo lo pagan cinco carros Toyota Corolla de 2014.

El costo del alquiler de los vehículos solo incluye el mantenimiento (cambio de aceite y filtro). No incluye el gasto en gasolina, ni el pago del seguro de cada unidad, lo que aumenta el costo por vehículo.

Uno de los informes que revisó este medio detalla el número de tablilla, modelo, año y el canon que paga de alquiler cada uno de los 125 vehículos oficiales de la ACT. El documento indica dónde debe pernoctar cada vehículo y quién lo tiene asignado.

Según el informe, el monto total que paga la ACT por el alquiler de los 125 vehículos asciende a $155,750, pero el mismo documento indica que a dicha suma se le restan $16,125 de partidas que provienen de fondos federales.

Pago de combustible. Además, la corporación paga un promedio de $50,000 mensuales por gasolina. Los documentos indican que en un solo mes (junio de 2014), uno de los vehículos consumió $1,240.89 en gasolina y en otro se gastó $1,123.19 en agosto de este año. “Cuando aumenta el precio de la gasolina, esta suma se monta entre $70 y $80 mil mensuales”, dijo un supervisor de la ACT, que habló desde el anonimato. La gasolina se carga a una tarjeta de crédito que tiene asignada cada vehículo oficial. Todos están rotulados, con excepción de los cuatro vehículos de lujo.

Desde el pasado miércoles 26 de noviembre, este medio ha solicitado sin éxito a la oficial de prensa de la ACT, Irma Moyeno, una entrevista o reacción del director ejecutivo de la corporación sobre el control de gastos de la flota de vehículos alquilados. Se nos indicó ayer en un mensaje de texto que habían “pedido la información” el miércoles y que no se la habían suministrado. Más tarde ayer, Moyeno señaló que no emitirían comentarios.

Vale destacar que según fuentes de este medio, el costo de alquiler de vehículos en ACT llegó a sobrepasar los $200,00 mensuales en la administración del gobernador Luis Fortuño.

Administración deficiente. Para Negrón Portillo, profesor retirado y exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico,  “esto no solo se ve en Carreteras”, sino en la mayoría de las agencias del gobierno de la Isla.

“Desgraciadamente, esta es una práctica que hemos visto por años. Sospecho que esta administración, ante el problema fiscal, es más comedida en el gasto, pero como esta es una conducta aprendida, uno sigue viendo ejemplos como este”, sostuvo Negrón Portillo. “Un buen ejemplo es que el gobernador Alejandro García Padilla cogió (como vehículo oficial) un carro usado. Pero, la pregunta es si un director de una agencia debe tener una Ford Explorer que pague $2,000 al mes y más en una agencia quebrada”, inquirió.

El monto por el alquiler de la flota “son gotitas” cuando se compara con la deuda de la ACT, pero ejemplifica lo que “no es una sana administración pública”, expuso. “Aquí, por tantos años, se operó como si el dinero cayera del cielo. Se creía que siempre iba a haber dinero y llegó el momento en que se acabó”, dijo Negrón Portillo.

Por su parte, el economista Alameda indicó que, a pesar de haber bajado el costo por el alquiler de los carros (de $200,000 bajo el pasado gobierno del Partido Nuevo Progresista a $140,000 mensuales), a primera vista la suma parece excesiva.

“¿Es necesario el alquiler de los carros? ¿Por qué no comprarlos? Si se compra el lote sale más barato”, cuestionó Alameda. “Esto denota una mala administración de los dos partidos. El problema es que las decisiones públicas no generan costo al que las toma, el costo se traslada a la cadena final, que son los contribuyentes”, indicó el economista.

Afirmó que “todas estas cosas hay que mirarlas en conjunto” porque individualmente “es obvio que no van a generar los $200 millones que dicen que necesitan y que (el proyecto de) ‘la crudita’ espera recaudar”.

Añadió que otro factor que ha agravado la situación de Carreteras es que la privatización parcial de las autopistas “le quitó unos $400 millones” y el contrato lo ajustan todos los años por la inflación.

Fuentes de la corporación pública que prefirieron mantenerse en el anonimato, aseguran a este medio que varios ejecutivos de la ACT utilizan los vehículos oficiales para transportarse hasta puntos cercanos a sus residencias y no tener que utilizar sus carros personales. Dicha práctica pudiera estar violando la reciente Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado Libre Asociado, aprobada en junio de este año.

El estatuto dispone que luego de concluida la jornada laboral, el jefe de agencia o funcionario público, deberá entregar el vehículo oficial a la agencia. Sólo están eximidos de la ley el gobernador, el secretario de Estado y otros ocho jefes de dependencias de las áreas de seguridad.

Los infractores tendrán que pagar una multa administrativa de su propio pecunio, no menor de $1,000 ni mayor de $5,000.

La ley sostiene en su exposición de motivos que la asignación de vehículos oficiales “a los jefes de agencia o funcionarios públicos, fuera de la jornada laboral, es contraria a la realidad económica que permea en el país”.

Tras la aprobación de esta ley, el secretario del DTOP, Miguel A. Torres envió un memorando a los directivos y supervisores con fecha del 23 de junio de 2014 advirtiéndoles que una vez concluida la jornada laboral, la persona encargada entregará el vehículo oficial, el cual debía pernoctar en los estacionamientos designados oficialmente para ese propósito (oficinas regionales o centrales).

Algunos funcionarios, expresaron los informantes, no están cumpliendo con las normas y los casos le han sido notificados al director ejecutivo de la dependencia pública, como, por ejemplo, el de un supervisor del área de Autopistas cuyo vehículo, una Ford Explorer de 2005, debía pernoctar en las facilidades de la ACT en Bayamón y según un reporte a la administración “estaba pernoctando en Naranjito”, cerca de su residencia.

También se detectó por el sistema de GPS a otro supervisor de Autopistas que se llevaba el vehículo oficial para su residencia, dijo una de las fuentes de la ACT, que pidió no se revelara su nombre.

Medida busca darle ‘dientes’ al uso de vehículos en el Gobierno

El representante estadista también anunció la radicación de una resolución para investigar el uso de vehículos oficiales en la ACT
PROYECTO 238 . SESION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.  FOTO POR INGRID TORRES

EL VOCERO / Archivo
Por ElVocero.com9:50 am

Ante la revelación de gasto de fondos públicos dirigidos a mantener una flota de vehículos para uso de ejecutivos en la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Llerandi Cruz, abogó por la aprobación de una medida la cual establece penalidades adicionales para todo funcionario que viole las disposiciones de la Ley 60-2014, mejor conocida como la Ley Uniforme de Vehículos Oficiales.

El representante estadista también anunció la radicación de una resolución para investigar el uso de vehículos oficiales en la ACT, con el fin de corroborar que los mismos concuerden con todos los estatutos de la Ley.

Se trata del Proyecto de la Cámara 2216, de la autoría del representante por Arecibo y Hatillo, y que persigue el que, además de las multas dispuesta en la Ley, el funcionario o persona natural o jurídica que violente la misma o los reglamentos aprobados al amparo de la misma, será responsable del pago de los gastos en que incurra el Gobierno por el uso indebido del vehículo.

 Entre los costos se calculará el costo del seguro, gastos de gasolina, peaje, depreciación del vehículo, así como cualquier otro gasto o costo asociado con el uso del vehículo de motor fuera de la jornada laboral.

“Hoy vemos el ejemplo en la Autoridad de Carreteras. En una corporación pública que se alega está quebrada, el despilfarro de $140 mil al mes para mantener una lujosa flota de guaguas y demás vehículos para el uso de sus directivos, es abusivo al pueblo. La actual Ley prohíbe el uso de vehículos oficiales una vez concluida la jornada laboral.  El Artículo 6 impone una penalidad que oscila entre 1,000 y 5,000 dólares a quienes transgredan la misma o los reglamentos aprobados conforme a las disposiciones de la misma.  Entendemos que dada la clara política pública que establece la Ley en torno al uso de vehículos oficiales, el transgredir la misma bajo circunstancias ordinarias representaría un grave menosprecio a la autoridad que por Constitución se confiere a la Asamblea Legislativa”, explica el legislador novoprogresista en la exposición de motivos de la medida.

Según Llerandi Cruz, el “malgasto” de $140 mil mensuales para sufragar el costo operacional de alquilar 125 vehículos en la ACT para uso de sus ejecutivos, podría representar una violación a la Ley.

“La mencionada Ley es bien clara, ningún vehículo oficial puede ser utilizado para asuntos personales. Con esta revelación de hoy, es meritorio, no sólo investigar la necesidad de mantener una enorme flota como esta, que incluye una Ford Expedition y una Ford Explorer del 2014, si no también como se le está dando uso a la misma, incluyendo el gasto en gasolina y los costos de mantenimiento. Queremos comprobar si algún funcionario ha violentado la Ley 60”, explicó el legislador.

29 de noviembre de 2014
10:54 a.m.Calidad de vida

Por la libre “junker” de vehículos usados de la Autoridad de Carreteras

Hasta policías de San Juan acuden al almacén en busca de piezas de automóviles en desuso

Por Nydia Bauzá / nydia.bauza@gfrmedia.com

La gran mayoría de los vehículos, entre ellos tres Ford Explorer, tienen su carrocería intacta e incluso en sus cristales mantienen los sellos del autoexpreso. (juan.martinez@gfrmedia.com)

Un solar apartado en el sector Bechara, en San Juan, que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) utiliza para almacenar vehículos oficiales en desuso, se ha convertido en una especie de “junker” gratuito, al que cualquier persona puede acceder y tomar la pieza que desee. En el lugar hay más de 200 carros y camiones, muchos de ellos desmantelados.

A la entrada del terreno, un letrero anuncia que los predios son de la ACT, pero no hay portones. Lo que en un momento era la caseta del guardia de seguridad, ahora solo tiene dos sillas  vacías rotas.

En una visita que hizo este medio al lugar, nos encontramos con un perro pitbull y una perra sata parida como únicos custodios de la propiedad pública, que se encuentra en total abandono.

Al cabo de un rato, llegaron dos policías municipales de San Juan en una patrulla. Solo uno se bajó del vehículo.

“Vine a ver si encontraba una pieza para una patrulla Crown Victoria… ¿Ustedes trabajan aquí?”, preguntó uno de los oficiales asombrado ante nuestra presencia.

“Nosotros no trabajamos aquí, somos periodistas”, le indicamos.

“Ah, pues sigan aquí”, replicó el policía uniformado, quien de inmediato dio la vuelta, se montó en la patrulla y se marchó del lugar.

La gran mayoría de los vehículos, entre ellos tres Ford Explorer, tienen su carrocería intacta e incluso en sus cristales mantienen los sellos del autoexpreso. Ninguno de los carros tiene neumáticos, aros ni baterías. En el grupo de autos hay camionetas de doble cabina, camiones, guaguas tipo van y tres patrullas etiquetadas con la palabra “Autopistas”.

También hay tiradas en el terreno cuatro pizarras electrónicas grandes de las que se colocan en las carreteras para ofrecer instrucciones a los conductores, así como cuatro vehículos portátiles de alumbrado de gran potencia como los que se usan cuando se hacen trabajos en las vías públicas de noche.

Curiosamente, en uno de los asientos de una Ford Explorer, cuyo marbete es de 2013, se puede ver el convenio colectivo de la ACT, que estuvo vigente hasta 2012.

“Es un ‘junker’ gratuito. Ahí se han metido hasta grúas porque hay un montón de carros que les sacaron los motores”, dijo a este medio un empleado de la ACT, que prefirió no identificarse. La persona indicó que el guardia de seguridad que vigilaba el solar fue cesanteado por economías hace unos seis o siete meses.

La fuente relató que el almacén de vehículos de la ACT data de unos tres años, a partir de la privatización de la autopista De Diego, durante la pasada administración del gobernador Luis Fortuño.

“Muchos vehículos tuvieron que ser removidos para dejar todo esto limpio y los empezaron a depositar primero en un local de Carreteras cerca de la Milla de Oro. Allí estuvieron un tiempo y después los movieron a ese solar en Bechara”, dijo.

El informante indicó que de los 203 vehículos que hay en el lugar, alrededor de 60 llegaron “corriendo allí” y se pudieron haber arreglado y vender en subastas para obtener dinero para la agencia. Añadió que los restantes tenían desperfectos, pero se pudieron haber vendido a “junkers” privados para la venta de piezas.

“Ahora son chatarra”, sostuvo la fuente, quien además advirtió que el aceite de motor de los carros que han sido desmantelados podría estar contaminando la Bahía de San Juan, próxima a los terrenos. Alertó, además, que muchos de los vehículos tienen gasolina en sus tanques.

La fuente añadió que en otro local de la ACT, que es parte del peaje en Toa Baja, hay otros 40 vehículos oficiales de la agencia, también desmantelados. “Esos están en peor condición porque llevan más tiempo allí”, sostuvo el informante.

1 de diciembre de 2014

Jefe de Carreteras justifica altos gastos en autos alquilados

Se comprometió a seguir bajando los gastos

Por Nydia Bauzá / nydia.bauza@gfrmedia.com

Javier Ramos Hernández, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, admitió que la suma es alta. (GFR Media)

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Javier Ramos Hernández, justificó hoy el contrato de más de $140,000 mensuales que paga la corporación pública por el alquiler de unos 125 vehículos para su flota oficial.

Ramos admitió, no obstante, que la suma es alta y se comprometió a seguir bajando los gastos de la dependencia pública, que está quebrada y que, al momento, el gobierno propone un alza al arbitrio que paga el petróleo crudo como media para que salga del atolladero fiscal.

De hecho, la Fortaleza ordenó hoy tanto a Ramos Hernández como al secretario del DTOP, Miguel Torres, que reduzcan los gastos de la flota de vehículos oficiales de la corporación pública, que develó El Nuevo Día en un reportaje publicado el pasado sábado 29 de noviembre.

Ramos Hernández dijo que el contrato por el arrendamiento de los autos con la empresa Leaseway de Puerto Rico se originó en la pasada administración del gobernador Luis Fortuño, el 6 de mayo de 2011 y que venció el pasado mes de junio.

“Ese contrato fue basado en una subasta realizada por la Administración de Servicios Generales y en aquel entonces, entre el mejor postor, era el costo más bajo y se adjudicó dicha subasta”, indicó.

El funcionario relató que inicialmente la flota era de 165 vehículos y dijo que durante su incumbencia se ha reducido a 125.

“Desde que llegamos empezamos a evaluar dicho contrato que ya estaba en ejecución y empezamos realmente a identificar a aquellos vehículos que eran necesarios y aquellos que no eran necesarios se removieron y se devolvieron. Actualmente, el número que tenemos en la flota es de 125 vehículos”, sostuvo.

En cuanto a los 200 vehículos de Carreteras que este medio denunció que están desmantelados en un lote en el sector Bechara en San Juan, Ramos Hernández dijo que habían “rescatado” varios de ellos que iban a ser decomisados.

“Los pusimos a operar porque todavía tenían vida útil. Cerca de ocho a 10 Explorers fueron sacadas del ‘junker’ y se pusieron a funcionar. Tenemos otro sinnúmero de vehículos ahora mismo en el taller para ponerlos a funcionar. Falta obviamente colocarles gomas. Pero, como tenemos una deuda con los suplidores, no hemos podido lograr que nos provean esos materiales para sacarlos”, indicó el jefe de Carreteras.

El Nuevo Día: ¿Cómo ustedes pueden justificar un aumento en el impuesto al petróleo, cuando por un vehículo compacto como Toyota Corolla están pagando $900 mensuales de los bolsillos del pueblo?

Javier Ramos Hernández: “Los vehículos que se tienen en estos momentos son aquellos que son necesarios para el trabajo que hace Carreteras en los proyectos”.

END: ¿Pero es necesario un alquiler tan alto por un Corolla?

JRH: “Esos costos a través de esta subasta se determinaron que eran más bajos. Esos costos incluyen mantenimiento y el servicio de reemplazar el vehículo en el momento indicado. Si usted tiene un problema con ese vehículo, lo devuelve y le otorgan otro, en lo que se repara”.

El funcionario dijo también, que los vehículos están incluidos en el seguro global de la ACT.

“Continuamos buscando la forma y manera de reducir la flota. Cabe señalar que la gran mayoría son vehículos asignados a los proyectos que están en construcción, donde se generan unos trabajos que son arduos. Hay que tomar muestras de los materiales, del asfalto de hormigón para llevar a los laboratorios y asegurar que los materiales son los adecuados”, sostuvo.

Sobre la práctica de la que conoció este medio de que algunos supervisores se llevan los carros oficiales hasta lugares cercanos a sus residencias, Ramos Hernández dijo que están investigando.

“La directriz fue clara. Los vehículos tienen que pernoctar en el lugar de la agencia más cercano y no para llevárselos lo más cerca a sus casas. Estamos tomando cartas en el asunto”, afirmó.

Cuando se le cuestionó por qué tenía dos vehículos, una Ford Expedition y una Ford Explorer, asignados a su oficina, dijo que no necesariamente son para su uso.

“Esos vehículos están obviamente asignados a la Oficina del Director Ejecutivo, de la que yo soy parte, pero tengo otros compañeros que son directores auxiliares. No obstante, tomaremos las cartas en el asunto de disponer de ellos ya que si no tenemos una necesidad de tener un vehículo asignado, pues no tenemos por qué tenerlo”, expresó.

Ramos Hernández fue más lejos y dijo que él no tiene un vehículo asignado y que usa el Tren Urbano.

“Esos vehículos están asignados a la Oficina del Director Ejecutivo y el director ejecutivo no tiene vehículo. Llega a la oficina a través del Tren Urbano y si hay que moverse para reuniones, sean con alcaldes o visitas comunitarias, pues es un vehículo que está disponible para uno poder allegarse a estos lugares, no importa el día de la semana que se llame a uno. Pero, seguimos evaluando toda la flota, la que tenemos en este momento la seguiremos acortando. Cuando tengamos el momento y tengamos el presupuesto correspondiente y podamos movernos a la compra, pues también tenemos que evaluar que la compra traiga un mantenimiento y un sinnúmero de gastos adicionales que en estos momentos en la situación en que nos encontramos, el presupuesto asignado es menor”.

Ramos Hernández precisó que el contrato con Leaseway of Puerto Rico se revisó y se volvió a extender, pero dijo que la cantidad de vehículos actual es menor.

“En el pasado, la cantidad ascendía a cerca de $218,000 y en la última factura que recibimos es de cerca de $153,000”, indicó.

Admitió, sin embargo, que “sigue siendo mucho dinero”, aunque dijo que el déficit de Carreteras “va mucho más allá de eso”. Añadió que “esto no significa de que nosotros estemos dejando de darle el debido pensamiento y todo aquello que nosotros podamos seguir haciendo para seguir acortando costos, lo haremos”.

“Es inaceptable”

Por su parte, el secretario de la Gobernación Víctor Suárez advirtió que les habían dado instrucciones de reducir “dramáticamente” la flota y que solamente el dinero que se gaste sea para uso en vehículos que tengan que ver con la operación de Carreteras.

“Ya esas instrucciones se le dieron al director ejecutivo de la ACT y al secretario de DTOP”, dijo el secretario de la Gobernación en declaraciones a la prensa luego de participar en una reunión que dirigió el gobernador Alejandro García Padilla y en la que estuvieron presentes el director ejecutivo de la ACT y el jefe del DTOP.

Suárez calificó de inaceptable el que la ACT haya abandonado unos 200 vehículos oficiales en un solar en el sector Bechara, en San Juan, como denunció este medio.

“Es inaceptable y se dieron instrucciones para que se atendiera de manera inmediata esa situación y que se corrija”, sostuvo el funcionario.

En cuanto al gasto en que incurre la ACT mensualmente para costear el alquiler a una compañía de arrendamiento de los 125 vehículos oficiales, Suárez sentenció que las instrucciones que les dieron a los jefes de Carreteras y del DTOP “es que los vehículos que se utilicen solamente para las operaciones que tienen que ver con proyectos de construcción y las operaciones de supervisión en las distintas carreteras del país”.

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