{Torres Gotay es un periodista colonialista que en este escrito se acerca a explicar las razones reales del por qué los PPD Ya No Quieren a AGP. Para lo único que se unen los PPD es para perseguir y atropellar a los Pro-USA, a los Empresarios Privados y para repartirse los fondos públicos sin obras, como ha sido en el pasado Medio Siglo. Lo que falta es el que se analice el malgasto de unos $3 Billones por AGP, comenzando por «El Me Vale», los 11 meses insultando a las Casas Acreditadoras, los Regalos como el de a Ricky Martin, las «inversiones» alocadas e impensadas, los gastos publicitarios, en contra de la Estadidad y los contratos a Amigos del Alma, el haber llenado los Departamentos y Agencias de Batatas para atropellar a los que realmente trabajan y paralizar al Gobierno, y la actitud de «El Machito Pichón» de AGP Desgobernando a Puerto Rico.}
Al abogar el viernes para que se apruebe el aumento al impuesto al petróleo, el alcalde de Comerío, Josean Santiago, pidió a los legisladores que se oponen “un voto de confianza” para el gobernador Alejandro García Padilla. Al hacerlo, dejó que se vieran las corrientes profundas que animan la encendida polémica por la llamada “crudita”: en el fondo de todo el térmico debate lo que palpita es la profunda desconfianza que un sector del Partido Popular Democrático (PPD) le tiene al gobernador García Padilla.
Eso no se ve desde la superficie, pues desde la superficie, la controversia es, aunque parezca lo contrario, relativamente simple: el gobernador sostiene que el aumento de $9.50 a $15.50 la crudita es necesaria para que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) tome un préstamo de $2,200 millones por medio de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) que le permita pagar su deuda con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuya capacidad financiera está en precario.
El Ejecutivo está tirando a matar para lograr esto. Después de que el proyecto no pasara en la última sesión ordinaria, citó a una extraordinaria como mecanismo de presión aunque no tiene los votos. Ha puesto al cañón más grande esta administración, Melba Acosta, presidenta del BGF, a explicar todas las consecuencias negativas que alegan tendría el que se no apruebe la crudita.
El BGF paralizó la consideración de préstamos a municipios y agencias y amenaza con detener desembolsos ya aprobados. Ordenó la paralización del transporte público desde el lunes.
Un poco más y dicen que Santa Claus no vendrá si no hay crudita.
Los opositores siguen inamovibles. Dicen que el país no aguanta más impuestos y condicionan su apoyo, entre otras cosas, a la presentación de una reforma contributiva. La Fortaleza les mostró un borrador. Pero no quedaron convencidos porque, entre otras cosas, no precisa de cuánto será el impuesto al valor agregado con el que se proyecta sustituir el IVU.
Se han hecho mil caucus. Entraron en acción los alcaldes, que no son actores desinteresados porque en la sesión extraordinaria se incluyó un barril de tocino de $99 millones que, en medio de uno que otro proyecto de valor, dispone fondos para cosas absurdas de esas que tanto le gustan a los ejecutivos municipales, como pistas de patinaje y parques acuáticos.
No ha habido reclamo del gobernador, ni advertencia de Melba Acosta, ni presión de alcalde, que haya podido mover a los que se oponen. Y por ahora solo sabemos lo que hay en la Cámara, porque el proyecto no ha llegado al Senado, donde, según todos los indicios, tampoco le espera un tránsito apacible. De hecho, el primero que manifestó su oposición fue el mismísimo Eduardo Bhatia, quien condicionó la crudita a una reestructuración de la ACT, de la que no se ha dicho una palabra en el Ejecutivo, a pesar que desde que llegaron al poder saben que su situación es crítica.
Además, el senador Ramón Luis Nieves fue citado diciendo que en el Senado la oposición es mayor que en la Cámara y que crece cada día.
No es inusual pulseos entre la Legislatura y el Ejecutivo. Son parte saludable de la vida republicana. Pero, cuando ambas ramas están controladas por el mismo partido, las diferencias se limitan a detalles, no a iniciativas esenciales como esta. Son unos pocos en la Cámara los que han dado cara, pero los suficientes para que la crudita no haya podido pasar. En el Senado hay más. Están quedando expuesta una herida que sangra a borbotones en el PPD.
La última vez que ocurrió algo así fue en el cuatrienio de 1965 a 1969 y todos sabemos por qué: el establishment del PPD no quería al entonces gobernador, Roberto Sánchez Vilella, quien terminó fundando su propio partido y propiciando el primer triunfo del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 1968.
La situación de García Padilla no parece, todavía, tan grave como llegó a ser la de Sánchez Vilella. Pero es evidente que hay un sector del PPD que le tiene muy poca estima. Se oye en conversaciones por lo bajo, en charlas privadas, en intercambios fuera de récord con periodistas: hay un grupo en el PPD que no le reconoce liderato, capacidad ni visión al gobernador.
No se la reconocían antes de las elecciones, pero se montaron con él porque no había más y porque la perspectiva de triunfo era muy tentadora. Pero, después de dos años de difícil administración, parecen cansados.
Resienten, sobre todo, la costumbre del ejecutivo de enviarles proyectos complicados, como fueron la Ley de Quiebra Criolla, la patente nacional y el retiro de maestros, sin apenas tiempo para estudiarlos. En el tema específico de la ACT, resienten que se les haya dicho que el aumento a la crudita aprobado el año pasado era suficiente para salvarla, para encontrarse ahora exactamente en la misma posición.
En resumen, hay una ruptura profunda en el PPD que puede que por momentos no se vea a simple vista, pero es evidente que está ahí. Si Puerto Rico fuera un país, como otros, en que se analizara con minuciosidad el pasado, en el futuro los historiadores podrán identificar claramente la semana que acaba de concluir como el momento en que esa ruptura quedó expuesta como un tatuaje que se hubiera querido ocultar.
Por Davelyn Tardí Reyes, Especial para EL VOCERO – 2:10 pm
La Asociación de Alcaldes apoyó el impuesto al crudo del petróleo “para salvar al gobierno” y permitir la continuación de las obras municipales, mientras que la Federación de Alcaldes plantea que el mismo no es necesario.
“El aumento sobre el arbitrio del petróleo es para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF)”, aseguró el presidente de la Asociación, José A. Santiago, quien se mostró en apoyo a la medida en vela sobre el impuesto al petróleo y sus derivados.
Santiago Rivera, quien hizo hincapié sobre la estrecha relación del Banco Gubernamental de Fomento(BGF) y las obras en los municipios.
“A nadie le agrada que se hable de un aumento en los costos de los arbitrios. A nadie le gusta un impuesto, pero tenemos que salvar al gobierno de la crisis y devolver la prosperidad y para eso tenemos que tomar decisiones” , comentó Santiago Rivera, quien se reunió hoy con los alcaldes populares en la sede del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerta de Tierra.
El también alcalde de Comerío resaltó la importancia del impuesto debido a que el BGF es el encargado en emitir bonos a los municipios, acto que permite la realización de obras municipales.
“El aumento del arbitrio va dirigido para la deuda. Una vez el banco tenga solvencia pues emite bonos para los municipios. Si no se aprueba no se puede emitir bonos. Se paralizan las obras. El BGF es el banco de los municipios y nosotros somos para el banco unos clientes buena paga”, detalló el alcalde asociado a EL VOCERO.
Santiago Rivera, comentó que la actitud de los legisladores provoca un estancamiento e indicó que la postura del gobernador Alejandro García Padilla es abierto al diálogo. “Él no esta imponiendo”, expresó Santiago Rivera.
Sobre la reforma contributiva en discusión, Santiago Rivera indico “que no hay mañana”, admitiendo que es momento de tomar decisiones.
“Se esta discutiendo una reforma contributiva. Pero ahora es vital que se pueda pagar este dinero al banco. No tiene mañana”, puntualizó Santiago Rivera.
Las declaraciones de Santiago Rivera se dan luego de una conferencia de prensa, donde las Asociación ofreció detalles sobre las repercusiones en el desarrollo socio económico en los municipios los municipios mediante la oposición del arbitrio.
Opiniones enfrentadas
Por otra parte, la Federación de Alcaldes, liderada por Hector O’Neill, tildó de “extorsión” las expresiones de la Asociación de Alcaldes a favor de la aprobación del impuesto.
“Esta Federación entiende que ese arbitrio no es necesario. El problema ha sido de mala administración pública. Este gobierno ha utilizado los recursos disponibles para el pareo de fondos federales y ahora no tiene con que hacer la obra. Un claro ejemplo de esta acción es lo que sucede en la carretera PR 835 de Guaynabo”, dijo O’Neill a través de declaraciones escritas.
O’Neill junto a líderes estadistas reclamaron una explicación del Alcalde de Comerío.
Para el represente Ángel “Gary” Rodríguez, quien preside la Federación de Presidentes Municipales No Alcaldes, criticó el respaldo de los alcaldes populares al impuesto.
“A estos alcaldes que hoy apoyan a ciegas a García Padilla, le advertimos que no se podrán zafar del desastre administrativo de este Gobernador. Las acciones de hoy garantizan que ustedes, serán, no solo cómplices del abuso que tiene con el pueblo, pero también tendrán que correr junto a las desastrosas políticas fiscales, económicas y sociales de la peor administración pública en la historia. Sus días de abusar con el pueblo están contados”, sentenció.
Entre los líderes que tronaron en contra de la Asociación se encuentran el secretario General del Partido Nuevo Progresista, José Aponte Hernández; los representantes Luis ‘Junior’ Pérez y Jorge ‘Georgie’ Navarro, así como el portavoz de la delegación estadista en el Senado, Larry Seilhamer, y el portavoz alterno en la Cámara de Representantes Carlos ‘Johnny’ Méndez.
García Padilla advirtió que este 1ro de diciembre el servicio de transporte colectivo de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y el Tren Urbano, así como la Autoridad de Carreteras y Transporte cesarán operaciones, debido a que no se aprobó el proyecto propuesto por el Ejecutivo.
La asamblea legislativa recesará hasta el lunes, cuando reanuden los trabajo en la sesión extraordinaria. Hasta el momento el proyecto no cuenta con los votos, ya que varios miembros de la delegación popular se oponen.
El alza propuesta por el Ejecutivo aumentaría el arbitrio de $9.25 a $15.50 por barril de combustible. Este sería el segundo aumento a este arbitrio en lo que va de cuatrienio, luego que el año pasado se aumentó de $3 a $9.25 por barril.
You must be logged in to post a comment Login