Puerto Rico se encuentra inmerso en su peor crisis económica, fiscal, crediticia y política desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Con el agravante que las condiciones económicas y los nuevos arreglos institucionales  que nos permitieron salir de la depresión, pobreza generalizada y severo atraso económico a partir de mediados del siglo XX, dejaron de ser funcionales en el mundo globalizado que se configuró a partir de la década de los ochenta y la incertidumbre relacionada con nuestro incierto futuro político nos mantiene rezagados en materia económica. Estamos presenciando la muerte agónica de un modelo político-económico arcaico y disfuncional para los retos que nos presenta el siglo XXI: el modelo colonial-territorial.

Puerto Rico se puede encaminar hacia plena igualdad ciudadana y política, si el movimiento estadista obra con prudencia, flexibilidad y sabiduría o hacia la independencia (asociada o no) si por el contario lo estadistas cometemos errores estratégicos de gobernanza y de estrategia hacia el logro de la Estadidad. El pueblo de Puerto Rico ya reconoció que en el 2012 cometió un grave error al elegir como gobernador, a un político con poca experiencia, conocimientos, capacidad administrativa  y serias fallas de carácter como Alejandro García Padilla.

Dicho error ha implicado que las políticas erradas y la improvisación de la administración de AGP hayan revertido la débil recuperación económica lograda en el 2012 y se haya degradado la deuda del gobierno y sus corporaciones a chatarra. La insistencia de la actual administración de intentar arreglar las cosas con más impuestos nos ha colocado en la ruta de la insolvencia y de una futura sindicatura por los acreedores o el Congreso.

Aquellos estadistas que cometieron el error de votar por AGP en el 2012 a la vez que votaron por la Estadidad o de quedarse en sus casas, deben de estar arrepentidos por haber contribuido a obstaculizar los esfuerzos de nuestro Comisionado Residente, Pedro Pierluisi en el Congreso para adelantar la Estadidad  con los fondos públicos que ha utilizado la administración Popular para contratar cabilderos (Charlie Black, entre otros) para cabildear en contra de su proyecto HR-2000.  De haber sido re-electo Luis Fortuño como gobernador, hubiera asignado los debidos recursos públicos y ejercido las debidas gestiones  oficiales a favor de la voluntad  expresada en la urnas el 6 de noviembre de 2012.  Tanto el pueblo como los estadistas deben procurar no cometer los mismos errores en el 2016 que cometieron en el 2012, pues en esta ocasión los daños pueden ser irreversibles para Puerto Rico.

Debemos procurar elegir a un liderato con experiencia, capacidad probada, conocimientos en administración publica, finanzas y economía, dado que Puerto Rico confronta la peor crisis económica, fiscal y financiera en décadas. No nos podemos arriesgar experimentando con novicios e inexpertos en momentos tan críticos. Criterios banales como la apariencia física, el abolengo y el carisma de los candidatos no deben de ser los determinantes para apoyar a un candidato sobre el otro, ya estamos pagando bastante caro los platos rotos porque muchos electores se dejaron llevar por dichos criterios banales en las pasadas elecciones. La estrategia de “calladito te ves más bonito” debe ser repudiada y rechazada, hay que exigirle a los que aspiran a los altos cargos gubernamentales que esgriman claramente sus propuestas para atender la profunda crisis económica, fiscal y crediticia que confrontamos.  Errores e improvisaciones de gobernanza por una administración estadista inexperta minará la credibilidad del movimiento estadista ante el pueblo y ante Washington y comprometerá seriamente las posibilidades de alcanzar la Estadidad.  Debemos  procurar que el candidato estadista a la gobernación tenga una trayectoria probada en sus gestiones a favor de la Estadidad y solidos vínculos en el Congreso y Casa Blanca y que no haya cometido errores serios  a ese respecto, pues nos arriesgamos a bloquear las posibilidades de lograr la igualdad y facilitar el camino hacia la independencia.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

EL VOCERO / Archivo

Luis Fortuño – Exgobernador de Puerto Rico

Está en boca de todos la situación en la Autoridad de Carreteras (‘Carreteras’) y la suspensión de servicios del Tren Urbano y la AMA. Como siempre, deseo aportar a la discusión de este asunto positivamente.

Sin embargo, me veo en la obligación primero de aclarar información que se está difundiendo con el dinero de los contribuyentes que intenta engañar y confundir. Dichos anuncios alegan que entre el 2008 y el 2012, la deuda de Carreteras con el Banco Gubernamental de Fomento (‘BGF’) aumentó en $2,200 millones. Esto es engañoso e intelectualmente deshonesto. Me explico.

Para realizar este análisis correctamente, debemos sumar la deuda total de Carreteras (en bonos emitidos, líneas de crédito con bancos privados y préstamos con el BGF). El dato que debemos utilizar es la deuda total de Carreteras, según se desprende de los Estados Financieros Auditados de dicha agencia gubernamental. Pues bien, la deuda total de Carreteras, según fuera auditada, era de $4,200 millones para el año 2000, $6,910 millones para el 2008 (un aumento de 57%), y $7,000 millones para el 2012 (un aumento de 1.3%, lo cual es muy por debajo de la tasa de inflación en esos 4 años).

Se preguntará usted, por qué aumentó la porción que corresponde al BGF y se redujo en otras partidas? Sencillamente porque préstamos con bancos comerciales se vencieron durante el cuatrienio 2009-12, y los términos de una renovación de dichos préstamos no eran favorables en la banca privada. Es como si usted debiera dinero en tres tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa, el préstamo del carro y un préstamo personal en una cooperativa. Si decide saldar las tres tarjetas de crédito para pagar menos en intereses, y consolida dichas deudas con el préstamo en la cooperativa, su deuda total no ha variado. Sería deshonesto decir que como sus obligaciones con la cooperativa aumentaron, usted ha sido mal administrador – todo lo contrario. Cualquiera miraría la totalidad de sus deudas para determinar cuánto debe. Pues lo mismo sucede con las obligaciones del gobierno.

Pero, cómo logramos parar el aumento vertiginoso en la deuda de Carreteras y continuar con la construcción y arreglos de las vías en toda la isla? Sencillo, controlando el gasto de gobierno y mediante las Alianzas Público-Privadas (“APP”). El controlar el gasto público no es fácil, y puede ser políticamente impopular. Es posible que sea la razón principal del resultado de las pasadas elecciones. Sin embargo, es un mejor mecanismo que el aumentar contribuciones, pues, promueve el crecimiento económico. El aumento en el gasto gubernamental trae como secuela el aumento en contribuciones, lo cual deprime la economía y aprieta su bolsillo.

El mecanismo de APP promueve mejores servicios y permite pagar deuda. Así lo hicimos en Carreteras con la APP de la PR-22 (Expreso De Diego). Cuando comenzó dicha APP en el 2011, el 90% de las luminarias de la carretera estaban apagadas, el mantenimiento de la vía era pésimo y la seguridad deficiente. Un año después, ya el 100% del expreso de San Juan a Hatillo estaba iluminado, la calidad de la vía y mecanismos de seguridad aumentaron, mejoró la seguridad y hasta le proveen servicio gratuito de emergencia en caso de un desperfecto mecánico.

De igual forma sucedió con la APP del Aeropuerto Luis Muñoz Marín que firmamos y anunciamos en el 2012 (sujeto a aprobación de la FAA, lo cual sucedió unas semanas después del cambio de gobierno). Recordarán las duras críticas a dicho acuerdo en el 2012. Es grato ver que los que lo criticaron, hoy lo celebran con la inversión de más de $250 millones que lleva a cabo la compañía privatizadora en el aeropuerto y la mejora notable en el mantenimiento y los servicios. Pues permítame añadir que dicha transacción también permitió pagar $490 millones de deuda de la Autoridad de los Puertos. Esta agencia tenía una situación financiera, proporcionalmente hablando, mucho peor que la de Carreteras.

Con estas breves líneas intento sugerir que se miren también mecanismos como el control de gasto y APPs adicionales para atender la situación de Carreteras. Sugiero además que en vez de utilizar el dinero del pueblo en anuncios engañosos, se utilice dicho dinero para contratar asesores financieros que puedan ayudar a implementar medidas de recorte de gastos y APPs. Con gusto daría voluntariamente de mi tiempo para reunirme con dichos asesores y ofrecerles, por lo que valga, de mis experiencias. Así ya lo he hecho con el Monitor Federal con respecto a la Reforma Policiaca. Es hora de todos aportar para que Puerto Rico eche adelante. Es hora de poner a Puerto Rico por encima de todo!