En medio de los reclamos de los productores locales de vino para que no les aprueben nuevas imposiciones, vuelve a surgir la controversia sobre cuáles bebidas deben tributar como producto terminado y las que no.
La distinción es importante porque en casos de bebidas cuya clasificación no es la de espíritu destilado, estas pagan cuando compran el licor como materia prima para sus productos, el cual pueden diluir con otros componentes como azúcar, jugos o frutas en su elaboración.
Mientras, las definidas como producto terminado que son espíritus destilados, vinos y cervezas, tributan una vez el producto es final para el consumo.
A la luz de una determinación administrativa del Departamento de Hacienda, la número 14-21 del pasado 9 de septiembre, se aclara que “En el caso de espíritus destilados, dicho término no se limita a la sustancia que se obtiene del proceso de destilación que se describe en la Sección 5001.01(a)(24) del Código de Rentas Internas, sino que también incluye las diluciones y mezclas de dichas sustancias o espíritus”.
“En otras palabras, un licor, por ejemplo vodka o ron, que resulta del proceso de destilación y que claramente es un espíritu destilado se puede diluir y mezclar con agua, azúcar o sabores para desarrollar otro producto para venta y consumo en Puerto Rico, el cual continuará siendo un espíritu destilado y no perderá su esencia por razón de dicho proceso de mezcla y dilución”, añade la aclaración de Hacienda, que fue firmada bajo la incumbencia de la entonces secretaria Melba Acosta Febo.
Amparados en la interpretación de esos señalamientos, la Asociación de Productores de Vino de Puerto Rico, que cobija a las empresas Trigo Corp., Bearco y Malgor, aseguran que la nueva imposición que podría incrementarse hasta 10 veces para ellos cuando su producto final exceda los 400 mil galones o más, no es equitativa con otras bebidas como los denominados cocteles.
El proyecto que aumenta la contribución por producto terminado a los elaboradores locales de vino y que fue aprobado en ambas cámaras legislativas, hasta ayer no había llegado a Fortaleza como había trascendido, confirmó la oficina de Comunicaciones de la Mansión Ejecutiva.
Según Roberto B. Suárez Seín, abogado y portavoz de la Asociación, las empresas locales que integran la entidad entienden que el producto Gasolina que elabora Panamerican Grain, del empresario José González Freyre, debe ser tratado igual a los vinos producidos en la Isla en términos de las responsabilidades contributivas. Estos plantean que la nueva medida por convertirse en ley beneficia a los cocteles y que si tuvieran que pagar como producto terminado debían pagar $30 millones más de lo que tienen ahora.
González Freyre dijo a EL VOCERO que se trata de una controversia que le es ajena porque él no elabora vinos. Respecto a su producto Gasolina, reiteró que paga el impuesto más alto en el licor que compra y destacó que el Código de Rentas Internas es claro al definir como producto terminado a los espíritus destilados, las cervezas y el vino.
González Freyre argumentó que la cifra de $60 millones que la Asociación alega tendría que pagar con la ley que pueda firmar el gobernador, “ahora es como si fuera un subsidio que reciben”, ya que los demás productores de bebidas o importadores pagan a ese nivel.
EL VOCERO solicitó a Hacienda conocer el estatus de la Determinación Administrativa 14-21 y si se ha aplicado para gestionar cobros de impuestos dejados de pagar. En declaraciones escritas solo se informó que “en el descargue de sus funciones, el Departamento de Hacienda aplica el Código de Rentas Internas y sus Reglamentos, incluyendo las Determinaciones Administrativas (D.A.) que estén vigentes, tal como es el caso de la D.A. 14-21”.
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