“Los tiempos de manejar los asuntos públicos desde cuartos oscuros tienen que quedar en el pasado”. Así expresa la Exposición de Motivos de la Ley 159-2013 firmada el 24 de diciembre de 2013 por el gobernador Alejandro García Padilla. Esta ley se aprobó para ordenar a todas las corporaciones e instrumentalidades públicas de Puerto Rico la transmisión por Internet de las reuniones de sus respectivas juntas y para que creen un archivo de las grabaciones de las mismas.

Posteriormente, en febrero de este año, la Ley 159-2013 se enmendó para aclarar su alcance. Estas enmiendas se convirtieron en la Ley 25-2014 con la firma del Gobernador y su Exposición de Motivos establece que con la legislación adoptada se dio inicio a “un nuevo estilo de gobernar, donde las decisiones deben ser de cara al Sol.”

A pesar de esta política pública, el presente gobierno sigue padeciendo de un alarmante problema de falta de transparencia, que continua afectando su credibilidad en y fuera de la Isla. Este daño auto infligido, ha sido provocado por la adopción repentina, atropellada, sin debate y mayormente en la oscuridad de la noche, de medidas para imponernos más impuestos, como la ‘crudita’ y la fallida patente estatal, para seguir tomando dinero prestado, trastocar el Sistema de Retiro de Maestros y recientemente la propuesta de cambiar el IVU por un IVA que nos costará más, sin permitir el acceso ciudadano a los estudios que el gobierno ha reconocido tener y dejado saber que sirven de base para realizar este cambio contributivo y que fueron preparadas por consultores externos pagos con nuestras contribuciones.

A esto se le suma la limitada información sobre el costo e implicaciones de las medidas que se toman en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para tratar de sacarla a flote, bajo una sindicatura que le cuesta al pueblo cerca de $10 millones. De hecho, la AEE tiene la responsabilidad de que el pueblo conozca los resultados de esta sindicatura, transmitiendo por Internet las reuniones de su Junta donde se le presenten detalles de los mismos y se divulguen las propuestas específicas de su síndico para ‘transformar’ la corporación pública, según dispone la Ley 159-2013 que también expresa que “el Pueblo tiene que ser testigo de las decisiones que se tomen en estos organismos”.

La falta de transparencia, apertura y de credibilidad de la presente administración le sigue costando a Puerto Rico. Esto en medio de la profunda crisis socioeconómica que enfrentamos, donde el gobierno mantienen a oscuras a nuestro pueblo, ocultando o dando por cuenta gotas información vital sobre el estado y rumbo de la Isla. Cabe señalar que la magnitud de este problema quedó retratada recientemente en un estudio publicado por el Open Government Partnership (OGP) que ubicó a Puerto Rico con un nivel de transparencia gubernamental inferior al de países como Afganistán, al obtener una puntuación de 2 puntos de un máximo de 12 en la escala establecida.

Y esto sucede a pesar de aquí en la Isla, como norma general, el derecho de los ciudadanos a obtener información en manos del gobierno es uno garantizado por nuestra Constitución, salvo limitadas excepciones para por ejemplo proteger la intimidad de personas o la seguridad, según ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La transparencia gubernamental es un pilar fundamental de un buen gobierno. Y para ayudar a paliar nuestra crisis, la presente administración tiene que tener la apertura y credibilidad necesaria, para poder inyectarle confianza, certeza, tranquilidad y optimismo a nuestro pueblo, para que esté debidamente informado y pueda participar y colaborar en los esfuerzos para la recuperación de Puerto Rico.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.