(CyberNews) – La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y su presidente, Rafael Lenín López, y el periódico digital Sin Comillas Inc. y su presidenta, Luisa García Pelatti, radicaron el jueves recursos legales en el Tribunal Superior de San Juan [ara exigir al secretario de Hacienda y al Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que divulguen información de interés público que se niegan a revelar.

Según indicaron, Lenín López y García Pellatti acudieron al Tribunal de San Juan y oficializaron sus respectivas demandas en la que solicitan la intervención urgente de la Corte y se obligue a Hacienda y a la OCIF a entregar documentos públicos.

García Pellatti solicitó acceso al informe rendido por la firma KPMG en torno a la anunciada Reforma Contributiva y López requirió toda la información generada en el proceso investigativo por parte de la OCIF a la institución financiera UBS y todos los documentos anejos que sustentan su contenido por entender, en ambos casos, que estos son de carácter público y de interés periodístico y noticioso.

Señalaron en declaraciones escritas que es de conocimiento general que el actual gobierno anunció una Reforma Contributiva que busca modificar el marco estatutario actual que rige sobre el sistema tributario del país. Hasta ahora, el gobierno se ha negado a ofrecer información sobre los cambios que conllevarán esta reforma que afectará a toda la ciudadanía.

El 20 de noviembre, García Pellati y el periódico digital Sin Comillas solicitaron copia del informe de la firma KPMG al secretario de Hacienda, solicitud que este rechazó.

Según el Mandamus radicado por los periodistas y la organización que los representa, “en patente desapego al ordenamiento constitucional democrático prevaleciente, aduce el Secretario de Hacienda como razón para negar acceso al documento público solicitado que se trata de un borrador o documento de trabajo, sobre el cual no se han tomado decisiones finales y que la agencia solicitó una opinión al Secretario de Justicia sobre el particular”.

Detallaron que en la segunda demanda se establece que “el 9 de octubre de 2014, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), circuló a los medios y al público en general, un Comunicado de Prensa, tanto español como en inglés, anunciando que OCIF había llegado a un acuerdo mediante el cual UBS Financial Services (UBS), se comprometía a pagar $3,500,000 y ofrecía restituir $1,681,742 a ciertos clientes, relacionados con transacciones en Fondos Mutuos Cerrados”.

Según la demanda “la emisión por parte de la OCIF de esos comunicados de prensa es el mejor y más claro indicio y reconocimiento de la naturaleza pública del asunto, objeto de la investigación de esa oficina”. Sin embargo, se han negado a divulgar documentos relacionados a esta transacción.

Los demandantes entienden que la posición asumida por estas agencias no sólo es una violación constitucional al libre acceso a la información pública sino también contraria a la orden ejecutiva promulgada por el Gobernador de Puerto Rico a fines de “promover un gobierno de transparencia basado en el acceso a la información y estadísticas públicas confiables”.

En ambos recursos legales la ASPPRO figura como peticionaria y se urge al Tribunal que ordene la divulgación de toda la información generada en los procesos señalados.